El 23 de agosto se realizaron las elecciones locales en la Provincia de Tucumán, que enfrentaban como fuerzas principales al Frente para la Victoria (que tenía como candidato al exministro Juan Manzur) con el Acuerdo por el Bicentenario, alianza de radicales, pro, massistas y otras fuerzas, que llevaba como candidato a Gobernador al radical José Cano, y como vice a un peronista disidente con el kirchnerismo.
El escrutinio provisorio dio ganador a Manzur por 14% de diferencia. Cano señaló que había habido fraude, detallando algunas irregularidades: actas mal confeccionadas, punteros políticos repartiendo bolsones de comida en los barrios populares, urnas quemadas y falencias en la seguridad de la Junta Electoral. Al avanzar las horas, fuimos descubriendo que la quema de urnas fue un hecho puntual de tres localidades rurales donde ganó claramente Manzur. Afectó a una decena de urnas y los responsables del delito eran personas vinculadas a la oposición tucumana, es decir gente del espacio de Cano. Las actas mal confeccionadas son un problema de muchas elecciones. A veces sucede por torpeza o ignorancia de las autoridades de mesa, y otras por “picardías” electorales, pero en este caso el problema se mantenía dentro de los cánones normales. Los punteros con tácticas clientelares existen y seguramente existirán en Tucumán y en el resto del país; se puede observar esta conducta en punteros de todas las fuerzas políticas por igual. No deberían existir, pero son una práctica corriente y justamente tenemos un sistema de voto secreto para combatir sus consecuencias, para que el votante en la soledad del cuarto oscuro decida su voto en libertad. Finalmente, el daño al disco rígido donde se guardaban algunas filmaciones de cámaras de seguridad de la Junta Electoral tucumana (que es presidida por el Presidente de la Suprema Corte Provincial) debe ser investigado, pero es un hecho puntual y de efectos no comprobados.
Cano hizo una denuncia ante la Cámara I en lo Contencioso Administrativo –que no es competente en un caso así, pero lo tomó igual- con estos elementos y un argumento insólito: la presencia de clientelismo torna no libre el voto de los sectores populares, el voto no libre no es democrático, y por eso no es necesario demostrar el fraude. La Cámara aceptó estos argumentos contra el sufragio universal, y los profundizó citando extensamente un libro publicado en 1945 con la firma de quien entonces era un joven jurista: Carlos S. Fayt, hoy de 97 años y Juez de la Suprema Corte hasta el 11 de diciembre. La Cámara anuló las elecciones pese a que las denuncias afectaban apenas al 1% de las mesas, cuando las leyes electorales nacionales exigen que se hayan impugnado la mitad de las mesas para anular un acto electoral. Anuló las elecciones pese a que el Presidente de la Junta Electoral es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tucumana. Curiosamente el Centro de Información Judicial, agencia de prensa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no suele publicar fallos de Cámaras provinciales, publicó este fallo, en lo que algunos interpretaron como un implícito apoyo al mismo.
Eduardo Barcesat y otros juristas demolieron el fallo. La vulneración de la voluntad popular y el término “sedición” aparecen en muchas de estas críticas. También la idea de que el fallo no se basa en pruebas sino que es una apología ideológica contra el clientelismo y el voto universal. A favor de restringir el voto a una minoría más o menos “ilustrada”.
La argumentación de que la justicia debe “tutelar” el voto de los más pobres, que no tendrían capacidad para votar por si mismos, remiten, en opinión del autor de esta nota, a las ideas del “Despotismo Ilustrado” del siglo XVIII, “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Los teóricos del siglo XVIII utilizaban el argumento de la “incapacidad por minoría de edad” de los sectores populares, que eran representados paternalmente por el Rey . Estos insignes juristas del siglo XXI que integran la Cámara, Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, califican de “desamparados” que no pueden votar libremente a cientos de miles de tucumanos, y se transforman en sus tutores políticos. Habría entonces tucumanos de plenos derechos… y otros que no los tendrían, y estarían representados por la Cámara. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
El caso pasó a la Corte Suprema Tucumana, que debió elegir por sorteo a 4 de sus 5 miembros ya que dos se excusaron por haber participado de la Junta Electoral, uno por ser pariente de un candidato del FpV, y el cuarto por estar de viaje. La nueva Corte desestimó con términos duros el fallo de la Cámara, pero Cano y sus jefes políticos en Buenos Aires insisten con llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O a lo que queda de ella, tras la muerte de Petracchi y Argibay, la renuncia de Zaffaroni y Fayt, y la atípica rerereelección de Lorenzetti.
¿Es el “affaire” tucumano un globo de ensayo para el 25 de octubre? Muchos piensan eso, sobre todo dirigentes y militantes del FpV. Un fallo judicial que anulara las elecciones del 25 de octubre –no hace falta para eso buenos motivos sino malos jueces- haría entrar al país en una situación de gravedad institucional extrema, de consecuencias imprevisibles. Y tendría funestas consecuencias económicas.
El 10 de diciembre de 2015 terminan su mandato no sólo Cristina Fernández y Amado Boudou sino también infinidad de diputados, senadores, gobernadores e intendentes. Todos ellos elegidos en 2011. ¿Qué pasaría si un fallo judicial, inspirado en el de la estrambótica Cámara tucumana, les impidiera asumir? Juguemos un juego de política ficción e imaginemos que podría pasar.
El 25 de octubre, en esta hipótesis de trabajo, las elecciones podrían terminar como hoy están muchas encuestas: 41-29-18. El primero, seguramente Daniel Scioli, ganaría con poco más del 10% necesario para evitar el ballotage. Imaginemos que alguna fuerza opositora denunciara fraude y consiguiera, primero un amparo impidiendo proclamar ganador, y luego una orden judicial declarando inválida la elección y ordenando repetirla. Entre amparos, recursos y decisiones judiciales, no quedaría tiempo para volver a votar antes del diez de diciembre. Al llegar esa fecha caducan los mandatos de presidente y vice, de innumerables gobernadores e intendentes y de legisladores nacionales, provinciales y municipales. Los presidentes de las dos cámaras legislativas nacionales también cesan en sus cargos como autoridades de las mismas, que quedarían con sólo los legisladores elegidos en 2013, y acéfalas. Con las comisiones legislativas sin formar. Mutiladas y semiparalizadas. Este poder legislativo reducido a la mitad no estaría de condiciones de realizar una Asamblea Legislativa para elegir un Presidente Provisorio, como se hizo en 2001 ante la renuncia de De La Rúa.
No habiendo Presidente, ni Vice, ni presidentes de las Cámaras, ni posibilidad de hacer una Asamblea Legislativa, queda en la línea de sucesión el Presidente de la Corte Suprema. La Corte tampoco quedaría en su mejor estado. Hoy tiene cuatro de sus cinco miembros, incluyendo uno de 97 años y renunciado. El doctor Ricardo Lorenzetti se hizo rereelegir Presidente de la Corte con ocho meses de anticipación, y en una elección desprolija y anómala, pero sería la única autoridad “legítima” que podría hacerse cargo del poder ejecutivo. Al salir de la Corte hacia el Sillón de Rivadavia, dejaría una Corte de sólo dos miembros (Maqueda y Highton) y por ende incapacitada para decidir por mayoría de tres votos. Se deberían sortear por lo tanto tres conjueces para completar la Corte. El tema de los conjueces está inmerso en otra polémica. El poder ejecutivo envió hace unos meses una lista de conjueces aprobada por el Senado, con amplias mayorías. La Corte la rechazó porque no había alcanzado los dos tercios que algunos afirman que son necesarios, y estableció que los conjueces saldrían de los presidentes de las cámaras de apelación (que se eligen por mayoría simple, no por dos tercios… … …).
El presidente provisorio de la Nación, debería de inmediato nombrar Interventores Federales para cubrir la acefalía de varias provincias. Estos interventores deberían a su vez cubrir las acefalías de infinidad de municipios. Interventores provinciales y municipales tendrían que gobernar sin poder legislativo, o con un legislativo mutilado y actuando en la casi ilegalidad.
A nivel nacional, el Presidente provisorio gobernaría o sin poder legislativo o con un legislativo con la mitad de sus integrantes, reflejando la realidad política de las elecciones de 2013 –no la de 2015- por ende con nula legitimidad; con una Corte Suprema con mayoría de conjueces y de legitimidad cuestionada, y con medio país gobernado por Interventores Federales. Muy lejos de una situación de legalidad institucional y muy cerca de un golpe institucional. Este sería el gobierno encargado de convocar nuevas elecciones. Obviamente sería imposible que el Presidente surgido de estas elecciones tuviera mayor legitimidad que el elegido por el voto popular el 25 de Octubre.
Creemos que este escenario desquiciado, apocalíptico, que parece el guion de una mala película, no se concretará. Pero sería bueno que los principales protagonistas afirmaran enérgicamente que respetarán el voto popular. Esperamos esas declaraciones de todos los candidatos presidenciales, pero en especial de los que tienen mayores posibilidades: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Sería fundamental la misma actitud del doctor Ricardo Lorenzetti, sin el cual los desquiciados que están barajando estas locas ideas se quedarían con las manos vacías. Quizás el fallo de la Corte sobre el caso tucumano, si llega a ella, o su ausencia si se le impide llegar por improcedente, nos permita convencernos de que el Poder Judicial respetará la voluntad ciudadana expresada en el voto, y que el 10 de diciembre veremos asumir a un nuevo Presidente, ELEGIDO POR EL PUEBLO.
Adrián Corbella
22 de septiembre de 2015
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