Gustavo Arribas, jefe de la AFI, investigado por la
Justicia. Mariano Federici, titular de la UIF.
(Imagen: DyN)
El traspaso de la Unidad de Información Financiera a
Finanzas recalentó las internas en el Gabinete
Cruces en el Gobierno por el control del lavado
La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas
reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza
también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por
evasión.
Por Cristian Carrillo
En el Gobierno existe una feroz interna por el manejo de la
Unidad de Información Financiera (UIF). Una parte del oficialismo reprocha que
los cambios en el funcionamiento y en el organigrama de la entidad reguladora
apañan al sistema financiero. El principal inconveniente que apuntan es el
traspaso de jurisdicción de la UIF, que desde su creación estuvo bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y ahora pasó a depender de la cartera de Finanzas,
que conduce Luis Caputo. Funcionarios del área aseguran que no hay problemas de
coordinación y regulación y toman como ejemplo lo hecho en otros países. Sin
embargo, las falencias en el monitoreo quedaron en evidencia con el caso del ex
jefe de los espías, Gustavo Arribas, donde se cuestionó que la UIF, a cargo de
Mariano Federici, fue notificada pero no actuó diligentemente.
A escasos meses de que el país ocupe por primera vez la
Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo
supranacional encargado de delinear acciones y propuestas para la lucha contra
el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, crece el malestar entre
las distintas áreas involucradas en la conducción UIF. Durante la votación del
paquete de leyes del blanqueo se incorporó sobre el final un artículo para
pasar las funciones de control de la UIF a Hacienda y, tras la separación de
esa cartera, a Finanzas. El traspaso había sido solicitado por un grupo de
bancos extranjeros, y trasladado por Caputo a su bloque de Diputados, como
condición para asegurarle al gobierno un éxito en el blanqueo. Según sostiene
la parte molesta con esa decisión, ésto implicó un menor seguimiento de
operaciones que podrían considerarse sospechosas, explicando el abultado número
de adherentes a ese beneficio y el elevado monto ingresado.
Desde su creación, en el 2000, la UIF siempre respondió al
Ministerio de Justicia y con los años fue ganando autonomía en la gestión.
Desde los primeros días de gobierno, Cambiemos comenzó un acelerado proceso de
desmantelamiento y fragmentación de la UIF. Empezó con el arribo de abogados
provenientes de los estudios que defienden a bancos o personal de esas
entidades financieras acusados de lavar dinero, como el caso de la
vicepresidenta María Eugenia Talerico, y continuó con el despido de la mitad de
los analistas de información. Por su parte, Federici fue propuesto por Felipe
Miguel, el jefe de ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo
de Horacio Rodríguez Larreta. Como muchos otros funcionarios macristas, tiene
experiencia gerencial en el sector privado, vinculado a la industria del seguro,
con antecedentes en Boston Compañía Argentina de Seguros, SDM Consulting Group,
Led Argentina y Pull Luego fue el turno de achicar la nómica de técnicos. En el
caso de los trabajadores de planta permanente hace unos meses se les quitó
funciones y se les redujo el salario, denunciaron ante este diario fuentes que
representan al sector (ver aparte).
Pero la decisión de centralizar toda la información en el
Ministerio de Finanzas es lo que más ruido hizo. Según reconocieron a este
diario fuentes cercanas al ministro de Justicia, Germán Garavano, todavía se
preguntan por qué no quedó en Hacienda, como fue el cambo originalmente. Por un
lado, la cartera de Justicia que conduce mantuvo la representación de la UIF
ante el GAFI y el Gafilat (regional). A partir del trabajo realizado hasta 2014
por la UIF, el país dejó de estar en la lista gris y desde el 1 de junio
pasado, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, segundo de Garavano, fue
designado como vicepresidente del GAFI. A partir del 1 de julio tomará el cargo
de presidente de esa misma entidad. Entre otras funciones que mantiene el
Ministerio de Justicia se encuentra la coordinación de los organismos de
cumplimiento de ley, de los reguladores (Comisión Nacional de Valores, Banco
Central y AFIP) y la de los sujetos obligados.
Por otro lado, están las atribuciones de la UIF bajo la
órbita de Finanzas, que tiene la tarea de centralizar la información que reciba
de los mismos bancos que solicitaron el cambio de jurisdicción. De esta manera,
Caputo se aseguró la posibilidad de bloquear el acceso a cualquier dato sobre
los blanqueadores. El arreglo con los bancos, según aseguran fuentes oficiales,
tendría como contrapartida una rebaja en las comisiones para futuras
colocaciones de deuda, aunque aún ese beneficio no se reflejó en las recientes
emisiones.
“Mi oficina trabaja en el fortalecimiento de la cooperación
interinstitucional para el Combate del Terrorismo y los crímenes financieros lo
que implica una red de trabajo de más de 30 organismos del Estado, incluyendo
agencias de cumplimento de la ley, reguladores y el apoyo de las Naciones
Unidas. La única interna que tenemos es con los grupos criminales que operan
para que tengamos un país más injusto e inseguro. Tenemos un largo y fuerte
compromiso ético político para que el país sea exitoso en esta lucha por las
instituciones”, señaló a PáginaI12 Juan Félix Marteau, coordinador para el
combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Ministerio
de Justicia, al ser consultado sobre el tema.
El interrogante es cómo se plantará el país ante el GAFI con
estas modificaciones. El director de la Unidad Coordinadora Internacional de
Justicia, Eugenio Curia, quien es el representante nacional ante el GAFI,
aseguró a este diario que “el cambio de órbita a Finanzas no afecta en lo más
mínimo la posición argentina” y citó otros ejemplos de países de la región que
utilizan ese organigrama. Según indicó, “siempre hubo una coordinación
operativa sin problemas”. Sin embargo, la UIF deberá explicar qué sucedió con
el caso de Arribas, quien habría recibido un pago de 600 mil dólares de un
condenado por corrupción y pago de coimas en Brasil en el marco de la
investigación denominada Lava Jato. PáginaI12 buscó comunicarse con Federici
para que explique la posición de la entidad que conduce, pero no respondió.
El despliegue de influencias del flamante ministro e
Finanzas no se circunscribe a la UIF. También desembarcó en la Superintendencia
de Seguros. La entidad encargada de supervisar al millonario sector asegurador
quedará a cargo de Juan Alberto Pazo, quien se ufana de ser íntimo amigo de
Caputo. Pazo se desempeñaba como jefe de Gabinete de Federici y antes de
desembarcar en la función pública era directivo de Las Blondas, la firma a
cargo de comercializar la marca de indumentaria Rapsodia.
Pazo estuvo investigado por presuntas maniobras de evasión
de la firma y figura como directivo en sociedades offshore radicadas en Panamá
asociadas a esa etiqueta de ropa. “Hoy miramos al sistema financiero como uno
de nuestros principales socios y eso es esencial para prevenir delitos
financieros”, había asegurado como representante de la UIF durante un evento de
ASAP. Pazo reemplazó a Edgardo Podgarny, quien a comienzos del año pasado
desarticuló una exigencia establecida en 2012 para que las aseguradoras
destinen una porción de sus fondos al financiamiento de proyectos productivos y
de infraestructura. La medida implicó reducir del 18 al 3 por ciento la porción
de la cartera de inversiones de las compañías del sector dirigida hacia fondos
comunes de inversión pequeñas y medianas empresas.
Pazo es señalado por un ala del Gobierno como el
“articulador de la jugada”, respondiendo a Caputo, que implicó el traspaso de
la UIF a la órbita de la cartera económica. El superintendente además se jacta
de seguir siendo el de mayor influencia en el Gabinete de la UIF. Dentro de la
Unidad también hay otra interna, debido a que las decisiones de Federici no
toman en cuenta la posición del Consejo Asesor, que integran representantes del
BCRA, AFIP, CNV, Ministerio de Justicia, de Finanzas, de Interior, un experto
en temas de lavado, y otros sobre prevención de drogadicción.
Este incumplimiento es una grave violación del artículo 8 de
la Ley 25.246, que señala que la UIF estará integrada por un Presidente, un
Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete Vocales. Los integrantes deben ser
designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de cada uno de
los organismos que representan. Esto implica que el presidente de la UIF tendrá
voz, pero no voto en la adopción de sus decisiones, para lo cual se requiere de
al menos cinco de sus integrantes y se decidirá por mayoría simple. Hasta el
momento fueron nombrados en el Consejo José María Gielis, en representación del
BCRA; Mariano Sebastián Proh, del Ministerio del Interior; Martín Andrés
Montero, del Ministerio de Justicia; Germán Miguel Gordillo, de Finanzas; y
María Soledad Castro, de la CNV.
Las fuentes del gobierno que no están de acuerdo con este
tipo de manejos sostienen que Federici pretende gobernar sin consejo asesor que
lo condicione. No obstante, para eso debería impulsar otra nueva reforma
express como la que consiguió cuando mudaron la UIF a Hacienda, que terminó en
Finanzas.
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