EMPRESAS FANTASMA Y OPERACIONES OFFSHORE, LEGALES PERO CON ALTO COSTO PARA LA SOCIEDAD
La apertura de sociedades offshore por grandes empresas, aun siendo legal, condenó al país al endeudamiento, al debilitamiento del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Por Raúl Dellatorre
El uso de las guaridas fiscales como herramienta de ocultamiento de activos o fuga de capitales tuvo un desarrollo creciente a partir de mediados de la década del 70, proceso que continuó en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Al punto tal que la cantidad de jurisdicciones reconocidas como “paraísos” o guaridas fiscales se multiplicó por cinco entre el inicio de los 80 y los primeros años del siglo actual. Más allá de la legalidad de ciertas operaciones (que sólo se puede entender por la generosidad de las leyes, que por lo general no miden intenciones), lo concreto es que la apertura de cuentas bancarias y empresas “fantasma” en lugares promocionados por su opacidad (secreto jurídico bursátil, secreto bancario y baja o nula tributación) ha redundado en enormes perjuicios económicos y sociales para los países que son víctimas de la fuga de capitales. La apertura de empresas offshore ha sido un generador muy fuerte del desfinanciamiento de los Estados periféricos en los últimos treinta años, una herramienta eficaz para crear las condiciones en favor del endeudamiento del país y una causa central del debilitamiento de las prestaciones que debe brindar el sector público. Algunas estimaciones señalan a la Argentina como uno de los países más afectados por la fuga de capitales de sus residentes en el mundo, tanto en términos absolutos como en la relación entre riqueza offshore y PBI. Sin sanciones legales ni sociales, la cúpula empresa argentina de las últimas décadas –a la par de los dueños de grandes riquezas– ha sido funcional a la profundización de la dependencia financiera del país, al debilitamiento progresivo del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Qué es una guarida fiscal
Algunas jurisdicciones (no siempre son países) se han dado, a sí mismas, la condición de distritos con condiciones ventajosas para los inversores, con facilidades para el movimiento de capitales desde esos distritos a cualquier parte del mundo. Esto último lo hace posible la intervención de entidades financieras con capacidad de operar en prácticamente todo el mundo (los bancos globales), que son los grandes artífices de estas prácticas. Básicamente, lo que ofrecen estos “paraísos” para la evasión es: secreto jurídico bursátil, lo que supone de parte del país anfitrión el compromiso de absoluta confidencialidad sobre la identidad del inversor o dueño de la sociedad radicada; secreto bancario, que significa compromiso de no revelar la identidad de titulares de cuenta; y baja o nula tributación, es decir que los activos financieros allí radicados no pagan impuesto a las ganancias o a la riqueza, o sólo en una proporción insignificante. El “combo” hace por demás atractiva la utilización de esas plazas para “triangular” operaciones: un negocio que se hace en otro lado, pero se “registra” a nombre de la empresa “fantasma” offshore para ocultar al titular y sus ganancias.
No es casualidad que las dos plazas financieras más importantes del mundo, Nueva York y Londres, estén señaladas como las promotoras de los “paraísos” offshore. Ni que esto haya ocurrido a mediados de los 70. El surgimiento de las guaridas fiscales fue funcional al despegue del neoliberalismo a nivel global. Por cuestiones prácticas (es decir, elegir plazas donde ya operaban), Londres eligió ex colonias británicas y Nueva York espacios en territorio estadounidense a los que se le otorgó un estatus especial. Así, los distritos de Nevada, Delaware o Wyoming funcionan como guaridas fiscales dentro de los límites del propio Estados Unidos.
En esa primera etapa, la función principal de esos “paraísos” era captar los capitales fugados de los países periféricos, para volcarlos como “inversión” en los países centrales. Del otro lado, los países víctimas de la fuga quedaban descapitalizados (la denominada “restricción externa”) y, consecuentemente, debían recurrir como solución al endeudamiento externo. Obviamente, prestarle a esos países a altas tasas se convirtió en un gran negocio para los capitales financieros de los países centrales.
Eran los años, los 80 y los 90, en los que en Argentina los grupos empresarios locales se enriquecieron con los contratos del Estado y las concesiones de servicios privatizados, o asociados con capitales extranjeros para explotar licencias de las marcas de estos últimos. El grupo Socma fue uno entre varios que luego se convertirían en empresas dominantes o directamente monopólicas en rubros fundamentales de la economía. Buena parte de las ganancias obtenidas por este núcleo de empresas se derivó a sociedades offshore o a cuentas no declarados en el exterior. Esta corriente de fuga, con particular aceleración en la segunda mitad de los 90 y en la década siguiente, de 2006 en adelante, sería un factor fundamental que condicionó las políticas públicas del país en estos años.
La crisis financiera mundial, que se disparó en 2008, cambió las condiciones para los países centrales, que empezaron a sufrir la fuga de capitales desde sus propios países. Para naciones periféricas como Argentina, la dinámica offshore no varió en demasía por la crisis. Siguió siendo el mecanismo mediante el cual las grandes empresas administran los fondos que evaden o desvían del país.
Lo que el presidente Mauricio Macri explica como una operación legal, la constitución de una empresa offshore declarada por su padre, es una maniobra habitual de las grandes empresas en Argentina. Pero su propósito no puede ser otro que el de eludir impuestos, evadir o radicar en el exterior ganancias derivadas de prácticas abusivas sobre el comercio exterior. Un ejemplo habitual es el de una exportación en la que la mercancía puede navegar en línea directa y sin escalas entre el puerto argentino y el país de destino, pero la documentación no. Hace escala en una empresa offshore, que compra la mercancía a un valor muy inferior al real, y luego revende a un precio mayor facturando servicios que nunca se prestaron. Así, la diferencia entre el precio de salida del puerto argentino y el precio real que paga el importador quedará radicado en la empresa offshore. Quien hace la maniobra se ahorra el impuesto y habrá fugado parte del valor, que quedará en el exterior sin siquiera estar declarado como propio.
Mientras estas operaciones no se puedan detectar y las guaridas fiscales sigan siendo paraísos para evasores, sólo se podrán conocer la parte “legal” de operaciones complejas, a través de las cuales grandes empresas e inmensas fortunas han estado sometiendo al país a sufrir las consecuencias de la denominada “escasez de divisas”.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296623-2016-04-10.html
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