El “Gran Hermano” global
En Argentina y en el mundo, las actividades de espionaje e inteligencia crecen en forma exponencial de la mano de reales, imaginadas o simuladas amenazas a la seguridad, la convivencia social y el patrimonio nacional.
En Argentina y en el mundo, las actividades de espionaje e inteligencia crecen en forma exponencial de la mano de reales, imaginadas o simuladas amenazas a la seguridad, la convivencia social y el patrimonio nacional.
En su edición del 26 de enero pasado, el periódico británico The Guardian publicó
un artículo cuyo título era “El espionaje masivo es una amenaza
fundamental a los derechos humanos”. El texto cita extensamente un
informe de la Asamblea parlamentaria del Consejo Europeo, formada por 47
países de la Unión Europea y del ex bloque soviético, manifestando su
vívida preocupación por el “alcance ilimitado de las tecnologías de
avanzada usadas por EE.UU. y el Reino Unido para recoger, almacenar y
analizar datos privados de los ciudadanos”. El informe sugiere que la
legislación británica que permite ese espionaje es incompatible con las
leyes europeas sobre derechos humanos y está claramente en contradicción
con el artículo 6 sobre el derecho a un juicio justo, el artículo 8
sobre el derecho a la privacidad y el 10 sobre la libertad de expresión.
“Estos derechos son las piedras fundamentales de la democracia y su
violación sin el adecuado control judicial pone en peligro la vigencia
de la ley.” Y agrega que “la implementación de tales medidas de
vigilancia” llevaría inevitablemente al uso de “leyes secretas,
tribunales secretos e interpretaciones secretas de tales leyes”. El
informe, que reconoce el “valiente aporte de la denuncia de Snowden en
junio de 2013”, afirma que los organismos de inteligencia europeos
trabajan en estrecha relación con la NSA (Agencia Nacional de Seguridad)
norteamericana por lo menos desde 1990 y han llegado al extremo de
espiar las comunicaciones telefónicas de la canciller alemana Angela
Merkel. El resultado es que el poder de los servicios de información ha
aumentado, la capacidad de control político ha disminuido y la “máquina
desbocada de vigilancia” establece su propia dinámica y sus propias
leyes.
En Canadá, un informe de la cadena CBS afirma que la agencia oficial de espionaje electrónico revisa millones y millones de mails, de uploads y downloads de usuarios de Internet de todo el mundo para encontrar sospechosos de terrorismo e intentos de conspiraciones subversivas. La cadena revela detalles de los descubrimientos de Edward Snowden sobre el programa llamado “Levitation”, que permite a los analistas de inteligencia revisar de 10 a 15 millones de descargas y/o subidas a Internet cada día. La masa de información es tan abrumadora que incluso ocurren situaciones ridículas, como cuando un analista se vio confundido por la inclusión –seguramente azarosa– de un capítulo del programa televisivo Glee.
En la Argentina democrática también se dan situaciones que revelan la presencia abierta o encubierta de la actividad de inteligencia e información sobre la población civil. Uno de los casos emblemáticos es el de Américo Balbuena, un miembro de la Inteligencia de la Policía Federal que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, perteneciente a la Red de Medios Alternativos. El legislador por Nuevo Encuentro y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín ha hecho notar que la Policía Federal es el único cuerpo de seguridad que desde 1983 “no ha sufrido ningún tipo de reforma o modificación institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. Saín recuerda también que desde el decreto-ley 9021 de 1963 que creó la orgánica del “cuerpo de informaciones de la policía Federal” ha persistido un “verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario”. Sus miembros se encuentran habilitados para ejercer empleos en el ámbito público y privado para “poder infiltrase y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”, y –detalle no menor– tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo.
Por su parte, la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) comprobó en reiteradas oportunidades la existencia de actividades de inteligencia policial paralegal. En 2004, por ejemplo, tras la represión a una movilización en Plaza de Mayo con el saldo de 102 detenidos, siete de ellos fueron procesados y encarcelados con prisión preventiva. La principal “pieza acusatoria” era un informe producido por el Departamento de Seguridad del Estado de la Policía Federal, basado en tareas de inteligencia y seguimiento sobre varias organizaciones con la inclusión de material fotográfico y “fichas” personales. El informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, concluía que “todas esas organizaciones eran en realidad frentes de masas de una única organización clandestina que pretendía desestabilizar el sistema democrático”.
Es innegable que la complejidad, los conflictos y la competencia existente en las relaciones entre Estados y al interior de los mismos obliga a mantener sistemas de información e inteligencia que permitan a los dirigentes contar con un cuadro preciso de los entornos políticos, de las amenazas actuales y potenciales para poder adoptar medidas adecuadas a la presevacion del interés nacional. Por razones que exceden largamente los alcances de esta nota, los organismos que deberían proveer en tiempo y forma tal información han degenerado en casi todo el mundo en Estados subterráneos incrustados dentro del Estado, obedientes a sus propias y clandestinas normas, amparados en el secreto de sus funciones, en la vastedad de sus recursos financieros y tecnológicos y la impunidad legalizada de sus acciones.
En diciembre del año pasado, el Comité Selecto del Senado de EE.UU. sobre Inteligencia, el organismo de control parlamentario de las actividades de la comunidad informativa, produjo una detallada y contundente denuncia sobre las prácticas de tortura de la CIA, el organismo norteamericano de inteligencia exterior. Pese a la conmoción política y la repercusión periodística que produjo el informe, los resultados prácticos no fueron muy alentadores, sólo el compromiso del gobierno de velar para que dichas prácticas no se repitieran en el futuro. Loables intenciones de dudoso cumplimiento.
Es que el poder e influencia de los servicios de información va de la mano de una masa gigantesca de recursos financieros, humanos y materiales. El sistema norteamericano de espionaje cuenta con dieciséis agencias, 107 mil empleados “legales” y un presupuesto combinado de 52 mil millones de dólares, de los cuales 14 mil son para la CIA y 10 mil para la NSA.
En Inglaterra, el MI5 (Security Service) y el MI 6 (Secret intelligence Service), junto con el GCHQ (Government Communications Head Quarters), son los órganos de información de la Corona y disponen de 1.700 millones de libras anuales para sus actividades que están amparadas, igual que las de sus colegas de la CIA por el secreto y la impunidad.
En las novelas clásicas de espionaje, cultísimos caballeros ingleses, fríos, eficientes y austeros soviéticos, extrovertidos y arrogantes yanquis y cerebrales franceses disputaban un juego de ajedrez sobre el tablero de la guerra fría. La penetración del dispositivo enemigo era el premio mayor. En nuestro mundo orwelliano los ojos y oídos de la electrónica operada por insensibles burócratas abarcan el mundo y sus adyacencias. Y cuando la técnica no basta, siempre se puede acudir a los artesanales recursos del garrote y la picana.
En Canadá, un informe de la cadena CBS afirma que la agencia oficial de espionaje electrónico revisa millones y millones de mails, de uploads y downloads de usuarios de Internet de todo el mundo para encontrar sospechosos de terrorismo e intentos de conspiraciones subversivas. La cadena revela detalles de los descubrimientos de Edward Snowden sobre el programa llamado “Levitation”, que permite a los analistas de inteligencia revisar de 10 a 15 millones de descargas y/o subidas a Internet cada día. La masa de información es tan abrumadora que incluso ocurren situaciones ridículas, como cuando un analista se vio confundido por la inclusión –seguramente azarosa– de un capítulo del programa televisivo Glee.
En la Argentina democrática también se dan situaciones que revelan la presencia abierta o encubierta de la actividad de inteligencia e información sobre la población civil. Uno de los casos emblemáticos es el de Américo Balbuena, un miembro de la Inteligencia de la Policía Federal que estuvo infiltrado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, perteneciente a la Red de Medios Alternativos. El legislador por Nuevo Encuentro y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín ha hecho notar que la Policía Federal es el único cuerpo de seguridad que desde 1983 “no ha sufrido ningún tipo de reforma o modificación institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. Saín recuerda también que desde el decreto-ley 9021 de 1963 que creó la orgánica del “cuerpo de informaciones de la policía Federal” ha persistido un “verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario”. Sus miembros se encuentran habilitados para ejercer empleos en el ámbito público y privado para “poder infiltrase y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”, y –detalle no menor– tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo.
Por su parte, la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) comprobó en reiteradas oportunidades la existencia de actividades de inteligencia policial paralegal. En 2004, por ejemplo, tras la represión a una movilización en Plaza de Mayo con el saldo de 102 detenidos, siete de ellos fueron procesados y encarcelados con prisión preventiva. La principal “pieza acusatoria” era un informe producido por el Departamento de Seguridad del Estado de la Policía Federal, basado en tareas de inteligencia y seguimiento sobre varias organizaciones con la inclusión de material fotográfico y “fichas” personales. El informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, concluía que “todas esas organizaciones eran en realidad frentes de masas de una única organización clandestina que pretendía desestabilizar el sistema democrático”.
Es innegable que la complejidad, los conflictos y la competencia existente en las relaciones entre Estados y al interior de los mismos obliga a mantener sistemas de información e inteligencia que permitan a los dirigentes contar con un cuadro preciso de los entornos políticos, de las amenazas actuales y potenciales para poder adoptar medidas adecuadas a la presevacion del interés nacional. Por razones que exceden largamente los alcances de esta nota, los organismos que deberían proveer en tiempo y forma tal información han degenerado en casi todo el mundo en Estados subterráneos incrustados dentro del Estado, obedientes a sus propias y clandestinas normas, amparados en el secreto de sus funciones, en la vastedad de sus recursos financieros y tecnológicos y la impunidad legalizada de sus acciones.
En diciembre del año pasado, el Comité Selecto del Senado de EE.UU. sobre Inteligencia, el organismo de control parlamentario de las actividades de la comunidad informativa, produjo una detallada y contundente denuncia sobre las prácticas de tortura de la CIA, el organismo norteamericano de inteligencia exterior. Pese a la conmoción política y la repercusión periodística que produjo el informe, los resultados prácticos no fueron muy alentadores, sólo el compromiso del gobierno de velar para que dichas prácticas no se repitieran en el futuro. Loables intenciones de dudoso cumplimiento.
Es que el poder e influencia de los servicios de información va de la mano de una masa gigantesca de recursos financieros, humanos y materiales. El sistema norteamericano de espionaje cuenta con dieciséis agencias, 107 mil empleados “legales” y un presupuesto combinado de 52 mil millones de dólares, de los cuales 14 mil son para la CIA y 10 mil para la NSA.
En Inglaterra, el MI5 (Security Service) y el MI 6 (Secret intelligence Service), junto con el GCHQ (Government Communications Head Quarters), son los órganos de información de la Corona y disponen de 1.700 millones de libras anuales para sus actividades que están amparadas, igual que las de sus colegas de la CIA por el secreto y la impunidad.
En las novelas clásicas de espionaje, cultísimos caballeros ingleses, fríos, eficientes y austeros soviéticos, extrovertidos y arrogantes yanquis y cerebrales franceses disputaban un juego de ajedrez sobre el tablero de la guerra fría. La penetración del dispositivo enemigo era el premio mayor. En nuestro mundo orwelliano los ojos y oídos de la electrónica operada por insensibles burócratas abarcan el mundo y sus adyacencias. Y cuando la técnica no basta, siempre se puede acudir a los artesanales recursos del garrote y la picana.
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