Por Claudio Della Croce *
El prometido pago multimillonario a los fondos buitres por
parte del gobierno argentino no depende hoy solamente del apoyo del Senado de
la Nación –luego de la media sanción acordada por Diputados– sino también de
una querella penal formulada por importantes juristas por notorias violaciones
legales, caracterizadas como de administración fraudulenta y violación de las
obligaciones de funcionario público y abuso de autoridad, al ponerse de relieve
que el gobierno argentino realizó acuerdos previos negociados secretamente con
los beneficiarios que están explícitamente prohibidos por la Constitución
Nacional y leyes votadas previamente por el Congreso Nacional.
Los juristas solicitaron que se dicte medidas cautelares
suspensivas de todo obrar que comporte consumación de los delitos reprochados,
y oportunamente se dicte sentencia condenando a los imputados –todos los
integrantes del Poder Ejecutivo (entre ellos el presidente Macri y los
ministros Peña, Pat-Gray y Garavano) y los legisladores que presten su voto
afirmativo para autorizar el pago a los fondos buitres– con el máximo de las
penas establecida por el Código Penal y el artículo 29 de la Constitución
Nacional.
Los juristas denunciaron que desde la asunción del actual
gobierno se han venido realizando tratativas con los denominados “fondos
buitre”, o “holdouts”, tratativas en las que no ha tenido intervención previa
del Congreso, único órgano con competencia constitucional para contraer
empréstitos sobre el patrimonio de la Nación, o de proceder al arreglo de la
deuda interior y exterior de la misma.
Señala la denuncia que por la cuantía de los pagos
comprometidos, y por poner en riesgo la reconfiguración de la deuda externa
argentina llevada adelante los años 2005 y 2010, así como el carácter
cancelatorio y liberatorio de los pagos operados conforme dicha reestructuración
de deuda, puede llevar a restablecer un endeudamiento de 384.000 millones de
dólares, hipotecando por varias generaciones al pueblo argentino.
El acuerdo con los buitres más poderosos (NML, Aurelius,
Blue Angel y Olifant) establece que se les pagará en 45 días (antes del 14 de
abril), y antes del levantamiento de las medidas cautelares (injunctions).
Además del menor descuento (25%), se les reembolsarán los costos, en especial
los legales, por 235 millones de dólares. Son temas no difundidos por el
gobierno, pero que agravan la sumisión a las exigencias de estos grandes
fondos, más allá de los términos monetarios. Todas estas condiciones
inaceptables están validadas en el proyecto de Ley que tiene media sanción de
la Cámara de Diputados.
Las inéditas alteraciones planteadas generan un riesgo
importante: juicios por parte de los acreedores que entraron al canje, dado que
tomaron esa decisión porque existía la llamada “ley cerrojo”, que establece que
“Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores
que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda”. Con la
derogación de esta ley, habría espacio para el litigio.
La presentación de la causa penal impulsó una campaña en
marcha de apoyo a la misma que comenzó con 10.000 firmas en una semana,
mientras que se presentaba espontáneamente en la causa el banquero arrepentido
Hernán Arbizu para alegar a favor de la denuncia. Asimismo, el Jefe de Gabinete
comenzó a enviar al juzgado la documentación solicitada por el fiscal.
Mientras, el Instituto Antonio Sampay que fue el denunciante
(con los prestigiosos juristas Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo
Barcesat a la cabeza), estudia presentarse ahora como querellante, lo cual le
permitirá no sólo tener acceso completo al expediente, sino también ampliar la
denuncia y sumar nuevos elementos de prueba tanto en el plano jurídico como
económico.
Los juristas indican que, conforme a lo que establecen los
Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía de
cláusulas constitucionales, la ciudadanía es el único titular del derecho de
libre determinación y a la independencia económica.
* Economista.
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