En la Auditoría, donde tiene que haber un opositor, el macrismo puso un oficialista. En la oficina antilavado, donde tiene que haber alguien que investigue y enjuicie el lavado de dinero, el macrismo puso a la abogada de un banco acusado de ese delito. En la Afsca, donde tiene que haber un enemigo de los monopolios, el macrismo directamente hizo desaparecer el organismo. En el Consejo de la Magistratura, donde había que reemplazar un puesto que le corresponde al Frente para la Victoria por ser la primera minoría del Congreso, el macrismo formó una alianza precaria de unas horas para designar con bajísima calidad democrática a un hombre de su riñón. Al mismo tiempo se producían las mayores inundaciones de la historia del río Uruguay con más de 20 mil evacuados. El presidente Mauricio Macri y el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, aparecieron para la foto y siguieron de vacaciones. Cualquiera de estas situaciones hubiera provocado una catarata de diatribas si las hubiera generado el kirchnerismo, pero han pasado desapercibidas para el gran público que se informa en los medios concentrados de comunicación, especialmente los del Grupo Clarín que ha colocado a varios de sus empleados en cargos del nuevo gobierno.
Si después del masivo y extendido debate que implicó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedaba alguna duda, la forma en que el gobierno conservador priorizó la salvaguarda de los intereses del multimedia confirmó la necesidad de esta norma. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación no solamente implica competencia desleal, como cualquier monopolio, sino que también conlleva una fuerte concentración de poder político en un ámbito ajeno a las instituciones democráticas y republicanas.
Al ser entrevistado por una radio, uno de los afectados por los cortes de luz de esta semana, pidió de hecho que le aumenten las tarifas. El hombre estaba cortando la calle para reclamar que devuelvan el servicio eléctrico a un barrio del sur de la CABA. “Pero este gobierno no tiene la culpa –aclaraba– porque esto viene de años sin inversión ya que las empresas no tienen plata para invertir”. En el afán de echarles la culpa a los gobiernos kirchneristas, el hombre reclamaba que le aumentaran las tarifas.
El vecino estaba ganado por el discurso de sus propios verdugos. El lobby de las privatizadas, formado por ex secretarios de Energía de gobiernos anteriores respaldados por los medios corporativos, diseñó esos argumentos como parte de una fuerte presión para aumentar las tarifas. El gobierno kirchnerista otorgaba subsidios a las empresas para que mantuvieran las tarifas bajas. Lo que no recaudan con las tarifas, las privatizadas lo hacen con los subsidios, aunque dicen que así tampoco les alcanza. Al que le cortaron la luz repite el discurso de las empresas que se la cortan. Es casi como hacerse el harakiri, porque habla por boca de los medios concentrados que amplifican los argumentos de las privatizadas. Ese vecino alienado por un discurso mediático hegemónico es un ejemplo patético del poder de manipulación de una corporación con posición dominante en el mundo de la información: aún perjudicado, asume como propio el discurso del que lo perjudica.
El argumento del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para el inminente aumento de las tarifas, fue que los bajos precios descapitalizaban a las privatizadas y alentaban el despilfarro. El eje ya no está en producir más energía. Lo que ahora dicen es que falla la distribución. La famosa crisis energética con la que hicieron tanto ruido desde la oposición, ya no se explica principalmente por la falta de energía sino por las fallas en su distribución. Ahora, desde el Gobierno, se elabora otro diagnóstico y se plantean otras respuestas. Se insinúa, por ejemplo, que se frenará la construcción de dos grandes centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, como denunció Cristina Kirchner. Ya no se habla de producir más energía como prioridad, sino de subir las tarifas para bajar el consumo y así aliviar las líneas de distribución.
Frente a problemas creados en los doce años de gestión kirchnerista por el incremento de la demanda de energía eléctrica –que es sinónimo de aumento de la calidad de vida–, la solución que plantea el macrismo es bajar la calidad de vida. Es la respuesta que en general está dando en todos los planos de una economía puesta en crisis por un doble frente: por un lado la inflación y las turbulencias del permanente crecimiento de la demanda en el consumo interno. Y la crisis mundial, por el otro, que cierra mercados y presiona por entrar, también desde hace ya varios años. La respuesta del gobierno macrista –respaldado por la derecha radical– ha sido una fuerte devaluación del peso, que supuestamente le daría competitividad a las exportaciones; y al mismo tiempo un salto de la inflación que reduce el salario. Con estas medidas, la inflación será alta entre noviembre y marzo (se estima que en noviembre y diciembre estaría entre el 8 y el 10 por ciento y podría rondar el 40 por ciento anual, de marzo a marzo). El impacto de semejante inflación sobre los sueldos y las jubilaciones reducirá la demanda y enfriará la economía. Con la economía planchada, la inflación se reducirá a partir de mediados del año próximo.
Es difícil, aún con devaluación, que la pequeña y mediana industria aumenten sus exportaciones porque el problema no son los precios, sino que Brasil –o cualquier otro mercado en el mundo actual– precisa vender y no comprar. Si se pincha el mercado interno y no crecen las exportaciones, el país estará en problemas.
Más allá del pronóstico sobre la economía, queda claro que en noviembre, entre la primera y segunda vuelta electoral, el actual ministro Alfonso Prat-Gay provocó la disparada de los precios cuando anunció que el gobierno de Macri devaluaría el peso y levantaría las retenciones. El kilo de asado pasó de 85 a 120 pesos, por ejemplo, e incrementos similares se produjeron en las harinas. Ese proceso siguió en diciembre y se prolongará varios meses. Y justamente durante esos meses en los que se producirá un pico muy alto de la inflación, el Indec anunció que no publicará ningún índice. Parece un chiste.
La ofensiva relámpago contra la ley de medios tiene que ver con la necesidad imperiosa del gobierno conservador por instalar una sola versión de la realidad. Después de la crítica oceánica a los gobiernos kirchneristas por el manejo de los índices de inflación (que en definitiva no afectaban a los bolsillos de la gente porque no se usaban como parámetro en las paritarias) el anuncio del Indec macrista de que directamente no publicará cifras de inflación en los meses en los que se producirá el mayor pico inflacionario, revela que las críticas a la manipulación de los índices que hacían el PRO y los radicales fue nada más que parte de la disputa por el control de la información y no por su democratización. Los medios concentrados y sus periodistas voceros respaldan la blitzkrieg contra la ley de medios, la Afsca y Martín Sabbatella y hacen silencio de radio sobre la agresiva escalada actual de los precios. De la misma forma en que ya no hablan de la carestía de la vida también abandonaron el tono amarillista sobre la inseguridad. Con la llegada de un gobierno que respaldan abandonaron dos de sus temas favoritos: inflación e inseguridad.
El nuevo gobierno se instaló con comodidad en los tradicionales cien días de gracia. Y una porción importante de la sociedad está pensando en las fiestas y en sus vacaciones. Es un paréntesis de impunidad que se apoya además con mucha fuerza en la protección de los medios corporativos. Está comprobado que la manipulación mediática, favorecida por la escasa o nula pluralidad de voces, como ocurre en el sistema argentino de medios, puede hacerle creer que está mal a gran parte de una sociedad que está bien. Simplemente porque siempre se puede estar mejor. Pero al revés es más difícil. Cuando la gente está mal, en algún momento empieza a pesar más lo real que lo virtual.
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