Es un estudio encargado para acusar al empresario e intentar probar que lo cubrían desde el gobierno nacional. Pero no encuentra incumplimientos graves, ni interferencia federal, ni pagos indebidos.
Por Raúl Kollmann
La auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad hecha por el propio macrismo destroza la mayoría de las acusaciones lanzadas contra Lázaro Báez desde la fiscalía y sobre todo desde los medios. Una lectura a fondo de las 33 páginas del documento confirma la conclusión general de la Unidad de Auditoría Interna, que sostiene que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo unos pocos casos puntales que se detallan”. O sea que las obras se hicieron bien y no se cobró nada que no se hubiera hecho, ya que no se emitieron certificados de finalización de trabajos que no estuvieran terminados.
Con esos certificados es que las constructoras realizan los trámites de cobro. En el terreno mediático se quiso dejar la impresión que gran parte de las obras no fueron terminadas, pero el informe indica que en algunos casos se paralizaron en noviembre de 2015 a raíz de que se frenaron los pagos, en otros se terminaron en un noventa por ciento y en otros el mismo texto indica que estaba justificada la paralización. Por ejemplo, porque no se había concretado una expropiación de terrenos, algo que no estaba en manos de las empresas de Báez sino del gobierno provincial. Las empresas de Báez se portaron exactamente como otras contratistas que tienen obras inconclusas y paralizadas, con porcentajes aún menores de avance. Los encargados de la auditoría tampoco encontraron sobreprecios y fueron elogiosos con la calidad de las obras.
El uso de la auditoría de Vialidad en la causa judicial es grotesco por varias razones:
En primer lugar, porque no se trata de una pericia. Es un estudio hecho por funcionarios que trabajan bajo el mando de Javier Iguacel, ex candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. O sea que no es una pericia en la que las partes tienen control y participación, sino un trabajo a cargo de la estructura del PRO. El texto lo firman los ingenieros Justo Romero y Marín González Oría, y el contador Marcelo Bianchi.
La auditoría se hizo únicamente respecto de Santa Cruz, es decir que estuvo direccionada. No importaron las demás 23 provincias del país ni la ciudad de Buenos Aires porque el objetivo era condenar al kirchnerismo, no investigar la obra pública.
La auditoría se centró en las empresas de Báez y no en las cuarenta constructoras que participaron de licitaciones y consiguieron más adjudicaciones que el constructor santacruceño. En las otras empresas que actuaron en Santa Cruz se verifica exactamente el mismo comportamiento que en las empresas de Báez.
En la misma línea, la auditoría se concentró únicamente en la construcción de rutas y no se indagó sobre el resto de la obra pública. Todo estuvo direccionado.
Aún así, el informe de los auditores refuta la mayoría de las acusaciones.
Ruta Nacional 3
“De las catorce obras contratadas sobre la Ruta 3, diez están terminadas”, señala la auditoría en la página cinco. Todas ellas fueron concretadas por convenio con la provincia de Santa Cruz, es decir que la administración provincial licitó, adjudicó y controló las obras. O sea que no se puede, razonablemente, adjudicarle la responsabilidad al gobierno nacional de desfases, aunque la realidad es que no los hubo.
De las cuatro no terminadas “tres conforman en su conjunto una sola obra” centrada en la circunvalación de Caleta Olivia. El informe indica que “se trata de una obra sumamente compleja, con dificultades e imprevistos surgidos durante la ejecución, además de una alta conflictividad social debido a que en la actualidad se formaron barrios sobre la margen de la obra, por lo que la circunvalación atraviesa sectores que fueron paulatinamente poblados”.
En las cuatro obras no terminadas hay una sobre la ruta 3 que no es de Austral ni de ninguna empresa del grupo Báez. Es un tramo que une Tres Cerros y San Julián. Debía entregarse en diciembre de 2016 y al momento de hacerse la auditoría llevaba 32 por ciento de avance y “se encuentra paralizada desde marzo de 2015”. Es decir que la empresa que no era de Báez es la que registra más atraso, aunque la propia auditoría considera razonable que esté paralizada porque hay que desplazar personas asentadas en los terrenos por los que debía hacerse la obra.
Un dato significativo que surge del estudio es que se recomienda terminar las obras porque “son de la mayor prioridad” por ser de intenso tráfico y porque permitiría tener la ruta 3 completamente repavimentada en todo Santa Cruz hasta el límite con Chile.
Ruta Nacional 40 Norte
La 40 es estratégica porque va paralela a la Cordillera de los Andes de Chubut hasta el límite con Chile. El primer tramo que consigna el informe es el del norte de Santa Cruz. “Este tramo consta de 15 obras entre el límite con la provincia de Chubut y la ciudad de El Calafate. Doce de las obras están terminadas y tres en ejecución, dos de ellas muy próximas a terminarse”. Así resume la auditoría el segundo grupo de obras en importancia.
De las quince obras, doce se realizaron por convenio entre Vialidad Nacional y Santa Cruz, por lo cual la provincia estuvo a cargo desde las licitaciones hasta el control de obra. Hay dos tramos adjudicados a Petersen y terminados en un 95 por ciento y la auditoría dice textualmente “dos obras entre Lago Cardiel y Tres Lagos, de más reciente contratación, el comitente es Vialidad Nacional, presentando un avance del 32 por ciento”. El texto señala que las obras se paralizaron en noviembre 2015, según parece por la falta de pago ya que la administración Macri congeló los fondos. El texto señala que hasta ese momento se estaba trabajando.
La conclusión sobre las obras en la Ruta 40 es que “la mayoría de las obras están terminadas y hay dos que correspondieron a Austral Construcciónes que registran un avance del 32 por ciento, con una ejecución ordenada”.
Ruta Nacional 40 Sur
La auditoría menciona seis obras, cinco concretadas por Austral Construcciones y una por Petersen. En todos los casos se realizaron por convenio con la Provincia de Santa Cruz, es decir que también en estos casos fue Vialidad Provincial la que licitó, adjudicó y controló las obras.
“Está prácticamente finalizado el tramo desde 28 de Noviembre a Rostempek”.
De Rostempek a Puente Blanco está paralizado y neutralizado desde 2014. En esta obra resta por resolver la liberación de la traza, que se encuentra en trámite de expropiación. Neutralizado significa que no se avanza en la obra ni se le paga a la constructora. Y la parálisis se debe a que las tierras deben ser expropiadas, algo que tiene que hacer la provincia.
Puente Blanco-Bella Vista, 81 kilómetros, está paralizada por la misma razón con un avance del sesenta por ciento. En esta obra hay una parte no terminada que ya se pagó y una parte terminada que no se pagó. Ambas cosas aparecen en el informe y parecen compensarse.
Bella Vista-Buitreras está terminada
Buitreras-Güer Aike también terminada.
En la única obra que no quedó en manos de Austral, Chimen Aike-Punta Loyola, la obra se encuentra paralizada y neutralizada desde septiembre de 2015. Incluso la auditoría menciona partes que están certificadas, pero sin terminar.
La conclusión es que las obras están casi todas terminadas y que los problemas de finalización –muchas veces porque faltan expropiar tierras– se dieron tanto en Austral como en otras constructoras.
Ruta Nacional 281 Puerto Deseado
Se trata de dos obras, ambas realizadas por una empresa del grupo Báez, Kank y Costilla. Son 126 kilómetros, es decir un emprendimiento de importancia. La primer obra está paralizada desde hace dos años con un avance del 91 por ciento. El nueve por ciento que falta es la pavimentación del autódromo de Puerto Deseado. La segunda obra, del kilómetro 32,55 al 126 está terminada. La auditoría destina un párrafo a elogiar el “muy buen estado general” de ambos trabajos.
Ruta Nacional 288
Es una ruta que atraviesa la provincia de Santa Cruz de Este a Oeste. Son cuatro obras, todas a cargo del grupo Báez y todas en convenio con la provincia, que fue la que las licitó. El acceso a Puerto Santa Cruz se paralizó en noviembre de 2015, por falta de pago. Está ejecutada en un treinta por ciento pero el informe señala que el acceso al puerto está prácticamente terminado y que se hicieron “tareas de bacheo que superaron las previsiones del proyecto, aunque la empresa nunca reclamó el cobro adicional de estas tareas”. En toda la descripción que hacen los auditores dejan asentado que la obra está bastante avanzada. La segunda obra, Piedrabuena-La Julia, está terminada. Sólo falta demoler un puente viejo. De La Julia a Kilómetro 75 está paralizada desde noviembre de 2015, también por falta de pago. Estaba previsto su plazo hasta 2016 y se ejecutó el 45 por ciento. Kilómetro 75-Tres Lagos también paralizada desde noviembre de 2015 por falta de pago. El avance es del 34 por ciento.
Evaluaciones
Como surge de las transcripciones de la auditoría, se difundió un cuadro falso de la situación. Buena parte de las obras están terminadas y las que no se terminaron obedecen a falta de pago o expropiaciones en curso y en unos pocos casos rediseño de las obras que el estado provincial tardó en aprobar. Pero el punto clave es que la auditoría dice que Báez no cobró obras que no se hicieron o partes que no se terminaron. El mecanismo es que el Estado entrega un certificado y ese certificado permite cobrar. El texto dice: “respecto de la emisión de certificados cabe mencionar que, en principio, los desajustes observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.
Hay dos o tres puntos que la Auditoría marca, pero que no cambian sustancialmente las cosas. Los auditores sostienen que los pliegos indican que los directores técnicos de las obras deben estar siempre presentes. En ese terreno señalan que Báez tuvo el mismo director técnico en varias obras lo que hacía imposible que ese ingeniero estuviera en varios lugares al mismo tiempo. Algo parecido objetan respecto de la maquinaria vial. Los auditores mencionan que los pliegos indicaban que las máquinas debían ser exclusivas de cada obra, pero que Báez utilizó en más de una obra.
Respecto de estos puntos, como la auditoría fue hecha por los funcionarios macristas, no hay un respuesta de Austral Construcciones o del propio Báez. Y, por otra parte, quien debía controlar esos aspectos –claramente menores– eran los funcionarios de Santa Cruz. Adjudicarle la responsabilidad a una asociación ilícita encabezada por la Presidenta es directamente descabellado.
Conclusión
En el capítulo final del informe de la Auditoría de Vialidad Nacional se repite concretamente:
“Existieron incumplimientos reiterados de los plazos de obra”. Sin embargo, esos atrasos o paralizaciones aparecen explicadas en el mismo informe de auditoría. Además se ve con claridad en el texto que otras adjudicatarias estuvieron exactamente en la misma situación.
“Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”.
“Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.
La coalición politica-judicial-mediática armó un gigantesco globo sobre la base de un informe que dice exactamente lo contrario.
raulkollmann@hotmail.com
Publicado en:
https://pagina12.com.ar/13084-una-causa-en-el-reino-del-reves
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