El Frente Para la Victoria presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial por las "visitas" de la Policía Bonaerense a dos escuelas de La Matanza para pedir datos de los docentes que se sumaron al paro.
Por Agustina Arredondo
Luego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA y la Red de Directores de La Matanza denunciaran en la Justicia el apriete que padecieron los directivos de las escuelas Pimaria Nº 195 y Secundaria Nº 55 del distrito, a quienes la policía bonaerense les pidió la lista de los docentes que adhirieron a los sucesivos paros nacionales de CTERA y provinciales del Frente Gremial Docente, el bloque de senadores del FpV presentó un pedido de informes a la administración de María Eugenia Vidal, en la cual le recordaron que los docentes, al igual que cualquier otro trabajador, están amparados por la Constitución para ejercer su derecho a la huelga, y denunciaron que “los operativos constituyeron acciones de amedrentamiento e intimidación”.
Los legisladores del Frente para la Victoria solicitan que se les informe los motivos por los cuales los agentes de policía se presentaron en los dos colegios para “indagar" por qué no se estaban dictando clases en dichos establecimientos y por qué solicitaron, además, "los listados de adherentes a la medida de fuerza”. Pero también reclaman acerca de la competencia de la policía provincial, y acerca de las responsabilidades de los funcionarios públicos que dieron la orden de realizar las visitas en cuestión "con la indicación de interrogar a los equipos directivos”. Por último, piden que se especifique si el Poder Ejecutivo provincial “en particular, el Ministerio de Seguridad” investigó y sancionó a los responsables directos e indirectos del controvertido hecho.
La Ley Provincial 13.842 establece los principios y procedimientos básicos de actuación de la Policía Bonaerense, y en su artículo 13 afirma que los efectivos deberán desplegar sus esfuerzos para prevenir delitos. El escrito presentado por el FpV advierte, por último, que el interrogatorio a los directivos de las escuelas no está contemplado "bajo ningún punto de vista en la prevención delictual”.
Mariano Santana, el jefe del Distrito 3 de La Matanza, donde se ubican las dos escuelas, negó que se tratara de un operativo intimidatorio y comunicó a los directores que “no se asusten” porque el operativo “era para intercambiar teléfonos entre los policías y los directores para tener una rápida comunicación ante cualquier situación delictiva”. Sin embargo, Paulino Guarido, secretario de la CTA-La Matanza denunció, ante Página/12 que Santana, "en cuyo currículum asegura que actualmente es asesor pedagógico de la Policía, es el responsable de que casualmente haya sucedido todo esto en el distrito que le corresponde supervisar”.
A pesar de repetir que el gobierno provincial no se proponía identificar a los docentes que adhirieron a los paros (contradiciendo la extorsión de la propia gobernadora, quien en la víspera prometió un premio de 1000 pesos a los carneros), Santana se vio obligado a aclarar que las visitas a las escuelas se suspenderían hasta que se levantara la huelga y pudieran "implementar bien el dispositivo, siempre de manera preventiva”. Gustavo López, por su parte, vicedirector de escuela y ex secretario de CTA La Matanza, opinó: “Hicieron silencio de radio. Después de la denuncia desarmaron el operativo”.
Guarido, a su vez, denunció que a la escuela Nº 120 había llegado una foto anónima de una asamblea en la que habían participado docentes, alumnos y familiares. “Estamos sufriendo una persecución, nos sacan fotos. Hay un espionaje que en este momento quedó al descubierto, por lo menos, en nuestra escuela”, agregó una de las maestras fotografiadas.
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https://www.pagina12.com.ar/26069-vidal-tendra-que-dar-explicaciones
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