La Procuración sobre administración pública investiga el acuerdo del Gobierno con el Grupo Macri
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga si el acuerdo por el cual el presidente Macri le perdonó al empresario Macri más de 4 mil millones de pesos por la actualización de la deuda por la privatización del Correo es un delito. Ya se realizaron tres presentaciones judiciales por administración fraudulenta.
"Puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias. Es uno de los temas a considerar", señaló el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien abrió una investigación preliminar sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mauricio Macri con el Grupo Macri, en el que la empresa familiar pagaría a 15 años con una quita del 98,8 por ciento la deuda que mantiene con el Estado desde 2001.
La fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó un dictamen en el que sostiene que la propuesta aceptada en junio por el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, "es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, por lo que la calificó "equiparable a una condonación de la deuda”.
Boquín giró el expediente a la PIA para que investigue, entre otras cosas, si la orden de aceptar, con mínimas modificaciones a la rechazada por el Estado nacional en oportunidades anteriores y por última vez en marzo del año pasado, fue "emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”.
"Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo", aseguró Rodríguez y señaló que "si la investigación preliminar prosperar yo me voy a presentar ante el juez federal penal".
Por su parte, Mocoroa salió al cruce del dictamen de la fiscal, quien sostuvo que por ser un funcionario en carácter de transitorio no podía firmar el acuerdo, y aseguró que "no se hizo ninguna quita" porque "para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa va a pagar el 100 por ciento del capital".
"El crédito verificado era de 296 millones de pesos, pero para determinar si hubo un prejuicio al Estado hay que ver los números y por qué esta propuesta no fue aceptada los años anteriores y ahora sí, con una modificación mínima", advirtió el titular de la Procuración.
En su dictamen, con el respaldo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), Boquín detalla que de la deuda original de 296 millones de pesos-dólares es de septiembre de 2001, previo a la devaluación. El cálculo hecho por la DAFI sobre la propuesta de pago del Grupo Macri actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, de lo que surge una quita de 4.656 millones de pesos (98,87 por ciento). Y si el monto se proyecto a 2033, cuando se liquidaría la última cuota, la quita alcanzaría los 70.163 millones de pesos.
Mocoroa, en diálogo con radio Nacional y El Mundo, calificó de "irrosorios" los cálculos presentados por la fiscal ante la Cámara y argumentó que "la deuda que tenía el deudor era en pesos" y que "la ley de concursos dice que ante la presentación del concursado se congelan los intereses". En ese tono, insistió en que el acuerdo se realizó "en un marco de total transparencia" y "no existen conflictos de intereses". "Nosotros logramos percibir 600 millones de pesos que van a servir para obra pública y esto lo van a pagar en 15 años", destacó.
"Hay una fiscal que es experta en el tema ante la Cámara Comercial y encendió una luz de alerta para llamar la atención sobre algo que sería abusivo y perjudicial para el Estado. Tenemos que ver si más allá de este señalamiento desde el derecho comercial puede tipificar un delito penal", advirtió Rodríguez y resaltó que "al estar la investigación preliminar efectuada por un fiscal federal tiene un peso probatorio mayor".
El titular de la PIA indicó que la investigación preliminar puede desembocar en tres alternativas: "que no exista irregularidad; que exista un delito penal, por lo tanto, formular una denuncia y será el juez el que dictaminé el curso de acción; y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa para algún funcionario público nacional, causal de alguna sanción."
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https://www.pagina12.com.ar/19202-puede-haber-trafico-de-influencias
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