En la Asamblea conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en octubre de 1985 en Seúl, el nuevo Secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, presentó un documento titulado “Programa para el crecimiento sostenido” en el que se delineaba la propuesta que a la postre se conocería como “Plan Baker”.
Básicamente, el Secretario del Tesoro exponía la trillada idea en el mundo académico de la época de un pronunciado desbalance del comercio mundial, en el cual los países deudores tendrían que exportar más, de manera que al recuperar su economía les permitiera restablecer su capacidad de pago de la deuda externa.
Obviamente que la propuesta de Baker incluía roles: los deudores debían aumentar su tasa de ahorro e inversión y expandir las exportaciones para conseguir el superávit externo necesario para afrontar los compromisos. Esta lógica estaba ideada por las políticas de ajuste de corto plazo, sugeridas por el FMI y el BM.
Veamos lo que sostiene el trabajo “Deuda externa, fuga de capitales y restricción externa. Desde la última dictadura militar hasta la actualidad”:[1]
“El diagnóstico básico que respaldaba los planes de ajuste ortodoxo de ese organismo internacional consistía en asumir que los países deudores exhibían notorios problemas de iliquidez que sólo podían ser superados mediante la contracción de la demanda agregada interna, es decir, a través de la reducción del gasto estatal y especialmente del consumo de los sectores populares mediante la disminución del salario real y la ocupación, para, de esta forma, aumentar el superávit en la balanza comercial y pagar los intereses devengados por la deuda externa”.[2]
A este análisis se lo completó con el diagnóstico del BM que implantaba, según los autores mencionados, la insolvencia, materia que involucraba la necesidad de introducir reformas estructurales en las economías de los países deudores, desde despidos en el sector público con recursos del banco, reconversión de empresas estatales para su privatización y algún fondo de infraestructura.
Lo cierto es que más allá del protagonismo y disputa de los organismos internacionales, tanto la falta de liquidez como la solvencia resultaron conceptos complementarios, no sustitutos, porque el argumento de la “iliquidez estaba dirigido a garantizar el pago de los intereses adeudados y el de la insolvencia a hacer lo propio respecto a la amortización del capital adeudado por los países de la región mediante la privatización de las empresas públicas”.[3]
Si bien el análisis es de la década de 1980 y la idea de ajuste con privatización de los noventa, los problemas de “restricción externa” resultan de una semejanza y un paralelismos increíbles, no sólo en el diagnóstico sino en cuanto a las soluciones propuestas.
Nada nuevo hasta aquí. Se podría introducir como ejercicio de memoria “el corsé dorado”, que compendia en buena parte la ortodoxia económica neoliberal de nuestro tiempo: para encajar en él “un país debe privatizar las empresas de propiedad estatal, mantener baja la inflación, reducir el tamaño de la burocracia gubernamental, equilibrar el presupuesto (si no tiene superávit), liberalizar el comercio, desregular la inversión extranjera, desregular los mercados de capitales, hacer convertibles las divisas, reducir la corrupción y privatizar las pensiones”.[4]
El corsé es uno, hay un solo modelo y viene en un solo tamaño. Hay que ajustarse o ajustarse, esa es la idea, al igual que lo sostenido en “El ajuste fiscal para la estabilidad y el crecimiento” del FMI. No hay distinción entre países, para todos es lo mismo, el ajuste fiscal o el formato ortodoxo de la austeridad.
Tampoco es novedosa la idea de refinanciar deuda con nueva deuda. Algo así como pagar los mínimos de la tarjeta de crédito, que nunca está bien, pero al menos permite vivir en un mundo en donde los salarios se contraen permanentemente. El problema se presenta cuando pagar el mínimo resulta demasiado oneroso, como en el caso del 120% de interés en la Argentina.
El presupuesto del gobierno nacional para el 2019 marca la pauta normal de cualquier país central, que reestructura su deuda con nueva deuda a mayores plazos. El inconveniente nacional es que todos los indicadores muestran que la refinanciación del principal de la deuda es prohibitiva. Para poder emitir bonos con el riego país actual y reestructuras los bonos que se vencen, Argentina tendría que pagar más del 10%, lo que resulta una locura. Pero eso el mercado entiende que no tiene financiamiento.
Y si bien en el presupuesto solo computó el pago de intereses, no los desequilibrios en cuanta corriente, ni en turismo, o la fuga de capitales y las remesas al exterior, dejó entrever qué propuesta podría volver realidad, sin mencionar la más preocupante aún idea que la relación deuda/PBI alcance el 111%.
La propuesta es tratar de modificar el artículo 65 de la Ley 24.165 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL que dice:
Art. 65. — El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Es más que claro, que la parte de mejoramiento de los montos y plazos es lo que se quiere modificar, ya que no podrá refinanciar la deuda con el riego país existente, salvo que lo haga en condiciones más onerosas. Solo este año vencen bonos por U$S 19.382, según el Observatorio de deuda del Instituto de Trabajo y Economía ( https://goo.gl/NxqxLu ).
La otra opción es la del Tesoro americano, la de la iliquidez y solvencia utilizada durante los años noventa, aunque ahora lo que hay que descubrir es cuál sería la garantía. En esa época fueron las privatizaciones, ¿ahora qué?
Me explico: si la idea es refinanciar las deuda con nueva deuda a plazos mayores, se necesita un golpe de confianza tal que lleve los indicadores de riesgo de Argentina al menos a los valores de comienzos de año, que oscilan entre 250 y 350 puntos por encima de la tasa del bono a 10 años de los EE.UU.; o sea, tendría que bajarlos a más de la mitad, ya que hoy oscilan entre 750 y 650. Algo parecido sucede con los CDS de bonos a 5 años que estaban en 200 puntos en enero y hoy se encuentran en 650.
¿Cómo se podría hacer esta antigua jugada sin convertibilidad ni dolarización de la economía? Lo que se necesita es una hipoteca, una garantía para el Tesoro americano, como en los noventa, ante nuevas emisiones. Los europeos y los propios americanos utilizaron la flexibilidad monetaria para que su banco central recomprara los bonos de los países con problemas, de manera que cayera su riesgo, como en el caso de Irlanda, que pasó de 1.000 puntos a 60 puntos.
El requisito es qué se pone como hipoteca para que el Tesoro de los Estados Unidos garantice el pago y la emisión sea por un monto, no tan normal, pero más accesible o, al menos, que dé un respiro en el tiempo. En los noventa fueron la telefonía, la empresas de energía, marítimas, hípicas, aeroportuarias, rutas, servicios públicos, aeronáutica, etc. ¿Le gusta la segunda reserva mundial de gas, Vaca muerta, a la que muchos llaman la gran carta de crecimiento argentino??
[1] Manzanelli, Pablo, Barrera, Mariano A., Wainer, Andrés y Bona, Leandro. (2015). Deuda externa, fuga de capitales y restricción externa. Desde la última dictadura militar hasta la actualidad (Coord. Eduardo Basualdo). Documento de Trabajo Nº 68. Argentina: CEDIF.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] Friedman, T. (2000). The Lexus and the Olive Tree. Nueva York: Anchor Books, p. 31.
Publicado en:
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2018/09/19/como-en-los-80-y-los-90-pero-fortalecida/
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