La acordada de la Corte Suprema sobre la difusión de pinchaduras telefónicas
La resolución de los supremos estableció criterios para la realización de las escuchas telefónicas e incluso puso límites pero no tendrá efecto en las causas que se armaron a través de la difusión de conversaciones como la de ex funcionarios presos con sus abogados.
Por Irina Hauser
La acordada de la Corte Suprema que estableció criterios para las escuchas telefónicas y fijó límites, como prohibir las excursiones de pesca (pinchaduras genéricas para ver si se detecta algún supuesto delito) y el uso de diálogos de imputados con sus abogados/as, no tendrá grandes consecuencias --al menos en lo inmediato-- sobre las causas judiciales montadas sobre conversaciones privadas de ex funcionarios que fueron difundidas en los últimos meses, a pesar de que fueron el puntapié para la declaración firmada por los cinco supremos, que podría tener efectos en el largo plazo y para futuras situaciones. Hay al menos tres expedientes en Comodoro Py donde sus denunciantes piden investigar supuestos delitos en función de las conversaciones de personas privadas de su libertad en el penal de Ezeiza que fueron escuchadas con la excusa de una causa sobre narcotráfico Mario Segovia. Dos de esos casos están fogoneados por el fiscal Carlos Stornelli, que busca frenar la causa sobre espionaje ilegal que tramita en Dolores con el argumento de que hubo una conspiración en su contra. La Procuración General de la Nación, que en teoría investiga a Stornelli en un sumario y un expediente administrativo, también se interesó en esas causas en trámite, aunque no es clara la razón, a punto tal que la semana pasada recibió como testigos a Elisa Carrió y Leonardo Fariña, impulsores de denuncias inspiradas en las escuchas en cuestión. Aparte, hay dos investigaciones sobre las filtraciones en sí misma y la eventual violación de derechos que se encuentran en punto muerto.
Escuchas a CFK y Parrilli
La experiencia "madre" con filtraciones en los últimos años es la que tuvo como blanco a Cristina Fernández de Kirchner a través del teléfono de Oscar Parrilli, y que incluía entre los diálogos la frase célebre "soy yo, Cristina, pelotudo". El ex funcionario tuvo intervenido el celular desde comienzos de 2016 por dos vías: primero a través de una "precausa", que es un artilugio legal por el cual la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sale a hacer lo que la Corte dice que no se debe: una excursión de pesca, aunque debe pedirle la orden de interceptación a un juez. Apenas desembarcó el gobierno de Cambiemos, el titular de la AFI Gustavo Arribas quiso investigar si su antecesor, Parrilli, se había llevado documentación. La jueza María Servini de Cubría pinchó los teléfonos. Como no se encontró nada, cerró la precausa y, aseguró,que mandó a destruir las escuchas, a pesar de lo cual algo se filtró. Luego la escucha a Parrilli continuó en el contexto de una causa a cargo del juez Ariel Lijo, que pretendía determinar si había dado protección al narco Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo. Lo llamativo es que lo empezaron a escuchar cuando ya estaba detenido, y se hizo con una escucha directa a cargo también de la AFI, en dependencias de la oficina de escucha de la Corte, que es la única que puede ejecutarlas.
La ex presidenta y su ex secretario fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuán, que intervenía en la causa sobre Pérez Corradi, que pidió establecer si habían armado carpetazos contra jueces y fiscales. El espíritu de esta causa guardaba similitudes con la denuncia de este año contra los ex funcionarios presos, pero ese caso duró un suspiro y fue archivado por inexistencia de delito. La pesquisa sobre las filtraciones y la violación a la privacidad estuvo a cargo del fiscal Federico Delgado y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Avanzó hasta que la fiscalía pidió analizar el llamado "código hash" de las escuchas, que es una suerte de firma digital o sello de agua que permitiría rastrear qué actores judiciales tuvieron las escuchas en su poder. En ese caso podía trazar una hipótesis sobre quién le habría dado las escuchas al periodista Luis Majul, que las exhibió. Ahí el juez se plantó y cerró la causa. Sólo se podría desarchivar si aparecen nuevos datos. Ni siquiera la acordada de la Corte permitiría reflotarla.
Las escuchas de la ex presidenta y Parrilli se reprodujeron en medios de comunicación a lo largo de varios meses. En ese entonces los supremos y la dependencia de la Corte que hace las escuchas, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), aseguraron que ellos no tenían nada que ver, pero no adoptaron medidas. La acordada de esta semana es la primera manifestación importante sobre el tema, que recopila legislación ya vigente, pero funciona como una advertencia de ahora en más. Antes, una nota de los directores del organismo, los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, apuntaba contra la AFI y los jueces. La Corte respaldó a la oficina de escuchas y apuntó a los mismos lugares. Incluso sugirió a los juzgados que no pidan a la AFI como auxiliar.
Carrió, Stornelli y los presos
En febrero último, las dirigentes de la Coalición Cívica (CC) Mariana Zuvic y Paula Oliveto, a quienes se sumó con posterioridad su líder Elisa Carrió, dijeron que habían recibido en forma anónima una serie de transcripciones de escuchas telefónicas donde se advertía que hablaban ex funcionarios presos, como Juan Pablo Schiavi --con Eduardo Valdés-- y Roberto Baratta --con Carlos Zelkovicz--. Fue justo cuando crecía la investigación sobre espionaje ilegal a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, y se entreveía que comprometía no solo al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, sino a fiscales (entre ellos Stornelli), jueces, funcionarios de distintos ámbitos y legisladores/as. De las conversaciones privadas, ventiladas por medios de comunicación, y en forma más reciente sus audios en televisión, se podía inferir que los detenidos y sus interlocutores tenían algún conocimiento de la extorsión denunciada por el empresario Pedro Etchebest que inició la causa radicada en Dolores. Las mujeres de la CC plantearon la insólita teoría de que desde la cárcel se había tejido un complot para perjudicar a Stornelli y la causa de las fotocopias de los cuadernos, pese a que con el tiempo quedó claro que las imputaciones contra el fiscal en la causa de espionaje abarcaban todo tipo de hechos, incluso de su vida privada, como la sospecha de que mandó a investigar al ex marido de su actual esposa, Florencia Antonini Modet.
La denuncia, aunque es difícil establecer cuál sería el delito, quedó a cargo de Claudio Bonadio. Apunta a los presos, a sus interlocutores y al propio Ramos Padilla. En un comienzo le dio impulso el fiscal Gerardo Pollicita. Después decidió excusarse porque Carrió también denunció en la misma causa al diputado Rodolfo Tailhade con quien supuestamente Pollicita tiene enemistad. El expediente fue engordando con más presentaciones, una de ellas contra Etchebest por supuesto lavado, otras fueron pedidos de indagatoria de Stornelli contra los detenidos, Valdés y Zelkovicz, y hubo una presentación adicional del arrepentido estrella Leonardo Fariña contra sus ex abogados, algunos de los cuales en la causa de Ramos Padilla dijeron que años atrás ofreció una declaración guionada por la AFI sobre delitos en la obra pública que salpicaran a Cristina Fernández de Kirchner. La fiscal actual es Alejandra Mángano, quien retomó el trabajo de Pollicita y pidió más medidas. El juez pidió las escuchas a su par de Lomas de Zamora, Federico Villena que las había ordenado en la causa contra Segovia. Villena suponía que en Ezeiza había un nexo con el narco conocido como "el rey de la efedrina". En 2017 mandó a escuchar el pabellón A del módulo 6 y desde septiembre de 2018 extendió la pinchadura al pabellón D, donde están detenidos varios ex funcionarios kirchneristas, además del empresario Lázaro Báez. Villena dijo que había destruido los CD's y autorizó a que DAJuDeCo entregara un respaldo que se suele guardar por diez años. Desde entonces se multiplicaron las filtraciones y también los rumores de que habría detenidos en este expediente, que se presenta como una clara contraofensiva contra el que tramita en Dolores.
Hasta ahora, de todos modos, el juzgado avanzó con pocas medidas pedidas por la fiscalía, según fuentes judiciales. Informó que estaban depurando dos años de escuchas telefónicas a ver qué hay y siguiendo algo que planteó Mángano que era la exclusión de las conversaciones privadas y con abogados, que es una de las limitaciones claves indicadas por la Corte Suprema, después de que patalearan el Colegio de Abogados porteño, la Federación de Colegios de Abogados e Iniciativa Justicia, ante filtraciones en medios. El juez fue recusado y rechazó el planteo. Es decir, la causa por el momento avanza sobre el análisis de conversaciones que nunca debieron haberse revelado porque el objeto de la causa eran las operaciones del narco Segovia. Es más, hay quienes cuestionan que se haya escuchado a todo el penal, porque pareciera una excursión de pesca. Ni siquiera es que el juez de Lomas de Zamora denunció el hallazgo de un posible delito. No, fue un supuesto anónimo recibido por el equipo de Carrió. La paradoja es que el mismo juzgado que investiga esas escuchas también está a cargo de investigar las filtraciones. Pero según pudo saber Página/12, esa investigación no se movió prácticamente nada. La denuncia la hizo Schiavi, a la vez investigado. No es el único planteo sobre las escuchas y las filtraciones: otro lo hizo el abogado Humberto Próspero en Lomas de Zamora. Villena lo mandó a comodoro Py. Pollicita se lo devolvió, y aún hay una pelea irresuelta, por ende nadie investiga la legalidad de las escuchas y cómo se hicieron públicas.
Para hacer todo más complejo, otro juez de Comodoro Py, Luis Rodríguez, tiene una denuncia similar, presentada por Stornelli quien alegó recibir una nota en su fiscalía de una trabajadora que supuestamente lo estima y le avisaba que se estaba tejiendo un complot en el penal de Ezeiza. En rigor, esta presentación fue la primera de todas. El fiscal es Jorge Di Lello, que aún ni siquiera pudo corroborar la existencia de las escuchas porque nadie se las da. DAJuDeCo y AFI le dijeron que las tiene Bonadío. Villena le dijo que las destruyó. Hasta ahora tomó testimonio a Zuvic, Oliveto y un funcionario de la AFI y ahora Rodríguez tiene que analizar un pedido de Etchebest para que todo lo relacionado con estas escuchas quede concentrado en su juzgado.
Un dato que agrega complejidad a la cuestión es que en la causa de Dolores, hay entre las pruebas una serie de audios de whatsapp que manda D'Alessio a un teléfono adjudicado a Oliveto, a quien se refiere como "Pau", de donde se podría inferir que es él quien le da las escuchas en cuestión, con posterioridad al primer allanamiento en la casa del falso abogado, que sigue preso. "Hice lo que te dije que iba a hacer. Me traje una hora y media de toda la información. Sé cómo se planificó la cama. Me falta un audio más (…) Ya se lo estoy mandando a una persona de confianza a desgrabar y a tres personas más por cualquier cosa (…) Vale la pena como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos o lo que sea", es parte de lo que está en los audios que envía D'Alessio, que le aclara que son 164 megas de información. Acá habría una pista clave y es claro que en la causa a cargo de Ramos Padilla se investiga también el vínculo de D'Alessio con la AFI. Pero en los otros expedientes donde se debe investigar las filtraciones de escuchas nadie avanza sobre esta pista clave.
A este conjunto de causas habría que agregar las actuaciones que tramitan en la Procuración. Se supone que allí es investigado el fiscal Stornelli: por un lado, en un sumario por haber faltado cinco veces a la indagatoria a la que lo convocó Ramos Padilla; por otro, un expediente administrativo sobre su actuación propiamente dicha. Este último está directamente a cargo del procurador interino Carlos Casal, que tuvo que ir a dar explicaciones al Congreso sobre por qué no hubo medidas rápidas sobre Stornelli, y se defendió explicando la reglamentación interna. En este expediente se pidieron copia de la causa de Dolores y todas las relacionadas con ella, incluso las que invocan las escuchas en la cárcel. Como han conseguido acceso parcial a esas actuaciones, la semana pasada desfilaron por la Procuración para declarar Carrió, acérrima defensora de Stornelli, y Fariña, que patea para el mismo lado. También declararon ya empleados de la fiscalía. Es un misterio hacia dónde va esa investigación.
El caso Báez
Así, nadie parece por ahora con la intención de archivar las causas basadas en las escuchas de Ezeiza. Mantener causas latentes es siempre un instrumento de poder que usan los jueces para ejercer presión hacia distintos sectores. Tampoco parecen avanzar los casos que deberían analizar la legalidad de las pinchaduras y cómo llegaron diálogos especialmente elegidos a los medios, con una evidente intencionalidad política funcional a los intereses del Gobierno, que hasta ha intentado promover el juicio político de Ramos Padilla. A lo sumo los criterios de la Corte servirán para recortar apenas el material que hoy concentra un solo juzgado.
El papel del Gobierno quedó claro también en el caso que implica al empresario Báez. En una de las escuchas difundidas, inicialmente por TN, el detenido hablaba de manera cariñosa con una mujer y le decía que todo lo que tuvo era de "una sola persona que está arriba". La Unidad de Información Financiera (UIF) se tiró de cabeza en el juzgado de Sebastián Casanello, donde tramita lo que queda de una causa de lavado de dinero contra Báez, cuyo tronco ya está en juicio oral, y le pidió la indagatoria de Cristina Fernández de Kircher, dando por buena le escucha e infiriendo que habla de plata de la familia. El fiscal Guillermo Marijuán no logró que le dieran las escuchas. El juez le pidió al juez de Lomas información para entender si se había escuchado a Báez y en qué contexto fue. El juzgado de Lomas, ahora subrogado por Juan Pablo Auge, le dijo que no habían tenido acceso al material filtrado, que el trabajo lo había hecho "contrainteligencia" de AFI y que no lo pueden ayudar demasiado. El abogado de Báez, Víctor Hortel, hizo una presentación en la Corte, que no tuvo el menor eco. Con carácter más general presentó un per saltum la Asociación Civil Nace Un Derecho que frene la difusión de escuchas en los medios y para aplicar los criterios de la reciente acordada a las causas en trámite que las incluyen.
Nadie se juega hasta el momento en definir la legalidad de las escuchas, o se las toma directamente por buenas, y se mantienen vivas causas que tienen como telón de fondo un interés político evidente. La Corte suprema dio un paso, que quizá haga pensar a los jueces y juezas dos veces antes de pedir una escucha --que, como dijeron los supremos, debería ser una medida restrictiva y excepcional-- y pedir colaboración a fuerzas auxiliares. También puso freno a algo menos perceptible que fue un intento de instalar oficinas de escuchas como la DAJuDeCo en las provincias. Pero le queda pendiente revisar la estructura de esa dependencia, hoy dirigida por el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun, y la dependencia tecnológica que la hace dependiente de la misma AFI a la que critica.
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