El
presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia más de 70.000
millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se
trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva
más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el
Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino
por considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el
Estado aceptó una quita del 98,82 por ciento de la deuda y podrán
terminar de pagar recién en 2033.
Este desfalco para el Estado Argentino
tiene un momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una
audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su
deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la
fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta
propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más beneficiosa que las
anteriores. En primer lugar, la negociación arrancó al revés: fue el
Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. Mal negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo.
En esa audiencia, que tuvo lugar ante la
sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado
Nacional aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda que,
para la fiscal Boquín, “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
De hecho, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento
Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración
General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente: un quita en
la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total
de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de
la deuda que tenían con el Estado.
Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.
La causa llegó a la Cámara ya que la jueza de primera instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado Nacional, principal acreedor de Correo Argentino, no aceptó las condiciones.
Con esto, no se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522 de
Concursos y Quiebras, que en su artículo 45 determina que para obtener
la aprobación de una propuesta deben aceptarla “la mayoría absoluta
de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que
representen las dos terceras partes del capital computable dentro de
cada categoría”. Al ser el Estado a quien Correo Argentino le debe
el 32,65 por ciento de su deuda y siendo el único integrante de una
categoría especial, si éste no dio acuerdo claramente no se cumplía el
requisito legal. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó a la
Cámara. En esta segunda instancia, la fiscal Boquín rechazó el recurso
de apelación pero la Cámara dio lugar a esa audiencia donde el Estado aceptó lo inaceptable.
Casi un chiste
A esa audiencia asistieron obviamente
los representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos
representantes del Estado Nacional: el Director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicación Juan Carlos Mocoroa y María Alejandra Gottardi. Fue Mocoroa quien se presentó en nombre del Estado. Pero lo notable es que Mocoroa
fue designado de forma transitoria por 180 días por la Decisión
Administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña y
Oscar Aguad. Así, en palabras de la fiscal Boquín, no tenía las
facultades para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del
Estado ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del
Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para
aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización nunca la
presentó. Más aún: para la fiscal debe investigarse si la aceptación de
esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le
quita responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro
Aguad o el propio Macri. Aquí la cuestión.
Para la fiscal Gabriela Boquín debe investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le quita responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri.
Lo que sucedió fue, según consta en el
expediente, digno de un sketch televisivo si no estuviera en juego el
patrimonio público. Correo Argentino propuso pagar el 100 por
ciento de la deuda en 19 cuotas anuales más una cuota de intereses del 6
por ciento, arrancando desde el año siguiente a que cierren el acuerdo.
Según el análisis que realizó la DAFI, cuya titular es Judith König,
esta propuesta significaba una quita real del 99,16 por ciento de la
deuda. ¿Como llegan a ese número? Tomando en cuenta que el concurso
preventivo de Correo Argentino databa del 19 de septiembre de 2001 y
utilizando la tasa activa mensual del Banco Nación a esa fecha da esa
quita real.
Según consta en la causa, esa propuesta de quita del 99,16% “fue rechazada de viva voz por el representante del Estado Nacional”,
es decir, bien rechazada por Mocoroa. Pero el mismo Estado, hoy
controlado por Macri y representado de forma irregular por Mocoroa, sólo
retrucó con el pago del 100 por ciento del monto, una tasa de interés
del 7 por ciento y menores plazos. La empresa pidió un cuarto intermedio
e hizo su contraoferta: 100 por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales
empezando desde el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018),
donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota más una cuota de
intereses del 7 por ciento. Quedaba así: de la cuota 1 a la 4 el 1 por
ciento de la deuda; de la 5 a la 9 el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por
ciento; la 14 el 20 por ciento y la 15 el 30 por ciento. Y sumaban una
cuota 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que
aceptó el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de la familia
Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32
años más tarde del momento en que empezó el juicio. Todo esto,
vale recordar, con la quita de los 70.163 millones de pesos. O sea,
pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda.
El sketch de la audiencia del 26 de
junio de 2016 terminó con la aceptación del Estado de esta propuesta in
situ. Al parecer, la propuesta mejoraba la anterior: de 19 a 15 meses,
de 6 a 7 por ciento de interés. Pero, según detalla la fiscal Boquín, “la propuesta no implica mejora alguna”.
Utilizando la misma metodología de la DAFI, muestra que la quita real
de la propuesta supuestamente mejorada es del 98,82 por ciento contra el
99,16 por ciento de la anterior. O sea, un 0,34 por ciento de
diferencia, por lo que no hay diferencia y ambas son abusivas. En
síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica
condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de
condonarle la deuda a la familia presidencial. Sobre el funcionario que
aceptó, se abren dos hipótesis: o no hizo las cuentas o sabía las
cuentas finales y aceptó igual. Hacer las cuentas en el momento resulta
inviable, por lo que cobra relevancia la segunda hipótesis. A todo esto,
la fiscal Boquín plantea que ni siquiera esta aceptación del Estado
Nacional tiene validez ya que la decisión la tomó un funcionario que no
tenía facultades para tomarla. Y no mueve un centímetro la cuestión
central: Macri es Presidente y los Macri son los dueños de Correo Argentino. Condonarles de hecho la deuda es beneficiarse a sí mismo.
En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial.
Esta situación llegó al despacho de la
fiscal Boquín, que lo analizó en detalle y lo rechazó el 30 de diciembre
de 2016 con varios argumentos. Entre ellos, que “la propuesta rechazada y su mejora, en términos económicos, no difieren sustancialmente”; que “la
propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una
suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de
deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio
estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una
manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia
la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio
estatal”; que la aceptación de esta propuesta la dio “un
funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su
calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo
además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no hay un sólo elemento que lleve a que el Poder Judicial homologue este acuerdo.
Que nos paguen y pagamos
Pero la cosa no terminó ahí, sino que la
propuesta de los Macri tuvo un caballo de Troya. Según figura en el
expediente, Correo Argentino, o sea, la familia Macri, mantuvo “su
propuesta de pago acelerado en virtud del cual en caso de recibir
cualquier tipo de pago por sus activos en poder del Estado Nacional,
adelantará los pagos aún pendientes en ese momento dentro de los 30 días
de recibido por la concursada el pago de dichos activos y en la misma
especie recibida”. ¿Que significa esto? Que la familia
Macri especula no sólo con pagar la deuda con el Estado para el 2033,
sino con ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo
Argentino y con la misma plata que cobre de ese juicio pagarle al Estado
su deuda. Eso sí: aclaran que en la misma especie, o sea, que
si en su juicio contra el Estado le arrancan un edificio, pagan con un
edificio y no con dinero. Vale recordar que Correo Argentino fue una de
las primeras estatizaciones ordenadas por Néstor Kirchner y una de las
razones fue la deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron.
Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda, van también por
una indemnización por esa decisión de Kirchner.
Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones ordenadas por Néstor Kirchner y una de las razones fue la deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron. Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda, van también por una indemnización por esa decisión de Kirchner.
Para más pruebas de esta estrategia, en
el último balance de Sideco (la empresa controlante de Correo
Argentino), que presentó el 10 de marzo de 2016 ante la Comisión
Nacional de Valores (CNV), informaron que en forma paralela a esta
maniobra con la deuda con el Estado, presentaron un reclamo ante el
entonces Ministerio de Planificación Federal donde pidieron “el pago
de una suma de dinero por el desapoderamiento de las inversiones
realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta la fecha a
favor del Estado Nacional en razón de la rescisión del Contrato de
Concesión”. Clarito.
Cambiemos de estrategia
La deuda original del Correo Argentino con el Estado era de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según
las actualizaciones que hizo la DAFI, esa deuda al 2017 supera los
4.000 millones de pesos. Y proyectada al 2033, cuando los Macri van a
terminar de pagar, es que da 71.001.731.324 pesos. La propuesta
que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895 pesos, el
98,82 por ciento. Para dar una idea, según el presupuesto 2017, es más de la mitad de lo que se va a destinar a Educación y supera ampliamente el gasto en Salud del Estado Nacional.
En los años que llevaba la causa, Correo
Argentino hizo distintas propuestas de pago rechazadas por el Estado
Nacional. Pero, como en otras áreas, el cambio en la postura del
gobierno nacional viró 180 grados. Un
ejemplo fue en el caso de Papel Prensa, donde un acuerdo entre Clarín,
La Nación y la administración macrista puso fin a la disputa judicial
por la que el Estado Nacional denunció desde 2009 irregularidades
financieras. Pero ahora, con el caso de Correo Argentino, hay un
agregado que hace más grave la situación: el acuerdo es entre el Estado
Nacional y la familia presidencial. Más concreto: entre el Gobierno de
Macri y la familia Macri.
Este viraje se verifica en números que
constan en el expediente. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó
propuestas de pago del 7,7 por ciento y 5,73 por ciento de la deuda, o
sea, quitas del 92,3 por ciento y 94,27 por ciento respectivamente. La
fiscal Boquín, en su presentación, reitera que la propuesta de 2016 “resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”.
La famiglia
Correo Argentino es controlada por
Sideco Americana que a su vez es controlada por Socma Americana. O sea,
desde Socma, Sociedades Macri, se controla a Correo Argentino por medio
de Sideco. En 2001, Sideco tenía el 69,23 por ciento de Correo Argentino
y Socma tenía el 95,5 por ciento de Sideco. Así de simple, y no tanto.
Para 2015, Socma aún tenía el 59,61 por ciento de Sideco. Y, según el
último balance presentado por Sideco a la CNV, para fin de 2014 tenía el
74,23 por ciento de Correo Argentino. Por lo tanto, la cadena seguía
intacta.
En 2003, cuando Correo Argentino
se presentó a concurso de quiebra, Franco Macri le dijo al juez Eduardo
Favier Dubois (el primero que intervino en la causa) que ya no era
directivo de la empresa ni ocupaba ningún cargo gerencial, pero que todas las acciones estaban en manos de la famlia Macri.
Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es que tenía el
usufructo vitalicio de casi todas las acciones de Socma y, por ende, de
la controlante madre de Sideco y Correo Argentino. Si bien no figuraba
en esta última, la controlaba desde arriba. Respecto a la familia,
Franco que cedió las acciones a sus hijos y uno de ellos, Mauricio, las
cedió a su vez en 2009 a sus propios hijos. Todo en famiglia.
El juez Favier Dubois decretó entonces
la quiebra de Correo Argentino y le impidió salir del país a toda la
familia Macri así como a quienes figuraban en el directorio de Sideco:
el presidente Angelo Calcaterra, el vicepresidente Roberto Leonardo Maffioli, y los directores titulares Jorge Rubén Aguado, Justo Jorge Solsona, Manuel Sobrado, Giorgio Aldo Nocella, Juan Garrones y Néstor Grindetti, que siguió luego a Mauricio en la gestión pública. Obviamente, los Macri apelaron la decisión del juez.
En 2009 Macri se desprendió de
su participación accionaria en Correo Argentino y se la transfirió a sus
hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan. Pero, si bien esto es
cierto, no es menos real que la empresa sigue en manos de su familia y,
por ende, la decisión de aceptar la propuesta de Correo Argentino y
perdonarle 70.163 millones de pesos beneficia directamente a la familia
presidencial. Así, la fiscal Boquín destaca: “pudiendo resultar que
familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales
de la sociedad concursara y/o de sus controlantes o integrantes del
grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de
dependencia con él, podría aceptar una propuesta que directa o
indirectamente lo beneficie”. En este caso, sucedió lo contrario.
El director de Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Mocoroa,
depende indirectamente de Macri. Pero, a su vez, “la composición
accionaria y la titularidad que se verifica en el expediente del
concurso respecto de la familia del Presidente de la Nación -insiste Boquín- haría
inviable cualquier transacción por parte del Estado Nacional que
implicara un beneficio para la concursada y sus controlantes y un
perjuicio para las arcas de la Nación”.
Justicia PRO
Todo queda en manos ahora de los camaristas María Lilia Gomez Alonso
de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Gomez Alonso,
es actualmente presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo que ganó
como candidata de la lista Bordó, donde se nuclea a lo más conservador
de la familia judicial y a buena parte de jueces y fiscales
antikirchneristas. Cuando ganó las elecciones, contó: “Me llamó el
ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para felicitarme y
yo le manifesté que vamos a trabajar juntos pero que también nos vamos a
pelear”. Tuvieron un pequeño cruce respecto a la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial. ¿Será igual con este intento de perdonarles la deuda a los Macri?
Tanto Gomez Alonso como Piaggi ya intervinieron en esta causa en 2003, junto el entonces juez Enrique Butty, cuando en el último día de plazo le permitieron a la familia Macri prorrogar los plazos para la negociación de esta deuda,
todo lo contrario a la decisión del juez Favier Dubois. O sea, esta
sala ya salvó al grupo Macri en 2003. En el caso de Piaggi, que integra
la Cámara desde 1988, hay otro dato por el cual en ese momento se pidió
su excusación en esta causa: era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que
encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO. En ese momento la
Fundación de Defensa de Usuarios y Contribuyentes (FEDUCON) la denunció
ante el Consejo de la Magistratura, pero la cosa no prosperó. Si por
entones no se excusó, difícil que lo haga ahora. Si por entonces falló a
favor de los Macri, complejo que cambie su propia postura. Sólo que
ahora la cuestión es más completa: es condonarle la deuda con el Estado a
la familia presidencial.
Publicado en:
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/macri-se-autoperdono-70-mil-millones/
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