Los fondos buitre, la familia judicial y el uso político de la muerte de Nisman, por Roberto Caballero (para "Tiempo Argentino" del 08-02-15)

Las coincidencias entre la campaña buitre y las denuncias del fiscal. Mientras el gobierno nacional levanta el secreto que ampara por ley al mayor espía de la historia argentina para que hable, la judicatura corporativa convoca al silencio de una marcha junto a los referentes de la oposición.

Es llamativo que el minuto a minuto mediático del caso Nisman no haya reparado todavía en un detalle, en apariencia casual: la sintonía de argumentos entre la denuncia floja de papeles del fiscal de enero pasado y la campaña que desplegó la American Task Force Argentina (ATFA, el grupo de lobby a escala global del fondo buitre de Paul Singer) entre el 4 y el 25 de junio de junio de 2013, con dos publicidades en The Washington Post, donde se denunciaba el "pacto entre Argentina e Irán".

Según consignó Tiempo Argentino, la primera, bajo el título "Aliados vergonzosos", estaba ilustrada con las imágenes de Cristina Kirchner y el entonces presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Veinte días después, se publicó la segunda, aunque esta vez la foto de la presidenta lucía junto a Hassan Roahani, el sucesor de Ahmadinejad, bajo una inquietante pregunta: "¿Cuál es la verdad del acuerdo de Argentina con Irán?"

El memorándum se había firmado el 27 de enero de 2013. El Congreso Nacional lo aprobó la última semana de febrero, y el gobierno iraní lo aceptó el 20 de mayo.

En esta, se destacaban, además, las versiones encontradas sobre los alcances del Memorándum de Entendimiento. Kirchner aparece diciendo que "va a permitir el interrogatorio de funcionarios iraníes" y Roahani afirmando que "bajo ninguna circunstancia se permitirá que el juez y el fiscal entren a Teherán a interrogar a nadie".
Una semana más tarde, aquella movida publicitaria, sin dudas dirigida a influir sobre el ánimo de los congresistas y los funcionarios de la administración de Barack Obama para que tomen medidas en contra de nuestro país, y allanarle de ese modo el camino a los buitres en el cobro de la sentencia Griesa, fue puesta bajo la lupa por dos periodistas, Christina Wilkie y Ryan Grim, del prestigioso portal The Huffington Post.
El informe que produjeron comenzaba con un párrafo demoledor:

"Publicidades como las que atacan a Argentina son un método por el cual los capitalistas buitre buscan forzar a un país dañando su reputación entre los decisores políticos." 

El texto sigue con un breve resumen sobre el eje de la disputa:

"Un fondo de inversión con el que el país se enfrenta compró deuda defaulteada por menos de 50 millones de dólares, exigiendo ahora más de 1000 millones de dólares de pago. Para lograr su objetivo, los cobradores de deuda de esta magnitud necesitan astucia política y amigos en los lugares correctos. Ellos (los fondos buitre) pagan generosamente por ambos. En este marco, ATFA, el grupo que aboga por la devolución total de los bonos, lanzó un amplio ataque sobre Argentina en su campaña de relaciones públicas."

Detalla también que Paul Singer

"gastó por lo menos 150 mil dólares para hacer lobby en el congreso en los primeros tres meses de este año, cuya porción más grande fue a la poderosa firma de abogados Covington & Burling. El último año, gastó casi un millón de dólares en lobby y desde 2007 gastó más de 3,8 mil millones de dólares en consultores".

Siempre según los autores,

"ATFA está compuesta por dos grupos aparentemente no relacionados: los fondos de inversiones buitre, que esperan beneficiarse de pagos de la deuda ordenados por los tribunales y los grupos de agricultores y ganaderos de Estados Unidos, quienes ven a Argentina como un competidor potencial." 

Y apuntan a Robert Raben, ex empleado del Capitolio y de la administración Clinton, como director ejecutivo de ATFA; y a Robert Shapiro, un ex subsecretario de Comercio, y a Nancy Soderberg, ex embajadora ante la ONU, como sus laderos.
Por último, informan que

"junto con Raben, los representantes del grupo ganan sus honorarios de consultorías, en parte, escribiendo artículos de opinión sobre cuán inestable es Argentina y cómo su negativa a pagar a los fondos buitre debería servir como una advertencia a otros para no hacer negocios ahí. Desde 2009, estas piezas de opinión aparecieron en The Wall Street Journal , The Hill, el periódico británico Daily Telegraph y hasta en The Huffington Post."

Es que los periodistas Wilkie y Grim, mientras desarrollaban su valiente investigación, descubrieron que Raben, Shapiro y Soderberg habían escrito contra la Argentina en su propio portal sin advertir a los editores que Singer los tenía contratados, precisamente, para hacer eso. Un claro conflicto de intereses. Desde entonces, la publicación decidió levantar las notas de los tres lobistas que se camuflaban como columnistas desinteresados.
Esa firme actitud del portal estadounidense contrastó con la cálida y amigable recepción que, un año más tarde, un grupo de periodistas argentinos les brindó a los mismos Shapiro y Soderberg, en el exclusivo Palacio Duhau, durante el viaje que realizaron para desacreditar la estrategia del gobierno y contactarse, de manera misteriosa, con aun más enigmáticos interlocutores locales.
Volviendo a los aspectos concordantes entre el escrito de Nisman y la campaña de ATFA, no puede eludirse en el análisis la simultaneidad de fechas entre otra acusación producida por el fiscal contra Teherán por la causa AMIA y las publicidades aparecidas en The Washington Post.
El memorándum se había firmado el 27 de enero de 2013, entre los cancilleres de Argentina e Irán, en Adis Adeba, Etiopía. El Congreso Nacional lo aprobó la última semana de febrero, y el gobierno iraní lo terminó aceptando el 20 de mayo.
Nueve días más tarde, Nisman presentó 500 páginas de acusación contra Irán, calificando a su gobierno de "régimen terrorista que desde hace años tiene el claro objetivo de exportar la revolución acudiendo a la violencia". En su dictamen, daba por probado que "Teherán instaló estaciones de inteligencia, además de la Argentina, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam con el fin de cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas".
¿Cómo hizo Nisman para investigar esas ramificaciones continentales del terrorismo internacional? ¿De dónde surgía su certeza, por ejemplo, de la actividad de supuestos combatientes clandestinos chiítas en Surinam? ¿O en Trinidad y Tobago?
Quizá de otro lado, pero no de su fiscalía especial. Dos meses antes, Roger Noriega, el ex secretario de Estado Adjunto del Hemisferio Occidental de George Bush, había comparecido ante el "Subcomité de Terrorismo y no Proliferación", en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y allí describió supuestas redes paralelas de colaboración con el terrorismo iraní, que "crecen a un ritmo alarmante en América Latina. Una de ellas es operada por colaboradores venezolanos y la otra por un ex diplomático iraní. Abarcan más de 80 cuadros en al menos 12 países de la región, siendo sus grandes áreas prioritarias Brasil, Venezuela, Argentina y Chile."
Lo concreto es que, el mismo día que Nisman presentó su denuncia sobre la amenaza de las redes iraníes en Latinoamérica, el Departamento de Estado difundía su informe anual "sobre el terrorismo en el mundo". Y, en el párrafo dedicado a la Argentina, deploraba "el marcado giro" de la política del gobierno kirchnerista CFK hacia Irán y reflejaba también las críticas de la AMIA y la DAIA al memorándum.
De mínima, corresponde decir que el fiscal que consultaba los pasos a seguir en la investigación de la causa AMIA con la Embajada de los Estados Unidos –relación acreditada en los cables de Wikileaks y confirmada por el protagonista–, era el autor de escritos que conceptualmente no contravenían lo regimentado en la materia por algunas de las agencias de inteligencia de aquel país y su sector político más conservador y radicalizado, representado por Noriega. Sin ir más lejos, mientras Nisman escribía que Irán era la expresión más acabada del terrorismo planetario, Barack Obama reanudaba las relaciones con Teherán, interrumpidas desde 1979.
No es una conclusión, apenas una pregunta. ¿Por qué Nisman hace pública la acusación contra Irán al mismo tiempo que la ATFA de Singer castiga a la Argentina por el acuerdo? La sincronía es curiosa. Quizá no haya relación directa entre una cosa y la otra. No se puede afirmar eso, pero descartarlo es igual de temerario.
¿Existe una relación entre estos fondos y un sector del gobierno de los Estados Unidos que quiere que le vaya bien a Singer y mal a la Argentina en el pleito de la deuda? Casi seguro.
¿Acaso se usó la voladura de la AMIA, el dolor de los familiares de los 85 muertos y una causa a la deriva, infectada por los lugares comunes de la CIA y su paranoia planetaria, para debilitar a nuestro país en el juzgado de Griesa? Sería terrible, pero no improbable. ATFA lo hizo, eso seguro.
¿Hasta dónde llega Singer en la superestructura del poder financiero económico mundial controlado desde Wall Street y aledaños? La nota del Huffington Post le asigna una importante injerencia. ¿Es capaz, incluso, de haber encontrado ayuda de parte de alguna de las múltiples contratistas de la CIA que operan en la Argentina para conseguir su propósito? En una novela de espionaje no sería descabellado, pero en la realidad hay que atenerse a los hechos, y los hechos dicen que una cosa es Singer y la AFTA, otra la CIA, otra el Departamento de Estado y otra, los escritos de Nisman, aunque abunden los hilvanes conspirativos entre todos ellos.
Las elucubraciones de esta columna pueden llegar al infinito. No así, los último hechos, que se pasan a describir.
Cristina Kirchner decidió descabezar la SI (ex SIDE) en diciembre. Al parecer, detectó que, desde la firma del memorándum con Irán, que agotaba en la práctica la pista iraní en el expediente AMIA al llevar a indagatoria a los acusados, paso final del proceso judicial, los jefes operativos de la central de inteligencia local lanzaron una serie de operaciones, en connivencia con un sector de la Justicia Federal, destinadas a demoler la imagen pública del gobierno y sus funcionarios. No sólo eso: la sospecha es que muchos de los agentes estarían trabajando para agencias extranjeras y prestarían servicios de pinchaduras y seguimientos a empresas privadas.
El 5 de enero, la presidenta puso a Oscar Parrilli al frente del organismo y jubiló al director Jaime Stiuso, ladero de Nisman, constructor meticuloso durante varios gobiernos, en 20 años de fallido expediente, de la conexión que conducía a Teherán para explicar el bombazo de la calle Pasteur.
Esta semana, decidió que Stiuso sea relevado del secreto para que vaya a la fiscalía de Viviana Fein y relate qué tipo de relación mantenía con Nisman, con quien habría hablado 12 minutos, el día anterior del hallazgo macabro en la Torre Le Park de Puerto Madero.
Si se agota la pista iraní, que sirvió para consumir en una década casi 1000 millones de pesos de presupuesto público para llegar a nada, la investigación va a volver a concentrarse sobre la conexión local y sus encubridores: Menem, Anzorreguy, jueces, policías y fiscales. También sobre la SIDE.
Circula una versión que estremece. La aportó el ex prosecretario de la causa, Claudio Lifschitz, en la época del ex juez Juan José Galeano. Habla de la voladura de la AMIA como un atentado entregado por la CIA para ser descubierto por el gobierno de las relaciones carnales y mejorar su imagen a nivel internacional. Pero 48 horas antes, los espías locales habrían perdido el rastro del coche bomba. ¿Será cierto? Lo demás es trágicamente conocido.
Esto no exculpa a los iraníes para nada. Pero, ¿qué pasaría si las pruebas materiales que los incriminaban se eliminaron en el trayecto de estos años para borrar la torpeza de los que tenían que actuar de una manera y lo hicieron de otra? ¿Se puede condenar a los funcionarios de Teherán sólo con informes de inteligencia provistos por la CIA, sin que estos se corporicen como prueba en un expediente judicial, como manda la legalidad más elemental? Es imposible.
Ese era el problema más grave que enfrentaba Nisman. Como fiscal sabía que lo que la SI le entregaba como evidencia no resistía una revisión de un tribunal superior más o menos despierto. Mucho menos, después de que la Argentina sellara un principio de acuerdo con Irán para resolver la situación de sus funcionarios.
Lo del encubrimiento fue un atajo a ningún lado. Esto no hace más soportable su lamentable muerte, pero ofrece una explicación al dolor.
Por eso no tiene sentido que, mientras la presidenta releva del secreto a una figura clave de esta historia para que hable fuerte y claro, y diga todo lo que sabe, con los fiscales federales al frente, toda la familia judicial y el sindicato moyanista del rubro hayan optado por el silencio de una marcha callejera para el 18F, en alianza con la oposición.
Si toda esta historia reclama algo, esa es la verdad, a los gritos si se puede.
Nunca el silencio.

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