(Imagen: Página 12)
Le Monde diplomatique
Edición Nro 213 - Marzo de 2017
Editorial
Considerados en su acepción original, aquella vinculada a los crímenes de la última dictadura, los derechos humanos son en cierto modo un tema cerrado. Hubo desaparecidos, hubo un plan sistemático, hubo apropiación de bebés, hubo complicidad civil: un conjunto de verdades históricas que la Justicia ha probado en todas sus instancias, que el Congreso ha convertido en ley y que la sociedad, salvo unos pocos núcleos remanentes, acepta como tales, que es el mejor antídoto para eventuales intentos de retroceso.
Pero, ¿existen esos intentos? El sistema de alerta temprana se encendió a partir de las declaraciones de dos importantes dirigentes macristas, el director de Aduanas Juan José Gómez Centurión y el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido. Sin que nadie se los preguntara e incursionando en un área ajena a sus competencias de gestión, ambos pusieron en duda el número de desaparecidos, lo que expresa menos una preocupación por la cantidad exacta de víctimas que un intento por cuestionar lo que en realidad pasó, al estilo de los alemanes de la posguerra que decían que en el Holocausto no habían muerto seis sino cuatro millones de judíos. Como el recálculo les da siempre menos, la aritmética es un truco de apologistas.
Pero insisto, ¿estamos ante una estrategia deliberada del macrismo? Y más en concreto, ¿cuál es la política oficial en relación a los “derechos humanos del pasado” (1)? Una revisión fría de los hechos indica en primer lugar que el gobierno no obstruyó los procesos judiciales contra los ex represores, en los que la Secretaría de Derechos Humanos sigue actuando como querellante. Y aunque es cierto que desmanteló dos áreas creadas para investigar la complicidad civil (una en el Banco Central y otra en el Ministerio de Justicia), la estructura de abogados del Estado, en buena medida inaugurada durante el kirchnerismo, sigue acompañando a los familiares de las víctimas. No hay, en este sentido, una política de impunidad. El secretario del área, Claudio Avruj, presenció algunas sentencias y, por presión de los organismos, pidió a la Justicia que revea la prisión domiciliaria concedida a Miguel Etchecolatz. Del mismo modo, el reclamo de declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones guerrilleras, principal reclamo de los familiares de las víctimas de la subversión, ha sido descartado de manera explícita. Y a diferencia de aquellas iniciativas que se encuentran frenadas por una simple correlación de fuerzas, no parece estar en la agenda del gobierno.
Al mismo tiempo, Macri quiso mover el feriado del 24 de marzo (tuvo que dar marcha atrás por la intensa presión social que despertó), toleró la presencia de ex carapintadas en el último desfile del 9 de Julio y propuso a un abogado de represores como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el macrismo conviven dirigentes pro-dictadura, como Gómez Centurión, con otros que tienen muy claro qué sucedió en los años oscuros, como el secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, el ministro Hernán Lombardi o el mismo Horacio Rodríguez Larreta.
En cuanto a Macri, a tres meses de asumir el gobierno visitó la ex ESMA, pero forzado por las circunstancias: Barack Obama había anunciado su intención de conocer el lugar en el marco de su inminente viaje al país y hubiera quedado feo que el presidente argentino no hubiera ido antes (en sus ocho años al frente del gobierno porteño Macri nunca había ido a la ex ESMA a pesar de que se trata de un ámbito cogestionado entre el gobierno nacional y el de la ciudad). Un par de semanas después, el presidente recibió –por primera y única vez– a los organismos de derechos humanos.
Prioridades
Los derechos humanos del pasado han perdido la centralidad que ocuparon durante el kirchnerismo. Ni el presidente ni sus funcionarios les dedican mucho tiempo ni mucha energía, eso está claro y no necesariamente está mal: al fin y al cabo, Macri no fue elegido para continuar las políticas de la década pasada sino para cambiarlas, lo que supone entre otras cosas establecer nuevas prioridades, en ésta y otras cuestiones. Un ejemplo: pocos días después de haber sido elegido presidente, en una entrevista con Leo Montero y Verónica Lozano en Telefé, le preguntaron qué pensaba hacer con Tecnópolis, corazón de la política cultural del kirchnerismo. Desconcertado, Macri titubeó brevemente: “No sé… veremos qué hacemos, no lo hemos evaluado todavía”. Cuando los conductores le recordaron el éxito del proyecto, aceptó: “Sí, hay gente que me dice que está bueno”.
Pero el Estado tiene la obligación de elaborar una política sobre todos los temas de Argentina y no sólo sobre aquellos que interesan al presidente. Un gobierno puede alterar el orden de preferencias, puede cambiar el ranking, pero no puede no emitir opinión. Y en este sentido recordemos que los derechos humanos son parte esencial de nuestra construcción democrática y que los tres ciclos políticos que se sucedieron desde 1983 les otorgaron, cada uno a su modo, una alta prioridad simbólica: el alfonsinismo emprendió, a partir de esa gran escena de justicia que fue el Juicio a las Juntas, una amplia política de democratización de la sociedad y el Estado, hasta que chocó contra la resistencia militar y la crueldad de la economía y el mercado. Menem firmó los indultos y se abrazó con el almirante Rojas envuelto en una idea de “reconciliación” de vagas tonalidades mandelianas (enfatizaba su breve paso por una cárcel militar) como condición para asegurar, mediante la asfixia presupuestaria y el aplastamiento sin clemencia del último alzamiento carapintada, la lealtad democrática de los militares.
Por último, el kirchnerismo impulsó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, fomentó la reapertura de los juicios y recuperó la ESMA. Fue, por una combinación de circunstancias propicias y fuerte voluntad de Estado, el que llegó más lejos. Apenas se le pueden cuestionar tres cosas, dos opinables y una central: la falta de reconocimiento público a los avances producidos por el alfonsinismo, una mirada excesivamente recortada que vedó la discusión sobre algunos temas (notoriamente el inicio de la represión ilegal durante el tercer gobierno de Perón) y, fundamentalmente, la designación de César Milani como jefe del Ejército, sobre la cual nunca logró articular una justificación razonable.
En todo caso, el radicalismo y el peronismo llevan décadas protagonizando la vida pública argentina y es lógico que combinen en sus accidentadas historias políticas tanto gestas notables como agachadas vergonzosas. El PRO, autorreivindicado el primer partido político del siglo XXI, podría haber aprovechado su grado cero de la política, el hecho de que la mayoría de sus integrantes, así sea por una simple cuestión etaria, no tuvieron nada que ver con la dictadura, para continuar los avances. Podría incluso haberle incorporado su sello, y quizás era esa la idea original al renombrar a la “Secretaría de Derechos Humanos” como “Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural”, una forma de incorporar a la gestión estatal la perspectiva de la diversidad, la tolerancia y el respeto a las minorías, temas que el liberalismo tiene todo el derecho del mundo a reivindicar como propios.
Pero ocurre que el PRO, con un presidente divorciado y un equipo cosmopolita y gay friendly, combina su costado liberal con uno conservador y ultracatólico: dos almas en suave disputa. Quizás sea esto lo que explique que no sólo carezca de una política pública de derechos humanos sino que incluso adolezca de un discurso: desprovistos de lo que ellos mismos llamarían talking points, los funcionarios no saben nombrar el tema. Y no hace falta ser un psicoanalista lacaniano con posgrados en París para entender que esta dificultad del habla es producto de una bruma que baja desde la cima. ¿Qué pensará Macri de los años 70 y la dictadura? ¿Qué pensará realmente cuando se apagan las cámaras y sale a caminar con Juliana por los senderos corcoveantes de cipreses, pinos y eucaliptus de Villa La Angostura? ¿Qué conversará con sus amigos después del picadito, la toalla sobre los hombros, la botella de gatorade apoyada en el banco de madera?
Si la ideología es lo que uno piensa sin saber que lo está pensando, las pocas veces que se refirió al tema Macri parecía un poco incómodo, como si lo forzaran a hablar de algo que no quería. Entonces dijo “curro”, dijo que no tenía “ni idea” cuántos eran los desaparecidos y dijo “guerra sucia”, expresiones que revelan una incerteza profunda, un nebuloso fondo de duda, pero que se le impusieron sin proponérselo, como un reflejo condicionado, casi una lengua materna.
Notas:
1. La política oficial en relación a los derechos humanos del presente acumula una serie de decisiones negativas y peligrosas, desde la falta de una respuesta del Estado nacional a los reclamos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala al giro punitivista en la gestión de la seguridad pública.
*Agradezco a Gastón Chillier la conversación previa a la escritura de este editorial, aunque por supuesto nada de lo aquí dicho puede serle atribuido.
Publicado en:
http://www.eldiplo.org/213-derechos-humanos-cuestion-de-estado/macrismo-y-derechos-humanos/
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