La democracia que conocimos hace 35 años terminó en 2015, por Miguel Croceri (para "Va con firma" del 10-12-18)

El régimen derechista que encabeza Macri degradó al Estado de Derecho mediante, por ejemplo, crímenes perpetrados por personal estatal armado, presos políticos y simulacros de juicio para encarcelar opositores. No toda votación es democrática: deben existir condiciones básicas para ejercer los derechos ciudadanos.

Miguel Croceri

En Argentina, desde fines de 2015 en adelante se fue terminando -no totalmente pero sí como tendencia predominante y en continuo avance- la vigencia de las libertades políticas, derechos ciudadanos, garantías constitucionales, posibilidades de defensa en juicio y ejercicio libre de la acción cívica. Todas condiciones que se incorporaron a la vida nacional desde que empezó la etapa democrática con el gobierno de Raúl Alfonsín, hace justo 35 años, el 10 de diciembre de 1983.

Nuestro país sufre actualmente una degradación del Estado de Derecho, que determina una etapa política caracterizada por situaciones de extrema gravedad. La siguiente es una enunciación orientativa:

* Crímenes políticos perpetrados por personal armado del Estado, avalados por el gobierno nacional y por el accionar negligente o cómplice del Poder Judicial. Los casos más resonantes tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado (en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, el 1ro. de agosto de 2017) y Rafael Nahuel (Villa Mascardi, cerca de Bariloche, Río Negro, el 26 de noviembre de 2017). Más recientemente, las víctimas fueron Rodolfo Orellana (en Ciudad Evita, La Matanza, conurbano bonaerense, el 22 de noviembre último) y Marcos Soria (barrio Angelelli II, ciudad de Córdoba, este 24 de noviembre).

* Asesinatos policiales por la espalda que tuvieron como víctimas a personas que supuestamente habían cometido delitos, y apología de tales crímenes por parte del propio presidente de la Nación y de la ministra de Seguridad. El caso emblemático que el gobierno adoptó para establecer su “doctrina” y su propaganda ideológica en la sociedad fue el del policía Luis Chocobar, quien le disparó mortalmente a un presunto ladrón que escapada (en el barrio porteño de La Boca, en diciembre de 2017).

* Violencia estatal en contra de protestas populares. El accionar represivo de diferentes policías (Federal, de la ciudad de Buenos Aires, de Seguridad Aeroportuaria, de las provincias), de Gendarmería, de Prefectura Naval, etc. dejó de ser una situación eventual -como ocurrió durante diferentes gobiernos- y se convirtió en habitual. Los ataques más feroces contra manifestantes tuvieron lugar hace un año en la zona del Congreso Nacional, cuando multitudes de personas protestaban contra la ley que rebajó el poder adquisitivo de las jubilaciones.

* Existencia -otra vez- de presos políticos, lo cual no ocurría desde la última dictadura. Las primeras víctimas fueron Milagro Sala y otras/os integrantes de la organización Tupac Amaru. Le siguieron ex funcionarios kirchneristas, o legisladores o dirigentes de ese sector político, como Amado Boudou, Julio De Vido, Héctor Timerman (con prisión domiciliaria por padecer una enfermedad terminal), Carlos Zannini (luego liberado), Luis D’Elía (liberado pero que podría volver a prisión) y Fernando Esteche, entre otros. También están prisioneros allegados a la familia Kirhcner y empresarios cuyo encarcelamiento es justificado por la propaganda oficialista en el hecho de haber tenido cercanía personal, política o de contratos comerciales con el gobierno anterior.

* Simulacros de juicio para perseguir a opositores: el que es kirchnerista está condenado de antemano por el solo hecho de serlo. Cualesquiera de las medidas de hostigamiento contra la libertad y la integridad moral, psíquica o física de opositores, tiene como condición necesaria la intervención de jueces y fiscales que disfrazan el accionar antidemocrático con procedimientos presuntamente legales y “judiciales”. El dispositivo empezó bajo el propio gobierno anterior. (Daniel Santoro, periodista al servicio del Grupo Clarín y operador propagandístico de la derecha, publicó a fines de 2016 que el Poder Judicial tenía iniciadas casi 500 causas “por corrupción” y que “la mayoría” eran contra integrantes del kirchnerismo. Nota del 28/10/16).

* Persecución, espionaje, hostigamiento propagandístico y amenaza de cárcel contra la principal líder de la oposición, Cristina Kirchner. El plan se acelerará hacia fines del verano entrante, cuando el 26 de febrero, por uno de los expedientes (referido al supuesto favoritismo para adjudicar obras viales a empresas de Lázaro Báez) empiecen las audiencias orales y públicas en los tribunales. (Un resumen de los casos judiciales fue publicado en septiembre pasado por Perfil. Nota del 17/09/18).

* Expulsión de jueces que emitieron fallos, dictámenes o medidas procesales contrarias a los intereses del poder hegemónico. El predominio de la derecha institucional (legisladores) y corporativa (jueces, abogados, académicos) en el Consejo de la Magistratura de la Nación (órgano que selecciona jueces para designar y además controla su actuación), así como en el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, determinó que fueran echados de su función magistrados como Eduardo Freiler (juez federal de Cámara) y Luis Arias (juez de La Plata). Ahora está bajo igual amenaza de expulsión Luis Carzoglio (juez de Lomas de Zamora), quien se negó a meter preso al dirigente sindical Pablo Moyano.

* Infinidad de actos de violencia jurídica perpetrados por el gobierno nacional y avalados por el aparato judicial del régimen (ejemplos: derogación de facto de leyes de la Nación mediante decretos; nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema; copamiento ilegal del oficialismo en organismos estatales como el Banco Central o la Unidad de Información Financiera, entre muchos otros; hostigamiento hasta lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación para reemplazarla por un miembro del gobierno designado de facto; órdenes a las fuerzas armadas para intervenir en conflictos internos, violando las leyes vigentes; etc. etc.).

(Un compendio más detallado de los hechos ilegales perpetrados en los últimos tres años fue publicado por Va Con Firma casi dos meses atrás, cuando se cumplieron 1.000 días del cautiverio de Milagro Sala. Nota del 15/10/18).

Votar no equivale a “democracia”

La “democracia”, como noción aceptada consensualmente por gran parte de las sociedades del mundo para la convivencia en paz y la resolución racional de los conflictos, es un ideal que se debe construir de forma permanente. Elegir a las autoridades políticas mediante el voto es, por lo general, un procedimiento que se considera “equivalente” a la noción de democracia, pero no toda votación es democrática en sí misma.

Hay votaciones fraudulentas de diverso tipo. El caso más reciente es el de Brasil, donde el proceso electoral estuvo atravesado por el peso sobre determinando de la corporación judicial; la amenaza militar; el engaño y la mentira, a escala jamás antes conocida, por parte de las grandes maquinarias comunicacionales -tanto la televisión y demás medios tradicionales como las nuevas tecnologías de la comunicación digital-; y como resultado de lo anterior, el encarcelamiento y la proscripción del líder popular Lula Da Silva.

Creer que, a pesar de todo eso, es “democrática” la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a través de una mayoría de votos, es considerar a la democracia como un sistema débil y solo “bien intencionado”, donde los poderes más inescrupulosos, perversos y abyectos pueden apropiarse de los valores más nobles. Es regalarle los principios democráticos a sus enemigos.

Porque si las reglas del juego las imponen los intereses contrarios al pueblo mediante el uso corrompido de los aparatos judiciales, y/o la violencia, la mentira, la amenaza, la censura, la proscripción y el fraude, significa que se han vulnerado las condiciones básicas para el libre ejercicio del voto y los demás derechos ciudadanos.

Argentina vivió durante el siglo XX largos periodos de votaciones sin democracia, que es lo mismo que decir “simulacros” democráticos. Uno de ellos tuvo lugar después del golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yirigoyen, cuando los poderes de facto adulteraban el resultado electoral e imponían por la fuerza a los candidatos conservadores o sus aliados.

Esa etapa se terminó debido a la irrupción social multitudinaria, gigantesca, aplastante, que cambió la relación de fuerzas en la disputa política mediante el levantamiento popular del 17 de octubre de 1945. El hecho dio lugar al nacimiento del peronismo, y la expresión institucional de la nueva etapa se formalizó en el retorno de un proceso de comicios libres, plasmado en febrero de 1946 con la elección de Juan Perón como presidente.

Otro periodo similar ocurrió desde el golpe de Estado de 1955 hasta las elecciones de 1973. En esos casi 18 años la ciudadanía votó varias veces, e incluso en una ocasión ganó un presidente honesto y patriota: Arturo Illia (1963). Sin embargo, todo ocurría bajó la opresión y el terror impuesto por fuerzas armadas dictatoriales. La trampa esencial consistía en que Perón estaba exiliado y proscripto, y todo el justicialismo sufría también persecución, prohibición y censura.

Aparato judicial corrompido

En el momento histórico actual, a fines de la segunda década del siglo XXI, los métodos antidemocráticos han cambiado y la violencia militar pasó a segundo plano. Las clases dominantes locales y el poder norteamericano tienen capacidad de imponer a un candidato que gane elecciones -como ocurrió con Macri-, y además controlan al país mediante el accionar de otros poderes de facto.

Utilizan un aparato judicial corrompido, con sistemas de espionaje y operaciones clandestinas capaces de implantar como verdades cualquier tipo de mentiras, y una maquinaria comunicacional encabezada por el cártel Clarín y otras cadenas mediáticas privadas que se constituyen, junto con la manipulación -con rigor científico- de las redes digitales, en colosales mecanismos de acción psicológica sobre la opinión pública durante las 24 horas de todos los días de la vida.

De ese modo, la democracia que el conjunto de las argentinas y argentinos conocimos en 1983, duró hasta el 10 de diciembre de 2015. Ese día, al concluir la gestión kirchnerista, se terminó también una etapa donde había -aun con múltiples defectos, imperfecciones, anomalías e incluso aberraciones- ciertas condiciones que permitían expresar la voluntad ciudadana con niveles aceptables o amplios de libertad política.

En esos 35 años pudieron llegar a la presidencia de la Nación candidatos tan dispares como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

En cambio, el ascenso de este último no implicó solamente un drástico cambio del modelo económico y social: implicó además la instauración de un régimen derechista que está legitimado en su origen porque el macrismo consiguió una mayoría de votos -incluso en la elección parlamentaria de 2017-, pero el dominio sobre la sociedad lo ejerce un entramado de estructuras corporativas (judiciales, mediáticas, del espionaje, económicas, etc.) que actúan en contra de las reglas del Estado de Derecho.

Esa compleja constelación de poderes locales, donde el gobierno de Macri es solo una parte -fundamental, pero no la única-, tiene el apoyo de los principales factores de poder extranjeros, empezando por el gobierno norteamericano de Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La reciente Cumbre del Grupo de los 20 realizada en Buenos Aires, fue una escenificación de esa articulación de alianzas internacionales.

Exactamente dentro de un año, debería asumir en Argentina un nuevo gobierno surgido de un proceso electoral. Las condiciones de degradación democrática sufridas durante los últimos tres años advierten que esta vez, con alta probabilidad, el proceso político estará contaminado por los simulacros de juicio para encarcelar y/o proscribir a Cristina Kirchner, por la acción psicológica para manipular más que nunca a la opinión pública, y por una presión de los factores de poder extranjeros (Estados Unidos y el FMI en primer lugar) para que la derecha local e internacional sigan mandando en nuestro país.

Un dato clave: la manipulación propagandística incluirá la amenaza de hiperinflación y caos económico para el caso de que volviera a gobernar “el populismo”.

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