Imagen: Bernardino Avila
Carlos Melconian pregona que el boleto de colectivo debe valer un dólar para poder bajar el nivel de los subsidios y achicar el gasto público. A la cotización actual, el pasaje costaría unos 38 pesos. “La verdad es que el transporte en América latina vale aproximadamente un dólar y lo pagan los que suben al colectivo. Puede haber algún subsidio, pero no encontré países en la región con niveles equivalentes a los que se aplican en Argentina. Entonces existe una anormalidad que es el tamaño del subsidio al boleto de colectivo”, sostiene el ex presidente del Banco Nación y economista de consulta de Mauricio Macri en sus conferencias ante empresarios. “Hay que ajustar el gasto público en serio. No se puede seguir dando vueltas con esto. Cuánto da el gasto público, el 46 por ciento del PIB, entonces yo lo quiero bajar al 30 por ciento, tomando Nación, provincias y municipios”, dijo esta semana en la misma línea el consultor Orlando Ferreres en Ambito Financiero. “Hay varias alternativas, pero si no se baja eso, no hay chances. Vamos a cosas concretas: hay 1,5 millón de pensionados por invalidez, hay que revisarlos. Los jubilados que nunca aportaron y cobran como todos no ahorraron nada y cobran como los que sí ahorraron, hay que hacer alguna diferencia. Con relación al empleo público, cada provincia tiene que ajustar el número de gente, porque no lo bajaron, solo no ajustaron los sueldos”, propuso el economista para disminuir las erogaciones del Estado. Melconian y Ferreres son figuras de proyección permanente en los medios de comunicación y desde allí militan en la construcción de sentido común tanto para la dirigencia nacional como para los ciudadanos de a pie.
Otro referente del discurso económico dominante es Juan Carlos De Pablo. “Seguimos teniendo más de dos millones de empleados públicos nombrados por el gobierno anterior que se matan de risa de los que dicen que hay que hacer ajuste fiscal. Tenemos tres millones de jubilados que no aportaron. Hay un conjunto de personas que cobran por nada, están becados. Los aumentos de los jubilados deberían ser para los que aportaron. Hay un millón de jubilados inválidos. Son groserías”, apuntó el economista que se referencia en Domingo Cavallo. Desde un espacio con menos influencia mediática pero mayor peso político, el responsable de programas para Desarrollo Humano del Banco Mundial, Rafael Rofman, sugirió la semana pasada que hay que revisar las pensiones por viudez. “Las pensiones por fallecimiento fueron pensadas en un modelo donde un cónyuge trabajaba y el otro era dependiente. Pero si ambos tienen su jubilación, como es el caso hoy en Argentina, habría que repensar el rol de la pensión”. El FMI, a su vez, planteó en su último documento que el país debe encarar una reforma previsional que disminuya el haber de los futuros jubilados.
Las propuestas de economistas y organismos que son catalogados como “racionales”, lo mismo que el peronismo “racional”, en oposición a la anormalidad heterodoxa, son en resumen las siguientes: apurar la quita de subsidios al transporte, recortar el gasto público en 16 puntos del PIB, anular pensiones por discapacidad, aumentar menos que el resto las jubilaciones obtenidas por moratoria, producir despidos masivos de empleados públicos nacionales y provinciales, eliminar becas, gastar menos en pensiones por viudez y pagarles menos a futuros jubilados. Esas son algunas de sus ideas frente a una crisis económica de proporciones, con el PIB cayendo a la mayor velocidad desde la explosión de 2002, los ingresos de trabajadores y jubilados sufriendo la pérdida de unos 20 puntos en relación a la inflación, con 172 mil puestos de trabajo destruidos en el último año, el consumo de bienes durables con bajas del 50 por ciento, el consumo masivo con tres años consecutivos en picada y la proyección de otra caída para este año según el propio FMI. Contrastar aquellas medidas que reclaman los racionales del modelo con la realidad económica y social que atraviesa la Argentina expone con claridad que su meta no es empezar a reparar los daños que ha ocasionado el plan del Gobierno al que apoyan al cabo de tres años de ejecución. Los padecimientos mayúsculos de millones de personas no figuran en su radar. Son descartados como meras externalidades, que en rigor habría que profundizar para seducir al capital privado y lograr el objetivo máximo: la lluvia de inversiones.
Ferreres lo razonó sin vueltas: “Si no bajo los gastos no puedo bajar los impuestos, y si no los bajo, no puedo tener inversiones, y si no tengo inversiones, tengo pobreza del 32 por ciento ¿Qué prefiero?” Ferreres fue viceministro de Economía al inicio del gobierno de Carlos Menem. Melconian fue funcionario de Macri y estaba in pectore para ser ministro de Economía del propio Menem en 2003. El FMI y el Banco Mundial le dictaron el programa económico al mismo Menem, a Fernando De la Rúa y ahora a Macri. El patrón que guía a todos ellos y que marcó las etapas en las que fueron protagonistas durante las últimas tres décadas es la teoría del derrame o, en términos económicos, los estímulos por el lado de la oferta. Como expuso Ferreres, el incentivo para que un empresario invierta debe ser la baja de impuestos. La pérdida de ingresos fiscales que entraña esa medida, en consecuencia, obliga a achicar el gasto público que ya no se puede financiar. Es decir, los que tienen que poner el cuerpo mientras maduran las inversiones gracias a las menores cargas al capital son los sectores más vulnerables de la sociedad: discapacitados, jubilados por moratoria que ganan el haber mínimo, pensionados por viudez, trabajadores que toman el colectivo, y otros sectores como estudiantes o científicos becados. Todo ello mientras las tarifas de los servicios públicos suben entre 1000 y 3000 por ciento, con total naturalidad, supuestamente para que las empresas que se quedaron con las compañías del Estado se sientan estimuladas a invertir.
Los resultados de ese programa están a la vista. Los argentinos ya lo probaron con Menen en los 90, con De la Rúa a principios de siglo y ahora con Macri. El Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) retrató en su último Monitor del Clima Social, de diciembre pasado, las consecuencias dramáticas de lo que piden Ferreres, Melconian, De Pablo, el FMI, el Banco Mundial y, antes que nada, lo que ha provocado el gobierno de Cambiemos con políticas semejantes. El CEM es un centro interuniversitario del que participan la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. El monitor social mide la situación en el área metropolitana de Buenos Aires. Se basa en una investigación de opinión pública a partir de entrevistas telefónicas a 1293 personas con teléfonos fijos. La muestra del último documento corresponde a los días entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre pasado. El monitor evalúa siete indicadores de inseguridades: económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa y en transporte. Las conclusiones son categóricas y coinciden con otras mediciones privadas y oficiales:
* El 61 por ciento de los encuestados del segundo cordón del conurbano bonaerense, de la zona Norte, declararon que disminuyeron las porciones de comida porque no tenían dinero suficiente para mantener el consumo habitual. Se trata de ciudadanos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, San Fernando y Tigre.
* En la misma situación dijeron encontrarse el 58 por ciento de los habitantes del segundo cordón del conurbano, pero de la zona Sur, que integran Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.
* En la Ciudad de Buenos Aires bajaron la compra de comida el 35 por ciento de los consultados.
* En el último año pasaron hambre porque no les alcanzó el dinero para comprar comida el 46 por ciento de los ciudadanos del segundo cordón de la zona Norte, el 43 por ciento del segundo cordón de la zona Oeste (La Matanza, Merlo, Moreno, Ituzaingo y Hurlingham) y el 13 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires.
* El 58 por ciento en el segundo cordón de la zona Oeste cree probable perder su trabajo en el corto plazo, lo mismo que el 55 por ciento del primer cordón de la zona Oeste (la otra mitad de La Matanza, Morón y 3 de Febrero) y el 38 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires.
* El 69 por ciento del primer cordón de la zona Sur (Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda) afirma que no le alcanza el sueldo o el ingreso familiar, al igual que el 67 por ciento del segundo cordón de la zona Sur y el 49 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires.
* El 69 por ciento del primer cordón de la zona Oeste, el 61 por ciento del segundo cordón de la zona Sur y el 50 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que su situación económica es peor o mucho peor en relación a un año atrás.
Matías Barroetaveña, director del CEM, explicó que “2018 será recordado como el año de peores resultados económicos y sociales de gestión desde 2002. La sucesión de decisiones políticas, la mala praxis, la sequía y algunos cambios en el contexto internacional han provocado una catástrofe sobre la estructura productiva y social”. Las cifras de pobreza e indigencia entregadas esta semana por la dirección de estadísticas del gobierno porteño, que reflejaron un alza del 98 por ciento en la indigencia entre el tercer trimestre de 2015 e igual período de 2018 (de 100 mil a 198 mil personas) y un aumento del 54 por ciento del nivel de pobreza en el mismo período (de 414 mil a 639 mil personas) abona en la misma dirección. Aunque Macri, los economistas que le hacen hinchada y los organismos internacionales insistan en proponer más ajuste, tarifazos y castigos a las mayorías populares, es evidente que para estas últimas la política económica más efectiva no es por acá.
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