“¿Hacia dónde vamos? Queremos un suministro de gas natural sostenible en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones”. La justificación que dio el ministro Juan José Aranguren a la nueva etapa del tarifazo vigente a partir de hoy es, en realidad, un objetivo múltiple que ya se había empezado a lograr a través de la política de precios estímulo que el gobierno nacional implementó a partir de 2013, con resultados comprobables en los años 2014 y 2015. El concepto de “precios estímulo” significaba un premio a los aumentos de producción de gas en yacimientos convencionales y al desarrollo de nuevos pozos productivos por sistema no convencional (shale gas). Lo que está haciendo la actual gestión es extender el premio o beneficio al total de la producción de gas natural, sin discriminar entre “nueva” o “vieja”, proponiéndose como “objetivo” llevar el precio del gas en boca de pozo a 6,80 dólares (por millón de btu, unidad calórica utilizada como medida del volumen producido), por una producción cuyo costo, según estrictos estudios especializados (y en el que coinciden las cifras de las mismas empresas) no supera los 2,50 dólares. Un sobreprecio superior al 170 por ciento para la producción convencional con un agravante: lo que en el anterior gobierno era un estímulo temporario al aumento de la producción, la actual administración lo convierte en un precio permanente. Y además, vía tarifa, trasladable al bolsillo del usuario. El costo para los usuarios es enorme. Los beneficios para las empresas productoras de gas, espectacular.
¿Había dado resultados, efectivamente, la política de precios del gas del kirchnerismo? Tras nueve años de políticas vacilantes, que dejaron en manos de Repsol y de las demás petroleras privadas el manejo del sector, el gobierno anterior tomó las riendas en 2012 a partir de la renacionalización de YPF y una política de estímulos de precios en la búsqueda del autoabastecimiento. Un análisis publicado ayer por Federico Bernal, titular de Oetec, muestra que “la producción de gas cayó a partir de 2004, pero la tendencia declinante se revirtió entre 2013 y 2014; la variación interanual conseguida en 2015 (aumento del 3,43 por ciento) es el mejor resultado desde 2003”. El trabajo, referido a la actual política de precios y titulado, sugestivamente, “La magnitud de la estafa gasífera”, se puede consultar en la página del referido observatorio.
Esos estímulos se traducían en un plus de precio para la producción incremental, es decir para los aumentos de producción o la producción “nueva”. Contra un precio “normal” de 2,50 dólares por millón de btu, se “premiaba” al aumento de producción con valores de 5 a 7,50 dólares. Además, a través de Enarsa, el gobierno anterior se hacía cargo de la importación del gas faltante para abastecer la demanda interna. El costo total de esta política superó los seis mil millones de dólares en 2015 (3290 millones por premio a empresas productoras y el resto, por importaciones). Vale agregar que, entre 2014 y 2015, la reducción de las importaciones por efecto de la mayor producción local representó un ahorro de aproximadamente 5000 millones de dólares (fuente: Oetec).
Las autoridades energéticas del gobierno de Cambiemos reinterpretaron de un modo muy particular esa política. Bajo el cuestionable sistema de precios marginales o paridad de importación (toma el valor más alto de las distintas fuentes de abastecimiento como “precio” para todo el mercado) en vez de hacer un cálculo del costo real de producción, le fijaron un valor de 6,78 dólares al “precio de mercado” del gas natural. Y determinó que la diferencia entre ese precio y lo que pagaba el usuario en su factura como valor producto, era todo subsidio. Ese precio de 6,78 (redondeado a 6,80, quizás por las reminiscencias televisivas que conlleva el anterior trío numérico) pasó a ser la meta u objetivo a alcanzar con la tarifa.
Al usuario se lo castigaba con el costo de una política de estímulo, pero al productor se lo pasa a premiar con un precio que, a esta altura, resulta arbitrariamente elevado. Según un exhaustivo estudio del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, cuyo autor es Andrés Repar, ese supuesto valor marginal de 6,80 dólares no se compadece con la realidad del mercado, y mucho menos con el costo real de producción del gas en Argentina, al menos para la mayor parte del recurso. Según Repar, hubo una sola operación de importación de gas que se hizo a un precio cercano a los 7 dólares por millón de btu vía Chile. Es decir, transportado como gas natural licuado (GNL) por buque tanque hasta costa chilena, regasificado para transportarlo desde allí por gasoducto a suelo argentino, y ser ingresado así al sistema de transporte gasífero local. Vale recordar que el vendedor del gas en esa operación fue una filial de Shell, lo cual le significó más de un cuestionamiento al actual ministro el año pasado.
Pero según el IESO, se trata de una única operación y extraordinariamente cara por sus características –sin siquiera sospechar de sobreprecio–, ya que las compras vía puerto de Bahía Blanca o Campana se hicieron, cuando fueron necesarias, a precios muy inferiores. Incluso la compra de gas a Bolivia, tradicionalmente el gas natural de uso habitual para completar la oferta en Argentina, cotiza actualmente en baja y no mucho más allá de los cinco dólares.
El costo de producción del gas natural en yacimientos convencionales en Argentina está, según distintos estudios –incluso con origen en las propias empresas productoras–, entre 2,10 y 2,50 dólares por millón de btu, según la referencia del IESO. El costo del gas no convencional es más alto, pero en ese caso se justifica un estímulo especial para su desarrollo, diferenciado del resto. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos dispuso que el precio que retribuya la producción de gas natural sea de 6,80 dólares para todos los productores y por todo el producto que inyecten en el sistema. Quienes operen a un costo de 2,50, obtendrán una renta bruta extraordinaria del 172 por ciento. El costo correrá por cuenta del consumidor, que lo verá cargado en su boleta.
Un dato más: el argumento del gobierno de que el consumidor argentino paga un precio ridículamente bajo por el gas queda desmentido no sólo por su comparación con el costo interno de producción. La tarifa en un país como Canadá, de grandes extensiones como Argentina pero con condiciones climáticas extremas, está en torno a 1,80 dólares por millón de btu. En Estados Unidos, cercano a 2,50 dólares. Bolivia –siempre según IESO– tiene una tarifa interna de 2,10 dólares, desacoplada del precio que obtiene cuando exporta. Argentina, con 2,60 dólares en su tarifa en 2015, no estaba muy lejana de esos valores. Sin embargo, el “sinceramiento” de Cambiemos provocó un barajar y dar de nuevo que provocará, una vez más, una fuerte redistribución de los ingresos en favor de los más poderosos.
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https://www.pagina12.com.ar/29186-la-caridad-bien-entendida
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