Deberán pagar una fianza de 60 millones cada uno
Por Raúl Kollmann
La Cámara Federal concedió la excarcelación de los dueños del grupo Indalo--Oil, Fabián De Sousa y Cristóbal López. Los empresarios llevan casi dos años presos producto de una inédita presión pública del propio presidente Mauricio Macri quien en marzo de 2018 se opuso a la excarcelación dispuesta por la Cámara, que en ese momento tenía otros integrantes. "No es lo acordado", dijo el mandatario, en una frase que deja en claro que presionaron a los magistrados. Poco después, ambos empresarios fueron encarcelados otra vez. En aquellos tiempos se hizo público también que funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) visitaron a uno de los camaristas. Este viernes, los nuevos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi admitieron que no existe riesgo de fuga por cuanto ambos empresarios estuvieron siempre a derecho y tampoco se puede suponer que van a obstruir la investigación ya que la causa de las fotocopias de los cuadernos fue elevada a juicio.
Tras cartón, el juez Claudio Bonadio les fijó una caución de 60 millones de pesos a cada uno, cifra que no se puede cubrir con los bienes de los empresarios porque ambos están embargados e inhibidos por el propio magistrado. López y De Sousa se verán este fin de semana con sus abogados, Carlos Beraldi y Fabián Lértora, y decidirán si presentan un seguro de caución, librado por una compañía de seguros, o si apelan la cifra ante la Cámara por considerarla injusta y parte de la persecución. También es posible que hagan ambas cosas.
El caso de los dueños de Indalo--Oil exhibió las presiones de la Casa Rosada, en primer lugar para que los empresarios vendan su petrolera, Oil, y también para que entreguen sus medios de comunicación, entre ellos el canal de cable líder, C5N, y una de las radios de mayor audiencia, Radio 10. La acusación contra De Sousa y López fue por defraudación contra el estado, un delito claramente excarcelable --dos a seis años de prisión-- y que de ninguna manera ameritaba la prisión. Pero a la imputación se agregó achacarles que intentaron vender a escondidas sus bienes, una hipótesis delirante porque nadie compra algo que está inhibido y cualquier venta requiere de la firma del juez, en este caso Julián Ercolini. Aún así, el magistrado manipuló la situación y se utilizó ese argumento para encarcelar a López y De Sousa aduciendo que perpetraron una operación de venta a espaldas de la justicia. Hace dos semanas, la jueza María Eugenia Capuchetti, nueva en Comodoro Py, sobreseyó a López y De Sousa respecto a esa supuesta maniobra, de manera que no quedó razón alguna para que los empresarios sigan en el penal de Ezeiza . Capuchetti dijo que no hubo venta alguna.
Los dueños de Indalo--Oil también figuran en la causa de las fotocopias de los cuadernos, pero no cumplieron con el requisito que se les exigió a todos los empresarios: "arrepentirse" e involucrar a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, el juez Bonadio les dictó en su momento la prisión preventiva. Esta última medida es la que ayer revocaron Bruglia y Bertuzzi. El expediente seguirá su curso y tal vez llegue a juicio en 2021.
Respecto de Indalo--Oil, una pericia demostró que estaban al día con los impuestos, cumpliendo con planes de pago que se otorgaron también a centenares de otras empresas. Tampoco la deuda era de 8.000 millones de pesos como se había dicho, sino de menos de la mitad, con planes de pago válidamente otorgados, y tampoco era cierto que no se hubiera pagado nada, sino que ya se llevaban abonados más de 7.175 millones de pesos, según la conclusión firmada por los peritos de la Corte Suprema.
Sólo la presión de la Casa Rosada explica la prisión de De Sousa y López . Y fue tan evidente que las jugadas del Ejecutivo quedaron evidenciadas en forma pública. Por ejemplo, se conoció una visita del titular de la AFI a uno de los camaristas de aquel momento y el propio Macri habló de "no es lo acordado", cuando se otorgó la excarcelación de 2018. Los dos camaristas, Jorge Ballestero y Carlos Farah fueron desplazados casi de inmediato, lo que exhibe los niveles de presión que había.
Un año y medio más tarde, la Cámara Federal dijo que no había razones para que los empresarios estuvieran presos y le ordenó al juez que fijara una caución teniendo en cuenta que los bienes de los empresarios están inhibidos. Sin embargo, el magistrado la fijó en 60 millones de pesos a cada uno. Los defensores de De Sousa y López, Carlos Beraldi y Fabián Lértora, se reunirán este sábado con los detenidos en el penal de Ezeiza. Se baraja conseguir un seguro de caución, es decir una póliza emitida por una compañía de seguros, mediante la cual esa empresa se compromete a pagar 60 millones de pesos si los empresarios se fugan. La otra alternativa es la apelación de la caución, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara ya dijo que la caución no puede ser un obstáculo para la libertad. Más todavía, teniendo en cuenta que los bienes de los empresarios ya están de alguna manera caucionados por la inhibición y el embargo. Finalmente, está la posibilidad de que se hagan las dos cosas: presentar la póliza y apelar.
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