21 de abril de 2019
Parece ser que Leonardo Fariña no es un
"testigo protegido". Todo indica que es un acusado de fraudes
fiscales que, con el fin de garantizar su libertad, se comprometió a recitar
ante la prensa un libreto urdido por servicios de inteligencia del Estado. Ese
libreto lo hizo cómplice y testaferro de Lázaro Báez sin serlo. Además, lo
llevó a involucrar en todas sus presuntas trapisondas a la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy sabemos todo esto porque en el tribunal
federal de Dolores se presentaron testigos calificados que así lo contaron y
aportaron pruebas increíbles. Así supimos que el ministro de Justicia recibió
en su despacho al "testigo protegido" al que le garantizó una casa
particularmente cómoda; que el Ministerio de Seguridad le aseguró
"sustento" a través de suculentos pagos y que la Agencia Federal de
Inteligencia puso en texto cómo debía ser el "arrepentimiento" del
testigo. En síntesis, a Fariña le ofrecieron libertad a cambio de repetir como
cierta una historia cuidadosamente novelada.
Parece ser que Federico Elaskar, el que
presuntamente lavaba dinero de Báez junto a Fariña, nunca lo hizo. Es más,
parece ser que jamás conoció a Báez. Según ha contado en los tribunales orales
que lo juzgan, parece ser que fue parte de una maniobra ideada por un
sindicalista de dudosa reputación que lo indujo con mentiras a afirmar la
existencia de aquel vínculo. Justo es decir que antes que Elaskar lo dijera, el
mismo sindicalista contó la historia en televisión, mientras celebraba su
impudicia brindando en honor a "la doctora", al amparo de las risas
de un grupo de periodistas que de ese modo festejaban sus palabras.
Parece ser que un supuesto abogado, experto en
seguridad y agente de la DEA
fue detenido y en su casa encontraron documentación que daba cuenta de cómo, en
acuerdo con fiscales y periodistas, se montaban escenarios donde algunos se
"arrepentían" de sus delitos para preservar su libertad y otros eran
extorsionados para no quedar atrapados en la denominada "causa de los
cuadernos". Parece ser que también la documentación dejó en evidencia cómo
se hacía inteligencia interna respecto de periodistas, empresarios y dirigentes
opositores con la participación de miembros de las estructuras de la
inteligencia oficial.
Parece ser que hubo un fiscal federal que
participó, entre otras cosas, en la construcción del "festival de
arrepentidos" con la ayuda de ese supuesto agente de la DEA y también de periodistas,
"diputadas impolutas" y medios de comunicación. Parece ser que
también, aprovechando los servicios de ese amigo espía, quiso saber detalles de
la vida privada de quien fuera pareja de su actual mujer. Lo cierto es que,
cuando fue convocado judicialmente a dar explicaciones y defenderse, prefirió
callarse, ampararse en sus fueros y quedar en rebeldía.
Parece ser que, a diferencia de ese fiscal
federal, hay otro fiscal que dice estar "arrepentido" de todas sus
fechorías y, aunque reclama ser tratado como tal, parece ser que el fiscal
federal de Dolores se niega a aceptarlo por temor a que sus confesiones
terminen generando un escándalo de proporciones. En consecuencia, parece ser
que hay un fiscal "arrepentido" al que otro fiscal no deja
arrepentirse para poder facilitar su propósito de encubrir a presuntos
delincuentes. A esta altura, los dos deberían estar arrepentidos de lo que han
hecho.
Parece ser que hay un "defensor
oficial" que entrega como culpables a quienes caen en sus manos en busca
de una defensa. Y parece ser que su acción defensiva se ha convertido en un
brazo operativo del fiscal que acusa.
Parece ser que en Argentina un empresario lleva
meses detenido porque un "arrepentido" ha dicho que recibió de él, en
un lugar público, la suma de nueve millones de dólares. Y parece ser que ese
"arrepentido" que lo imputa no tiene la menor idea de en qué concepto
ni por qué recibió semejante suma.
Parece ser que otros empresarios están presos
con el solo propósito de que no vendan los bienes que la misma Justicia les ha
embargado. Parece ser que, existiendo medidas cautelares que impiden la libre
disposición del patrimonio, en Argentina eso se logra deteniendo personas.
Parece ser que hay hombres detenidos sin
condena porque preservan "un poder residual" que les permite influir
sobre otros. Pero parece ser claro que su influencia no ha servido para evitar
el encarcelamiento arbitrario que soportan.
Parece ser que para la Justicia argentina
Cristina Fernández de Kirchner debía saber sobre todo lo que ocurría en el
Estado nacional mientras fue presidenta y por eso le cargan responsabilidad
sobre las decisiones tomadas por el Banco Central en materia de dólar futuro,
el memorándum firmado con Irán a instancias de la Cancillería y que
fuera avalado por el Congreso Nacional o las licitaciones de obra pública,
aprobadas en el presupuesto nacional y ejecutadas entre las provincias y
Vialidad Nacional.
Pero parece ser que, al mismo tiempo, la Justicia no puede
atribuirle responsabilidad a Paolo Rocca por las cosas ocurridas en Techint,
pues entiende imposible que el máximo responsable del holding pudiera saber las
cosas que hacían sus colaboradores. En conclusión, parece ser que un Presidente
de la Nación
debe saber todo cuanto ocurre en el Estado, pero el presidente de un grupo empresario
puede desconocer cómo sus gerentes llevan adelante negocios que realizan con el
dinero que le administran.
Parece ser que la directora de la Oficina Anticorrupción
no querella a los funcionarios del actual Gobierno involucrados en presuntos
hechos de corrupción porque no cuenta con recursos. Pero parece ser que sí
tiene recursos para querellar (muchas veces disparatadamente) a los que fueron
funcionarios del anterior Gobierno.
Todo esto que "parece ser" ocurre
realmente en la Argentina
del presente. Tenemos jueces que responden a la presión oficial o mediática y
se olvidan de su deber de impartir Justicia. Tenemos "grandes
periodistas" enredados en vergonzosas operaciones extorsivas, políticas y
judiciales que se olvidan de su deber de informar imparcialmente. Tenemos
fiscales en rebeldía, fiscales encubridores y fiscales arrepentidos de sus
delitos que se olvidan que su deber es defender a la sociedad. Tenemos un
defensor oficial que actúa como un fiscal a partir de sus simpatías políticas
que se olvida del deber que tiene de garantizar la defensa en juicio a quien se
lo reclama. Tenemos investigadores que solo se preocupan de investigar la
corrupción del opositor y olvidan que su deber es combatir la corrupción de
todos. Tenemos jueces que exculpan empresarios con los mismos argumentos con
los que condenan políticos porque no actúan como jueces sino como gendarmes del
poder económico.
Vivimos en un país con más de un estándar de
moralidad pública y parece no haber disposición a reaccionar ante semejante
indecencia. Uno escribe estas cosas agobiado por el desencanto.
Indefectiblemente uno se pregunta en qué momento la Argentina recuperará el
sentido crítico y entenderá cuánto retrocedemos cuando estas prácticas se
vuelven constantes.
En un Estado de derecho las garantías existen
para que el poder no se vuelva abusivo respecto de los ciudadanos. Cuando el
poder se extralimita, uno espera que sean los fiscales y los jueces quienes
impongan justicia y permitan recuperar la paz social que se altera con ese
abuso. Pero si los fiscales y los jueces se complotan con el poder político,
empresario o mediático, entonces crecen las posibilidades de que el Estado de
derecho se enferme y así contamine irremediablemente la paz social.
No es justo decir que semejante infamia afecte
a todos los fiscales y jueces por igual. Pero es necesario advertir que hemos
llegado a un estado de degradación de tal magnitud que es necesario empezar a
pensar como corregirlo. Debemos hacerlo porque este sistema no se corresponde con
el de una república. Tiene más que ver con aquella Justicia de la dictadura que
perseguía y encarcelaba opositores o atribulaba a empresarios con detenciones y
procesos con el único propósito de que los amigos del poder rapiñen sus bienes.
Y los argentinos no nos merecemos nada de esto.
Nadie quiere prohijar la corrupción ni favorecer la impunidad de un culpable.
Solo se busca la preservación de la ley antes que la de cualquier otro interés.
Ese es el desafío que debemos asumir para no
vivir en una jungla donde solo disfrutan los poderosos y sus amigos. Porque en
una jungla de ese tipo la libertad y las garantías individuales son devoradas.
Y ya sabemos cuál es el costo de tolerar al ogro que las devora.
El autor fue jefe de Gabinete de la Nación (2003-2008).
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