PABLO SIRIS SEADE / Caja de Respuestas
Luego de una campaña carente de propuestas, la oposición venezolana empieza a mostrar las cartas y a anunciar sus prioridades para el período legislativo que se inicia el próximo 5 de enero. Veamos tan sólo algunas de las normas propuestas.
Apenas unas horas después de que fueran anunciados los resultados preliminares por parte de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), comenzaron diversos pronunciamientos por parte de diversos actores económicos y sociales que mostraban cuáles eran los verdaderos objetivos de los sectores políticos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que mucho se cuidaron de explicitar a las y los votantes.
Si bien esta propuesta había sido publicada ya en el mes de octubre en el sitio de la MUD (http://unidadvenezuela.org/2015/10/oferta-legislativa-para-el-cambio/), los medios y los candidatos la ocultaron y desarrollaron una campaña absolutamente vacía de contenidos.
Viviendas: Lo que cuesta… ¿cuánto vale?
Luego de que las urnas hablaran y se conocieran los resultados, ya el lunes 7 la Cámara Inmobiliaria de Venezuela le exigió a la MUD la derogación inmediata de la Ley de Arrendamientos, de la Ley de Tierras Urbanas y de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria (esta última destinada a impedir el cobro de intereses sobre intereses en los créditos inmobiliarios).
Y era lógico que así lo hicieran los grandes terratenientes urbanos, ya que la “Oferta legislativa para el cambio” sustituye la construcción estatal de viviendas de calidad (casi un millón ya entregadas) por “hogares semillas que permiten que desde un estructura mínima el beneficiario pueda ir ampliando modularmente su vivienda progresivamente, para ello se contaría con la coparticipación de la empresa privada mediante créditos a la construcción en condiciones favorables” (sic).
A pesar de la pésima redacción, se entiende clarito. La MUD propone que capitales privados construyan algo parecido a lo que se conoce como núcleos básicos evolutivos (una única habitacion con instalación para una cocina y un baño básico, normalmente con techos livianos) y que los usuarios -por su cuenta y con endeudamiento- se hagan cargo de ampliarlos para cumplir con los requerimientos del núcleo familiar.
Esta experiencia es ampliamente conocida en el continente. Lo que ha generado es exclusión urbana, barrios con nulas infraestructuras o de pésima calidad, donde los pobres viven hacinados y endeudados por créditos imposibles de pagar.
“Además de lo anterior, se hace indispensable la revisión de la legislación en materia de arrendamientos de viviendas pues se ha pretendido proteger tanto a los inquilinos que ya no existe un oferta suficiente de viviendas en alquiler afectándose así a las familias jóvenes que no pueden adquirir una casa propia” (otro sic), dice la MUD.
Huelgan los comentarios, tanto sobre la redacción como sobre los contenidos. Lo que pretende la derecha venezolana es simplemente desproteger a los inquilinos en beneficio de los grandes propietarios de inmuebles.
El ¿derecho? al trabajo
Tan solo un día después, Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio, la asociación que nuclea a los grandes empresarios de estos sectores), aseguró que la inamovilidad laboral debe ser eliminada porque perjudica al trabajador.
La inamovilidad laboral fue decretada por el comandante Chávez en 2002 para paliar las consecuencias de las medidas adoptadas por las patronales durante el lockout que protagonizaron de diciembre de ese año a febrero de 2003.
El decreto -que desde entonces ha sido renovado anualmente- reza: “los trabajadores no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada por la Inspectoría del Trabajo. En el caso de que un trabajador sea despedido, trasladado y desmejorado, sin justa causa o sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho ante el Inspector del Trabajo dentro de los 30 días continuos siguientes, además de solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios que haya dejado de percibir”.
Todas las trabajadoras y los trabajadores del planeta saben qué es lo que buscan las patronales, desregular el mercado de trabajo para poder despedir y contratar a su antojo, pagando la menor cantidad de beneficios sociales y con la menor estabilidad. Nada más y nada menos es lo que reclama Consecomercio.
La MUD sostiene además en su agenda legislativa: “(…) debería ampliarse la base de beneficios laborales excluidos del régimen prestacional pretendiendo un acceso más frecuente a mejores ingresos. Incluso reformar el tratamiento de los préstamos laborales, disfrute y pago de vacaciones y prestaciones sociales para que el trabajador pueda acceder a estos ingresos anticipadamente sin agravar aún más la comprometida situación de los empleadores”.
O sea, si no fuera suficiente desregular el empleo, se pretende desregular también la seguridad social, ampliando “a base de beneficios laborales excluidos del régimen prestacional”.
El mismo día 8, Francisco Martínez, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras, que agrupa a todas las cámaras empresariales del país), emitió un comunicado a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional. En dicho comunicado expresó que se debe derogar la Ley Orgánica de los Trabajadores, Trabajadoras y el Trabajo (LOTTT), al igual que la recién creada Ley Orgánica de Precios Justos.
En relación a la Ley de Precios justos, afirmó que esa normativa tiene “secuestrada la rentabilidad de las empresas, que no pueden crecer, no permite pagar salarios dignos a los trabajadores”.
La Ley de Precios Justos limita el margen de ganancia de los productores de bienes y servicios a un 30% después de considerar todos los costos. Asimismo, controla la ganancia de todo el proceso de distribución estableciendo un máximo de 60% del precio establecido por el productor.
No solamente se pretende desregular el trabajo para maximizar la extracción de plusvalía, también se pretende estatuir la expoliación de las y los trabajadores con precios excesivos fundamentalmente en la comercialización de los productos de primera necesidad.
Servicios ¿públicos?
En relación a esta materia, nada mejor que leer lo que la propia MUD establece en el programa de trabajo de sus legisladores electos, que propone “suprimir los monopolios y reservas que el Estado ha asumido en la prestación de servicios públicos en detrimento de los mismos, permitiendo que sean también asumidos por los Estados y Municipios, incluso con asociaciones estrategias con empresas privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones”.
Así mismo, “en materia de mejora de la infraestructura, incluyendo obras como vialidad, acueductos, recolección de basura, puertos y aeropuertos, (…) se permitiría y fomentaría que con financiamiento multilateral que se repagaría mediante la explotación de concesiones, empresas privadas asociadas con el Estado, puedan desarrollar obras de gran envergadura y alta inversión indispensables para la mejor prestación de los servicios antes señalados”.
Hablando en criollo, se propone desmembrar y privatizar las empresas públicas, responsables de que el agua potable, la electrificación y la telefonía hayan llegado a todo el país y con un costo accesible para todas las familias venezolanas.
Del mismo modo, se pretende entregar al capital transnacional las inversiones en infraestructura tan necesarias para el país y en las que Venezuela se ha embarcado con gran empuje durante todo el período de la Revolución Bolivariana.
¿Y los sueños?
Según el evangelista Mateo (7:16), Jesucristo en el Sermón de la Montaña -refiriéndose a los falsos profetas- manifestó: “por sus frutos los conoceréis”. El árbol plantado por los falsos profetas de la MUD está arrojando frutos que solamente hacen prever un período de fuerte ofensiva neoliberal y amplia resistencia popular.
El pueblo venezolano no se dejará arrebatar el legado del gigante Hugo Chávez. Las conquistas logradas y los sueños por conquistar se siguen llamando Revolución.
Publicado en:
http://www.contrainjerencia.com/?p=112568
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