24 agosto, 2019
El procurador general de Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, hombre del Opus Dei, anticipó ayer que sea cual sea el resultado de las elecciones generales en octubre no piensa dejar su cargo al que llegó de la mano de María Eugenia Vidal.
“Siempre he cumplido con las normas: la norma dice que es vitalicio, yo voy a seguir trabajando”, dijo al sitio Primer Plano Online. “Ya lo decidieron los constituyentes en el ’94, que dispusieron que el cargo de procurador es vitalicio”, agregó e insistió: “Yo cumplo con las normas. Y, en este caso, también voy a cumplir como le he hecho siempre en mi vida, tanto en el ejercicio profesional como en cualquier función pública que he desempeñado en distintos ámbitos”, insistió.
El resultado de las PASO, en las que Vidal quedó 19 puntos abajo de su rival del Frente de Todos, Axel Kicillof, hizo cambiar de opinión rápidamente a Conte Grand. En marzo de este año, opinaba radicalmente distinto: creía que el cargo debía durar lo mismo que el mandato del Ejecutivo, es decir cuatro años, pese a que -como ya se dijo- es vitalicio de acuerdo a la Constitución. “Creo que el Procurador tiene que ser un cargo que tenga la misma duración del mandato del poder político, con la posibilidad de renovar sin necesidad de ir a la validación por el órgano legislativo (Senado) y con una convalidación del nuevo Ejecutivo”, señaló a La Tecla.
También aseguró que debía haber “coincidencia institucional” y no política, luego de asegurar que él no había militado nunca en Cambiemos. “El nuevo signo político lo que tiene que necesitar es un Procurador que coincida institucionalmente con él, no que coincida políticamente”, dijo y argumentó que ese era el motivo por el que Vidal le había pedido a la procuradora María del Carmen Falbo que diera un paso al costado.
Conte Grand asumió al frente de la Procuración el 28 de diciembre de 2016, después de que María del Carmen Falbo renunciara para acogerse a la jubilación. Fue la conclusión de un largo proceso de desgaste y presiones del gobierno de Vidal hacia Falbo para que dejara ese cargo clave en el que recalaría el entonces secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Pese a no cumplir con el requisito de dos años de residencia en la provincia fijado por la Constitución -ya que vive en CABA-, Conte Grand igual pasó el filtro del Senado y ocupó el cargo sin problemas.
El jefe de los fiscales y defensores oficiales de la provincia mostró desde el inicio de su gestión que estaba dispuesto a todo por defender al gobierno, pese a su presunta imparcialidad, y fue muy cuestionado por sus opiniones y sus actuaciones. El caso más resonante y que puso en evidencia cómo opera fue el del juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien en octubre de 2018 se negó a detener al líder camionero Pablo Moyano en una causa por irregularidades en el Club Independiente que le interesaba especialmente al presidente Mauricio Macri. Tras ese gesto de “desobediencia”, Carzoglio denunció que desde la Procuración bonaerense habían filtrado información persona suya a Clarín y La Nación.”No me van a correr con carpetazos”, advirtió.
A partir de ese momento, se convirtió en el enemigo número 1 de Conte Grand que no dudó y pidió iniciarle un juicio político por mal desempeño de sus funciones en otras causas como dictar órdenes de allanamiento sin fecha -lo que derivó en la nulidad de una causa contra “El Rey del corte” que administraba desarmaderos ilegales- ú otorgar beneficios procesales a presos que correspondían a expedientes tramitados por otros jueces, que en algunas ocasiones acabaron con la fuga de los detenidos. La Secretaría de Enjuiciamiento lo suspendió en sus funciones en diciembre y ahora espera a que llegue el juicio.
En solidaridad, Víctor Violini, juez de Casación y presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia, salió en defensa de Carzoglio y confirmó que existe presiones del procurador. “Las presiones al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, encarnado en la persona de Conte Grand, existen y son intolerables”, dijo.
También se ocupó de cuidar la gestión vidalista y su pregonada “lucha contra las mafias”. En este sentido, y para ocultar un caso de corrupción evidente en la Dirección General de Cultura y Educación, ordenó cajonear una causa contra el director provincial de infraestructura, Mateo Nicholson, quien reconocía en un audio que se filtró que tenía que inflar los números de las cocinas para las escuelas. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo resolvió archivar el caso por considerar que no había causas. La oposición, de inmediato lo señaló a Conte Grand.
El último caso en el que se lo vio muy activo fue el del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, luego de que éste denunciara en una jornada de jueces que el sistema de aprietes y corrupción que existe en los tribunales federales de Comodoro Py estaban trasladándose a la justicia bonaerense. El magistrado habló de “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable”. Esas declaraciones generaron el rechazo inmediato de la gobernadora y también del gabinete nacional. Fue por ello que Conte Grand resolvió iniciar la investigación correspondiente.
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https://info135.com.ar/2019/08/24/vidal-le-ordeno-a-conte-grand-que-no-renuncie-para-proteger-a-su-gobierno-de-futuras-denuncias-de-corrupcion/
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