La funcionaria se niega a entregar al organismo información sobre las causas en las que es querellante. Le dieron 10 días para que acceda o se judicializará la situación
30/04/2019
Un grave enfrentamiento se desató entre la Oficina Anticorrupción (OA), que preside Laura Alonso y la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que Alonso se negara a entregarle información a ese organismo. El conflicto llevó a los auditores a intimar a Alonso y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia.
«De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo de diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales», fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y con la firma del presidente de la AGN, Oscar Lamberto (PJ), la nota fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.
Alonso, la polémica funcionaria del macrismo, sostiene que no está autorizada a entregar información sobre las denuncias presentadas por el organismo que dirige ni el estado en que se encuentran en los tribunales, a menos que se lo pida una orden judicial.
Obviamente, el trasfondo del conflicto está basado en las insólitas declaraciones que hizo en un canal de televisión, en las que aseguró que su oficina no se presenta como querellante en las causas que involucran a funcionarios de gobierno «para no ser parcial», argumento que no se sostiene a si mismo.
Es que, precisamente, la Oficina Anticorrupción fue creada para seguir de cerca las actividades de los funcionarios de gobierno y denunciarlos en aquellos casos en los que violen reglamentos o leyes relacionados con los cargos que ocupan, incluido el propio presidente de la nación.
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