La corrupción macrista, sistemáticamente blindada por los medios hegemónicos y sospechosamente desconocida por la justicia, se configura como el blanco de los tribunales de Comodoro Py con el cambio de aire político. Es la imagen que empezaremos a ver a partir de este último trimestre luego que Cambiemos quede definitivamente derrotado el próximo 27 de octubre.
Según publica hoy el portal El Destape, el exministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente.
así lo decidió el juez Luis Rodríguez, titular del juzgado federal número 9, con asiento en los tribunales federales de Comodoro Py, tras considera que el exfuncionario y la actual titular de la OA, incurrieron en delitos penales.
A Aranguren se le imputa “negociaciones incompatibles con la función pública” porque asumió en la cartera energética siendo accionista de Shell, petrolera a la que debía controlar cuando estaba en el Estado y, por el contrario, habría beneficiado con distintas medidas. Recién vendió los papeles en su poder 9 meses después de llegar al cargo y tras mucha resistencia. Laura Alonso está acusada de encubrir al exministro.
La denuncia que dio origen a este expediente la realizaron en 2016 los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes apuntaron entonces contra Aranguren porque siendo ministro era accionista del Grupo Royal Dutch Shell Plc. De esta forma habría incurrido en una “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés” en tanto la multinacional participa activamente del mercado energético que debía regular el entones funcionario.
Según fuentes judiciales, existen hechos concretos “que permitirían afirmar que el exministro habría provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado”. Aranguren es patrocinado por Alejandro Pérez Chada, abogado y amigo del presidente Mauricio Macri. Y del Grupo Clarín.
La Justicia también apunta contra Laura Alonso porque como titular de la OA se estima que encubrió la conducta de Aranguren “cuando se encontraba obligada a investigarlo (y, en su caso, sancionarlo o removerlo)”, tal como se desprende de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
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