Peña Braun y Macrì mostraron con transparencia que el Poder Ejecutivo ignora la división de poderes y entre bienes públicos e intereses privados, escalada que culminó con la orden presidencial de volver todo a Fojas CEO. Su inviable propuesta de intervención en el caso coincide no por azar con la de la empresa familiar. Un banco de Odebrecht intervino en la manipulación de las mayorías en el concurso del Correo de su socio Macrì.
Por Horacio Verbitsky
La primera afirmación del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad fue que el presidente no había intervenido en la transacción entre el Estado Nacional y la concursada sociedad anónima Correo Argentino SA o, dicho en términos más directos, entre la empresa del hombre de negocios dudosos con el Estado Maurizio Macrì y el gobierno del presidente de negocios dudosos desde el Estado Maurizio Macrì. Cuestión de preposiciones.
Al cierre de esta nota el gobierno ya había dado cuatro conferencias de prensa sobre un tema en el que el presidente dice estar al margen. A ello hay que sumarle la candorosa explicación de la vicepresidente Gabriela Michetti, quien nunca oyó que se discutiera el tema en presencia de Macrì, cuando lo único que podría aseverar es que nadie lo mencionó en presencia de ella, de lo que nadie duda. En su conferencia del jueves, Macrì dijo que quería estar lo más lejos posible de las empresas de su padre, quien “es una historia aparte”. Pero Maurizio Macrì no sólo fue vicepresidente ejecutivo del grupo, sino también accionista. Según la ampliación del dictamen presentada hace dos semanas por la fiscal general Gabriela Boquín, las actas de las asambleas generales de Socma y el Correo prueban que “la familia Macrì detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA” y que recién en 2009 “el entonces jefe de gobierno porteño y actual presidente se desprendió de su participación accionaria transfiriéndola a nombre de sus hijos”, los monotributistas Agustina, Gimena y Francisco Juan Macrì. Hablar de “las empresas de mi padre” es la primera regla del marketing político macrista y, como se ve, no tiene intersección con la realidad.
La invasión
Las excusas del jefe de gabinete Marcos Peña Braun fueron tan insuficientes que el propio Macrì debió dedicar casi una hora a los periodistas por un asunto del que, en aras de la franqueza, la honestidad y la alegría, decidió no ocuparse y en el que por supuesto puede equivocarse porque no es el mago Copperfield, a quien los trucos le salen mejor. Aguad, Peña Braun y Macrì invadieron con sus propuestas y decisiones las esferas de competencia de:
la fiscal general Boquín, que dictaminó por el rechazo del acuerdo concursal que “intenta perjudicar a los acreedores reconocidos y enriquecer a los socios de la sociedad concursada” (es decir el Ministerio Público creado por el artículo 120 de la Constitución Nacional como “un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”). La respuesta pública del Poder Ejecutivo a una fiscal es una curiosidad con escasos pero ruidosos precedentes, que el gobierno prefiere no recordar;
la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, que debe resolver sobre el acuerdo concursal Macrì-Macrì y los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal donde Macrì le reclama indemnizaciones a Macrì por los bienes del Correo (es decir el Poder Judicial, cuya naturaleza expuesta en el artículo 109 de la Constitución no permite al Poder Ejecutivo “arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”); otros presidentes han opinado sobre fallos de primera o segunda instancia, pero ninguno había pedido un encuentro con sus autores para discutir la causa y proponer soluciones extravagantes;
el Poder Legislativo, al que el artículo 85 de la Constitución atribuye “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos” en base a “los dictámenes de la Auditoría General de la Nación” como “organismo de asistencia técnica del Congreso”. Una vez que el titular de la Auditoría, Oscar Lamberto, les recordó este aspecto básico del diseño institucional argentino, Peña Braun y Macrì se rectificaron y anunciaron que no tramitarían el pedido a la Auditoría desde el Poder Ejecutivo, sino por medio de los legisladores de Cambiemos ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que elabora el plan de tareas y recibe el informe de la AGN. Pero de los doce miembros de la Comisión Mixta, la Alianza Cambiemos sólo tiene a los diputados radicales Luis Borsani y Mario Negri, al diputado de PRO Alvaro Gustavo González, al senador radical Luis Petcoff Naidenoff y al senador transgénero Miguel Pichetto, de modo que depende de la buena voluntad del menjunje peronio-renovador, en el que no hay ningún necio que confunda valor y precio. ¿Este será el cálculo hecho por Macrì al vincular el affaire del Correo con el año electoral? A todos ellos les interesará conocer la razón oculta del interés oficial por entrometer a la AGN en la cuestión del Correo.
El tercero excluido
Además de este desdén por la división de poderes, el gobierno nacional no consigue distinguir entre los intereses particulares del presidente y los generales de la sociedad, que Macrì mencionó una y otra vez en su conferencia del jueves, en aplicación del antiquísimo refrán “dime de qué alardeas y te diré de qué careces”. Daría la impresión de que Macrì no comprende el principio aristotélico del tercero excluido, que podría ejemplificarse de este modo: si Macrì se abstiene de intervenir desde el gobierno en todo lo relativo a sus empresas e instruye a su ministro Aguad a volver a fojas CEO en el expediente concursal, una de las dos afirmaciones es verdadera y la otra es falsa. Ambas fueron sostenidas por el presidente en la conferencia de prensa.
El propio Macrì ayuda a discernir cuál es la afirmación verdadera y cuál la falsa. El presidente dijo que plantearían a la Cámara de Apelaciones “un acuerdo integral” y Peña Braun explicitó que esto implica “incorporar en el análisis los juicios que también le ha hecho la empresa al Estado para que no haya desequilibrios en la discusión” y los litigios se resuelvan “en una sola acción”. Aguad dijo que para lograr “más transparencia” el gobierno propiciaba que intervinieran la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación y Peña Braun añadió que esas instancias investigarían por qué no se acordó la solución durante los doce años del kirchnerismo, es decir la dosis de pesada herencia que exige el certificado de calidad JDB para cualquier pieza de comunicación oficial. Pero ocurre que éste es también el planteo del presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, palabra por palabra. En su escrito de la última semana a la Cámara de Apelaciones mencionó “un contexto mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado y la empresa”, ya que “el propio Estado provocó la presentación de este concurso y desapoderó de todos sus activos a la empresa sin compensación alguna”, en lo que considera “una verdadera confiscación”. Para Cibils Robirosa “la peor estatización realizada por el Estado Nacional despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas”. Su petitorio, idéntico al presidencial, es que la Cámara “llame a audiencia pública”, en la que participarían el Estado Nacional, la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía para buscar “de buena fe y en conjunto una salida razonable a este largo proceso concursal que merece una solución justa y equitativa”.
Antes y después
Tan interesante como esta identidad entre los planteos del gobierno y de la empresa es el único punto en el que difieren. Macrì dijo desde el salón blanco de la Casa de Gobierno que la falta de solución al conflicto “perjudica al Estado, que no cobró durante 14 años”. Para el Correo, en cambio, los años transcurridos “lejos de perjudicar al Estado Nacional sólo lo han beneficiado” porque “es el único que se ha aprovechado del paso del tiempo, usufructuando sin cortapisas todos los activos de la concursada, espuriamente apropiados sin jamás pagar un peso por ellos”. Macrì prepara así el terreno para el tipo de acuerdo que postula la empresa y que fue denunciado con precisión por la fiscal general Boquín en la ampliación de su dictamen que presentó el 10 de febrero. Allí comunica que el 13 de junio de 2016, dos semanas antes de la audiencia en la cual el Estado prestó conformidad a la propuesta de la empresa, el Correo Argentino SA presentó un nuevo reclamo por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones. Pero el 12 de agosto, es decir un mes y medio después de haber obtenido la conformidad estatal al acuerdo (que Boquín definió como “ruinoso para el patrimonio estatal”, violatorio de la ley de Etica Pública ya que implica “una licuación de pasivos y no una propuesta de pago”) el Correo amplió la demanda por 1365 millones de pesos de 2009 e intereses del 11 por ciento anual hasta el día del cobro. Para la fiscal esto es “contrario a la buena fe procesal, al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”. Esta es una “conducta desleal” que “infringe el límite moralmente permitido por nuestro sistema legal” y es abusivo que al Estado nacional se le pague el 7 por ciento anual de interés y la empresa reclame el 11 por ciento, sin abonar nada por los intereses suspendidos durante 16 años. La conciliación de reclamos cruzados es posible en un concurso preventivo, que se sustancia, como el del Correo, en el fuero en lo Civil y Comercial Federal, pero sería un procedimiento por completo extraño a la práctica legal argentina si incluyera, como plantea el gobierno, otros procesos que se siguen en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como también ocurre en este caso. Estos son los juicios de los Macrì contra el Estado:
Correo Argentino vs Estado Nacional/ Poder Ejecutivo por daños y perjuicios, debidos a las violaciones e incumplimientos del contrato, conculcados por culpa y/o responsabilidad objetiva del Estado Nacional concedente e incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. Jueza Clara Do Pico. Iniciado en 2000.
Daños y perjuicios, jueza María Alejandra Biotti, iniciado en 2000.
Correo Argentino contra Estado Nacional, Proceso de Conocimiento. Solicita la inconstitucionalidad del decreto 721/04, que crea el Correo Oficial de la República Argentina para prestar el servicio hasta que se reprivatice. Pide designación de un interventor. Jueza Claudia Rodríguez Vidal, iniciado en 2004.
Correo Argentino SA contra Estado Nacional por daños y perjuicios, por falta de pago de sus inversiones. A cargo del juez Pablo Gabriel Cayssials, el mismo que espera su nombramiento como camarista en retribución por haber anulado la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual, permitido al gobierno utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declarado inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidado el aumento del 300 por ciento en las tarifas del agua. Iniciado en 2016.
Conclusión: la marcha atrás ordenada por Macrì hasta fojas CEO se presenta como una defensa del Estado pero puede ser la puerta trampa que conduzca al resultado más favorable para la empresa, que hasta ahora Macrì no pudo conseguir en la justicia.
La manipulación
Un aspecto del frondoso dictamen de la fiscal Boquín al que se le ha prestado menos atención de la que merecía es el contenido en el punto 7, Irregularidades del proceso, inciso d), Manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores en el concurso del Correo, que fueron sometidos por una mayoría ficticia a la pérdida de sus derechos por una insolvencia planificada de la sociedad. Según la Ley de Concursos y Quiebras la aprobación de un concurso requiere dos mayorías absolutas: de acreedores y de capital. Según Boquín, ambas fueron manipuladas. La de personas, mediante la cesión de créditos y/o el otorgamiento de poderes irrevocables. De 375 acreedores computables, 361 aprobaron el acuerdo. Pero 231 de ellos tenían créditos verificados que iban de mil a 4000 pesos. “No es creíble que todos estuvieran de acuerdo en cobrar sus créditos por montos insignificantes en un plazo de 34 años desde la presentación en concurso, lo que equivale a una renuncia. El costo de la instrumentación de la conformidad en muchos casos superó al monto del crédito y algunos de los apoderados estaban vinculados con la concursada o con el estudio que la patrocina. La mayoría de capital estaba en manos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Río y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI). Pero tanto el BID como la CFI cedieron sus créditos a un banco que el dictamen menciona con el error de una letra como Meink Bank AG, cuando en realidad es Meinl Bank. En cualquier caso, dado “el carácter irrisorio de la propuesta” del Correo en concurso, “no cabe sino afirmar que el tercero que sustituyó al acreedor ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. Dentro de este inagotable juego de cajas chinas en que son diestros los Macrì, toca ahora descubrir qué es el Meinl Bank, que compró créditos por 400 millones con la expectativa de recuperar 8. Fundado en Viena hace un siglo y medio es la cabeza de un grupo económico que provee todo tipo de servicios financieros y que ha pasado parte de la última década litigando en los tribunales que investigaron sus negocios. Tiene una filial en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda, cuyo gobierno se ejerce en nombre de la reina de Gran Bretaña. Las investigaciones judiciales del Lava Jato brasileño determinaron que la mayoría accionaria de esa filial caribeña del Meinl Bank pertenece a la constructora Odebrecht, que otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, Socma, Sideco e Inversid, del Grupo Macrì, con garantía de acciones. De modo que la sociedad entre las constructoras de las familias Odebrecht y Macrì no se limita a la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Arribas no está solo.
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