El juez federal Julián Ercolini dispuso rápidamente la clausura de la Afsca para “preservar los bienes muebles e inmuebles”. La jueza en lo Contencioso Administrativo Cecilia Gilardi aún no se expidió sobre el amparo que presentó Martín Sabbatella.
Por Irina Hauser
La decisión del juez federal Julián Ercolini de allanar el edificio de la Afsca y ponerle faja de clausura a todas sus puertas produce un fuerte golpe de efecto pero no define nada sobre el futuro de Martín Sabbatella ni el interventor Agustín Garzón, sino que dice que está destinada a “preservar los bienes muebles e inmuebles” que hay en el edificio donde funciona, precisamente, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La explicación es que como había gente resistiendo ahí adentro el riesgo era que alguien se llevara algo. Ercolini señala en su resolución que no tiene “jurisdicción parar realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto” que estableció la intervención, que recordó que está a estudio de un juzgado contencioso administrativo, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi. Ella debe resolver la precautelar y el amparo que presentó Sabbatella, pero aún no lo hizo. Además del interrogante sobre quién conduce la Afsca, el escenario de incertidumbre arrastra también la propia aplicación de la ley de medios. De todos modos, al menos el Grupo Clarín mantiene su reaseguro para seguir exceptuado de que le apliquen la adecuación de oficio con una prórroga de una medida cautelar que vence el 16 de enero.
La clausura ordenada por Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, no tiene una fecha de vencimiento precisa, sino que dice que subsistirá “hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes”. Así las cosas, no está claro ni cuándo ni cómo volverá a funcionar la Afsca, ni si es que eso sucederá. El cauce que le dio el juzgado federal al caso sugiere que el expediente perderá sentido ni bien haya alguna definición acerca del organismo, pero no parece dirigida a imputar a Sabbatella por usurpación de cargo ni otros delitos que le intenta adjudicarle el macrismo, como abuso de autoridad. Al menos por ahora. La resolución dice, por ejemplo, que Garzón ni siquiera había intentado entrar a la sede, sino que sólo había escuchado advertencias de Sabbatella en declaraciones a medios de comunicación y decir que es ilegal que lo saquen del cargo. La realidad es que ante la orden de desalojo de Ercolini y tras un procedimiento prepotente de más de ocho horas, nadie quedó en el edificio de la calle Suipacha.
Quien tiene en sus manos una definición de peso es la jueza Gilardi. El inventario de sus decisiones anteriores incluye una cautelar a favor de Jorge Fontevecchia (de la editorial Perfil) contra los concursos de la AFSCA. Se supone que una cautelar se debe resolver con rapidez, pero en el caso del amparo de Sabbatella, presentado el 23 de diciembre, todavía no hay novedades. Lo que plantea es que no se aplique el decreto 236 de intervención que –dice– es inconstitucional y viola la ley que estableció que los directores duran cuatro años en el cargo y que solo los puede destituir el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Además de la “nulidad absoluta” del decreto, por su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, pide la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. Plantea la violación del principio de división de poderes, el de razonabilidad y la “amenaza” del “derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Una de las aparentes razones por la que Gilardi no resolvió la cautelar es burocrática y formal: que los abogados de Sabbatella llevaron la documentación básica requerida (como el texto del decreto) apenas pasadas las 13.30, cuando en el juzgado les cerraron la puerta en la cara porque era el horario de cierre. Mientras tanto, en otros puntos del país empezaron a presentarse pedidos de medidas cautelares ante la incertidumbre sobre la situación y la falta de garantías sobre la aplicación de la ley de medios, cuya constitucionalidad fue avalada hasta por la Corte Suprema.
Pese al respaldo legal que tiene la ley, el Grupo Clarín se las ha ingeniado para evitar su acatamiento desde que fue aprobada en 2009. La intervención de la Afsca le calza justo, mientras sigue teniendo frentes judiciales abiertos, aunque la realidad es que los tribunales resuelven las más de las veces a su favor. Hasta el 16 de enero rige una medida cautelar que le evita a Clarín someterse a la adecuación de oficio para desprenderse de licencias y acatar los límites establecidos por la ley. Esa cautelar ya fue prorrogada este año una vez, hace seis meses, por orden del juez de primera instancia Horacio Alfonso. Aun así, el holding quiere renovarla otra vez y consiguió una cautelar interina que le volvió a dar el juez por si acaso, con lo que sigue haciendo tiempo. Para peor, en noviembre último, en plena campaña electoral, la Corte Suprema fue la que dio muestras, una vez más, de que los tribunales manejan tiempos y decisiones como quieren: una resolución de tres renglones respaldó la continuidad de la cautelar a favor de Clarín al rechazar una apelación del Estado que llevaba seis meses en un cajón supremo. Un punto inquietante es –ante la expulsión de hecho de Sabbatella– quién será el representante en nombre del Estado en estas demandas.
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