El primer mensaje público de Milagro Sala desconcertó la estrategia del gobierno
Por primera vez desde su detención ilegal, la voz de Milagro Sala se escuchó en todo el país. Su declaración indagatoria, en la primera causa en su contra iniciada por denuncia del contador Morales, se convirtió en la tribuna que hasta ahora le habían negado, mientras una propaganda abrumadora, calcada sobre la que realizó hace cuatro décadas la dictadura, la estigmatizaba como causante de todos los males de una provincia que recién con ella tras de rejas respira en unión, paz y libertad.
Por Horacio Verbitsky
Desde Jujuy
Hasta ahora Milagro Sala sólo había podido comunicarse en forma escueta y esporádica, por medio de notas manuscritas, cuando se sabe que la escritura no es su forma preferida de expresión. En algún momento de melancolía pensó incluso en suicidarse y borroneó una carta al contador Morales ofrendando su vida a cambio de la libertad de los demás rehenes y el cese de la destrucción de su obra. Sin embargo, los diálogos con sus compañeros y con los visitantes que llegan a transmitirle su apoyo, caminando abrazados en torno de la canchita en el patio del penal, le ayudaron a sobreponerse y asumir que ha dejado de ser una persona privada. Como Fidel Castro después del ataque al Moncada, Mandela desde la prisión de Robben Island o los militantes argentinos de la década del 70 durante lo peor de la represión dictatorial, tiene una responsabilidad pública que excede al sufrimiento de sus hijos y de su nieto que llora porque no podrá armar el arbolito de Navidad con la abuela. La comparación con Castro o Mandela la ruboriza, pero refuerza sus convicciones.
Milagro también dudó en presentarse a declarar, porque entendía que el gobierno de los contadores Morales y Carlos Haquim realizaría un circo mediático. Los traslados previos fueron puestas en escena para presentarla rodeada de patrulleros y carros de asalto, personal con armas largas y rostro cubierto, como si se tratara del Chapo Guzmán o de una peligrosa terrorista internacional. Es la misma técnica que la Nación aplicó luego con Lázaro Báez y José López, que recién sufrió un contratiempo con la movilización que impidió ese tratamiento para Hebe Bonafini y que se detiene ante CFK por el temor oficial a las reacciones públicas si intentara algo similar con ella. Para alguien que vivió en la calle y sufrió todo tipo de vilipendios por su triple condición de mujer, indígena y marginal, esa prepotencia de poder es una humillación que arroja sal en esas heridas. Hasta que advirtió que ése podría ser su gran día y el circo mediático su oportunidad para hacerse oír, que allí no habría ninguna celadora controlando sus palabras, cortándole la comunicación telefónica con un periodista.
No se equivocó la Paloma
Pero todo estaba preparado para que la voz de Milagro no saliera del recinto de la sala de audiencias. Sólo la torpeza de los jueces del Tribunal Oral Federal y la lucidez de una de las abogadas, lo impidieron. Los jueces Mario Juárez Almaraz, María Cataldi y Santiago Díaz, firmaron la Acordada 6/2016 destinada a “limitar el ingreso y/o permanencia en la sala de audiencias con grabadores, filmadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y cualquier otro medio, dispositivo o equipo técnico que permita su grabación”. En la primera audiencia los periodistas sólo podrían “ingresar para la publicidad de los actos iníciales del juicio (arts.374 y 378 del CPPN)” y luego deberían retirarse. También dispusieron limitar el acceso, primero a los familiares directos de las partes y luego por orden de llegada hasta colmar “la capacidad física de la sala”. Durante los juicios por crímenes de lesa humanidad, se acomodaron en esa misma sala cinco docenas de personas. Esta vez, en cambio, el Tribunal restringió el cupo a sólo 24 asientos. La abogada defensora de Graciela López, Paloma Alvarez Carreras, pidió que se permitiera el ingreso de más gente, ya que había muchos interesados que esperaban desde las 6 de la mañana, pero el tribunal se negó, sin fundamentarlo. La defensora de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, insistió. Contó que habían solicitado la transmisión en directo por el canal de televisión de la Corte Suprema de Justicia pero que el tribunal no se había dignado contestar. Cuando argumentaba sobre el principio de publicidad de los actos de gobierno, se le cortó el micrófono. Al reanudarse la conexión señaló que la Acordada hablaba de capacidad de la sala y no de número de asientos, que como ocurre en muchos juicios podría haber asistentes parados y que buena parte del salón estaba ocupado por escritorios sobre los que se arrumbaron monitores fuera de uso. “Si sacan esos bártulos habría más espacio”, arguyó, in re Gemignani. El nebuloso fiscal Domingo Batule se opuso, como de costumbre porque sí, y el tribunal hizo un cuarto intermedio, como si debiera resolver una cuestión compleja. A su término hizo leer por secretaría una resolución anunciando que para las próximas audiencias procuraría hacer más espacio para el público. Cuando se agotaron estas cuestiones preliminares, Juárez Almaraz ordenó que se retiraran de la sala los instrumentos de registro de sonido e imagen. Todos habían leído la Acordada, pero sólo Paloma Álvarez Carreras cotejó con calma su texto con los artículos del Código Procesal Penal de la Nación que cita. La morena Álvarez Carreras se complementa a la perfección con la rubia Gómez Alcorta. A la vivacidad de la abogada porteña, cuya solvencia técnica transmitida a latigazos verbales cargados de adrenalina desnuda e irrita a jueces y fiscales, la jujeña suma una inteligencia reflexiva y serena, que puede lograr efectos demoledores y rara vez marra el objetivo. Las cámaras ya se habían retirado cuando Paloma citó el texto que los propios jueces habían acordado y les leyó el artículo 378 del Código, que incluye entre los actos iniciales la declaración indagatoria del imputado. Los jueces se miraron desconcertados y no tuvieron más alternativa que permitir el reingreso de las cámaras. Al culminar su declaración, en la que reivindicó la obra de dignificación y organización “de los negros” para que no dependan de ningún sector político, estudien, se capaciten y no tengan que bajar la cabeza, Milagro Sala dijo que quería confiar en la independencia de la justicia federal. Tal vez sea un exceso de optimismo, tomando en cuenta el sesgo adverso a los imputados del presidente del tribunal. Cada vez que hubo una disidencia de interpretación sobre algún aspecto del proceso, laudó a favor de la querella del contador Morales, quien para este juicio sumó a su equipo al joven abogado Federico Wagner, del estudio Gil Lavedra, quien sólo aportó la demostración de que el radicalismo cierra filas en apoyo del gobernador con olvido del ex presidente Raúl Alfonsín y su respeto por los derechos humanos. El viernes la conducción partidaria y de sus bloques legislativos se reunió en Jujuy para expresar su apoyo a Morales. Almaraz fue juez provincial y su designación fue promovida por el ex gobernador Eduardo Fellner, uno de los rostros del bipartidismo que se repartió durante décadas todos los cargos en la justicia. Su desconocimiento de cuestiones elementales reavivó las versiones nunca comprobadas de que recibió en forma ilegal las preguntas sobre las que debería responder en el examen ante el jurado del Consejo de la Magistratura. María Cataldi, designada al mismo tiempo que Almaraz, está casada con un funcionario del Banco Nación, integrante de un grupo que cada año festeja el 24 de marzo. Cataldi fue durante años secretaria del juez federal de Jujuy Mariano Cardozo, quien fue acusado por su actuación como fiscal y como juez durante la dictadura como encubridor de privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios. Federico Santiago Díaz debía responder las consultas de sus noveles colegas cada vez que surgía alguna duda, porque parece el único con alguna formación. Sus antecedentes en juicios por crímenes de lesa humanidad no son inequívocos: en la Cámara Federal de Salta votó por el apartamiento del fiscal Pablo Pelazzo, tal como había solicitado el principal accionista del Ingenio Ledesma y fuente del poder real regional, Carlos Pedro Blaquier, pero cuando ese tribunal confirmó el procesamiento de Blaquier sólo por complicidad con los secuestros en la infame Noche del Apagón y sin prisión preventiva, Díaz votó en disidencia por su detención inmediata por torturas agravadas.
Cochinillo Arellano pide custodia porque tiene miedo, pero circula solo y muy tranquilo a la luz del día.
Las palabras de Milagro Sala transmitidas durante una hora en directo, en las que dijo que los pueblos originarios saben perdonar, que de haber participado de la protesta contra Morales lo hubiera hecho a cara descubierta, porque a diferencia del gobernador ella siempre ha ido al frente, causaron conmoción en todo el país y contrarrestaron la propaganda abusiva del gobierno jujeño, que montó un dispositivo de inteligencia sobre los turistas de otras provincias para que supuestos transeúntes o verdaderos taxistas los aborden con la visión oficial sobre la primera presa política de la democracia argentina.
Las indagatorias
La primera indagatoria fue la de Graciela López, detenida la misma noche en que Morales fue bañado de huevos e insultado en el Consejo de Ciencias Económicas jujeño. Dijo que no militaba en la Túpac Amaru sino en la Corriente Clasista y Combativa y en el Partido Comunista Revolucionario y que había asistido a la protesta contra el contador Morales como “cooperativista independiente” que vivió en la calle hasta que construyó su propia vivienda, que se movilizó porque Morales había acusado de negros delincuentes a los trabajadores de las cooperativas y prometido que las haría desaparecer. Ridiculizó la acusación, señalando su figura baja y rotunda. “Tenía 100 kilos más que ahora, no podía correr, no vine con la manifestación, estaba sentada adentro cuando llegaron”. Reconoció su amistad con Milagro Sala, con quien participó en muchas manifestaciones. “Pero en esta no estuvo”. Al llegar Morales, López levantó un cartel que decía: “Queremos trabajo digno”. Discutieron cara a cara “y yo no me quedé callada”. Morales le gritó: “A vos te manda Milagro Sala”, cosa que nadie más dijo ese día y durante los meses siguientes. López lo refutó ante el tribunal: “A mí no me mandó nadie”. El segundo imputado, Ramón Gustavo Salvatierra, quien fue detenido en la calle, cerca del Consejo de Ciencias Económicas, también construyó su propia casa y militó en la CCC. “Nos decían negros, vagos y ladrones, rótulos discriminatorios”, se quejó. El racismo sobrevoló toda la audiencia, cuando expusieron los testigos de la querella. El funcionario radical Miguel Angel Giubergia, correligionario y amigo de Gerardo Morales testimonió que los agredidos decían que los hechos “tienen la matriz de Milagro Sala”, aunque nadie la vio allí ni había pecheras o camisas que identificaran a su organización. También dijo que Graciela López “hablaba por teléfono y venía con nuevas actitudes y órdenes”. Cuando Gómez Alcorta le pidió que detallara las palabras que escuchó decir, sólo recordó “Eh, vamos”. Y agregó: “Como actúan ellos”. El testigo Carlos Alberto Toconas, funcionario del gobierno provincial, dijo que días antes del episodio Milagro Sala le había transmitido un mensaje amenazador para el contador Morales, porque en el debate de la ley audiovisual había hablado de las organizaciones sociales. Que se cuidara, porque ella sabía muchas cosas de él y también podría hablar. Pero el diario de sesiones del Senado muestra que en el debate sobre esa ley, el 9 y 10 de octubre de 2009, Morales no hizo referencia alguna a las organizaciones sociales. Además, se contradijo con otros testigos de Morales, como el auditor Alejandro Nievas y su colaboradora María Sorbello, quienes declararon que las amenazas a Morales el 16 de octubre se referían al intento de controlar la ejecución de la obra pública por las cooperativas. “A quien vas a venir a controlar vos”, dijeron haber oído. Nievas dijo que “la primera reacción de mis amigos, como Gerardo, fue de sorpresa, porque no se esperaba algo de esas características”, lo cual refuta la idea de que vivían amenazados, en un clima de violencia. También mencionó un episodio que habría ocurrido poco antes con un par de auditores. “Fueron a la sede de la Túpac Amaru, en busca de documentación, allí los encerraron y no los dejaban salir”. Gómez Alcorta le preguntó si habían denunciado esa privación ilegal de la libertad y Nievas respondió que no, porque “después se soluciónó”. En aquel momento, Morales dijo que a su pedido la Auditoría General de la Nación envió dos auditores “y los sacaron corriendo. Pero el entonces Auditor General Leandro Despouy no confirmó la denuncia de Morales. “Al principio la organización no quería ser auditada, pero después accedieron, cuando les explicaron qué información buscaban. Aparentemente la información que se buscaba se obtuvo”, dijo ante una consulta para la nota que se publicó en esta columna el 25 de octubre de 2009. El resultado de esa auditoría, del 3 de septiembre de 2009, también figuró en esa nota (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-134056-2009-10-25.html). Sus conclusiones firmadas por los auditores Alberto Garré y Elvira Muñoz fueron que “la obra en cuestión se encuentra ejecutada en un cien por cien (100%), no obstante quedar un saldo impago a la fecha”. Nievas hizo un ampuloso discurso político en el que acusó a Milagro Sala de generalizar la violencia en la provincia por medio de amenazas, pero cuando Gómez Alcorta le pidió que precisara qué había escuchado, sólo respondió “dos o tres palabras”.
–Cuáles– repreguntó la implacable abogada, que renunció a la dirección del programa Verdad y Justicia cuando el ministerio de Justicia y derechos humanos le pidió que confeccionara la lista de personas a despedir.
–Dos o tres palabras es una metáfora– respondió a los gritos Nievas, quien está mal acostumbrado a las entrevistas cómplices con la prensa canalla.
Elizabet Gómez Alcorta, que desnuda e irrita a jueces y fiscales.
También Clarín incurrió en un desplante racista al presentar a la abogada como una chica de San Isidro, fanática de Fidel Castro, a quien llaman Eli. Además le hizo saber que controlan su facebook y que saben cómo se llama su hijito. Esas líneas están inspiradas por el mismo desdén que provocó en las clases dominantes la construcción en los barrios de la Túpac Amaru de parques acuáticos, centros de salud y escuelas para los negros. Tampoco se les perdona presentarse a la justicia con una defensa técnica de calidad, que además no proviene de un gran estudio. A la inversa, implican que al poner su arte al servicio de una indígena, la defensora traiciona a la clase que en forma prejuiciosa le atribuyen, sólo por la ubicación del colegio público donde cursó sus estudios secundarios.
El testimonio de Nieva incluyó un desopilante blooper jurídico. Cuando mencionó a su amigo Morales, Gómez Alcorta lo interrumpió:
–El tribunal le preguntó por las generales de la ley, si era amigo o enemigo de alguna de las partes y usted juró que no.
–Pensé que se refería sólo a los imputados –respondió Nievas, quien dijo ser abogado.
Juárez Almaraz, quien orientó la respuesta del testigo, interpretando qué quiso decir en vez de permitir una repregunta, no tuvo más remedio que volver a tomarle juramento, lo cual muestra el paupérrimo nivel de un tribunal que ni siquiera supo disimular su parcialidad con la anodina jerga judicial, pese a tener al alcance al inefable maestro Batule.
Los únicos testimonios que implicaron a Milagro fueron los de un matrimonio de cooperativistas, que el actual gobernador presentó un año después de los hechos. Ambos relataron reuniones en las que Milagro Sala habría ordenado un escrache al entonces senador radical. René Orlando Arellano, a quien todos llaman Cochinillo o Cochi, es un expositor torrencial, que mezcla fechas y lugares mientras habla a borbotones. Tanto él como su esposa Cristina Noemí Chauque, empleada después de su testimonio en el municipio de la Capital, conocen desde adentro las organizaciones sociales, de las que fueron parte. Eso les permite mencionar personas, lugares y episodios que brindan a sus testimonios una aparente credibilidad que no se sostiene cuando se repasa en forma detenida cada afirmación y se las contrasta con otras constancias del expediente, con otras partes de su misma declaración o con la de su cónyuge, como suele ocurrir al momento de los alegatos finales. También es probable que sean denunciados por falso testimonio, un delito que se castiga hasta con diez años de prisión si se comete como en este caso contra los imputados. Pero en la mecánica de la audiencia pública ambos fueron eficaces, con golpes bajos bien guionados, como el llanto de la mujer cuanto contó que Milagro Sala le habría pegado a uno de sus hijos, o la exhibición que Cochinillo hizo de dos fotografías del muchacho con rastros de golpes en el rostro. Por supuesto, no hay ninguna constancia sobre cuándo fueron tomadas ni quién le dejó esas marcas. En cambio, en su indagatoria, Milagro Sala contó que se fue a vivir con ella un hijo de Chauque, Angel (cosa que la madre confirmó) porque Cochinillo tomaba mucho y le pegaba. También recordó que Arellano había sido acusado de vender los bolsos con mercadería, por lo cual fue excluido de la red de organizaciones, a lo que atribuyó su denuncia. Los testimonios de Cochinillo y Chauque concluyeron con idéntico discurso político: Milagro no es buena, es mala, ha hecho mucho daño, ellos están asustados y piden custodia, cosa que no se condice con la tranquilidad con que se mueve Arellano, quien llegó solo al tribunal, ni con la desbandada de la organización Túpac Amaru, que ni puede pagar la luz de su sede. El principal aliado de Morales en el radicalismo, Ernesto Sanz confesó que la detención de Milagro era el reaseguro de la gobernabilidad en Jujuy, cosa que se ha logrado al costo de aniquilar el Estado de Derecho y colocar al gobierno nacional como un paria repudiado por la comunidad internacional.
El diputado Capusotto
Dentro de su disparatada ofensiva contra los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, un grupo de legisladores de la Alianza Gobernante presentó un proyecto de ley de consulta popular para que la población decida si Milagro debe seguir detenida. Ese texto, salido de la pluma del diputado Capusotto, pero firmado también por los bloques radical y renovador justicialista de la Legislatura, dice que en 200 años de historia los organismos internacionales no estuvieron cuando se los necesitó, como durante las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y que responden a un lobby del anterior gobierno. ¿Nadie les informó de la misión de la CIDH que en 1979 denunció los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por el gobierno de facto? Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató la denuncia de Juan Gelman contra el estado uruguayo, el entonces secretario de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, dijo que los plebiscitos nunca pueden ser usados para no cumplir con la obligación de garantizar los derechos fundamentales. Gelman se acercó a Cantón y le dijo que era como pretender que “el amor fuera prohibido con referendums”. Ahora Cantón es secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. La Corte les dio la razón. En la sentencia, del 14 de febrero de 2011, dijo que “las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos” constituyen “un límite infranqueable a la regla de mayorías”. En otro caso de Uruguay, por la ejecución en la mesa de torturas de la profesora Nibia Sabalsagaray, la Comisión se pronunció contra la vigencia de la denominada Ley de Caducidad, ya que el límite de la decisión de la mayoría reside en la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados)”.
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