La Procuración del Tesoro entregará hoy a la
Justicia la documentación clave. El documento tiene 67 páginas y 15
anexos, en los que se rebaten las acusaciones contra Cristina y el
canciller Timerman. La procuradora Angelina Abbona sostiene que la
presentación del fiscal "es un entramado ficcional" y una "extraña
interpretación" de algunos hechos reales y otros inexistentes. El
escrito será presentado al juez Rafecas, que analiza la denuncia de
Nisman.
La Procuración del Tesoro de la Nación, en
representación jurídica del Estado, presentará hoy ante el Juzgado
Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas "un escrito de carácter
institucional" en el que aportará prueba documental en el
expediente que se abrió por la denuncia contra la presidenta Cristina
Fernández y otros funcionarios y dirigentes oficialistas que interpuso
el fallecido fiscal especial de la Causa AMIA, Alberto Nisman, el 14 de
enero pasado. En el documento se pretende rebatir cada uno de los puntos
de la acusación que realizó el fiscal, quien sindicó al gobierno un
presunto plan criminal para "blindar de impunidad" a los iraníes
acusados de la voladura de la mutual judía en 1994. Para los letrados de
la Procuración, la denuncia de Nisman es un "entramado ficcional" y una
"extraña interpretación". "No aporta ninguna prueba objetiva, ni
siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto",
indican, según publicó Tiempo Argentino.
En el escrito, que se puede leer en la página web de la Procuración del Tesoro, se afirma que "no
existe prueba alguna, siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre
la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a
funcionarios del Gobierno Nacional, susceptibles de ser encuadradas en
los ilícitos penales" que adjudicó Nisman. Se destacan informes
producidos o remitidos por Cancillería, el Ministerio de Planificación
Federal, la cartera de Economía, la Secretaría de Inteligencia y la
AFIP, así como notificaciones de Interpol.
En las primeras páginas, la presentación –que lleva la firma de la
procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y los subprocuradores Horacio
Diez y Javier Pargament– se repasa la acusación que presentó el fiscal
especial de la causa AMIA cuatro días antes de su muerte: "Destaca la
denuncia que la búsqueda de la cancelación de las denominadas
notificaciones rojas de Interpol que involucra a cinco imputados
iraníes, constituyó el eje central del plan delictivo." El Memorándum de
Entendimiento con Irán sería el medio "más visible" para perpetrar el
supuesto plan criminal, por eso, para los abogados del Estado, el
trabajo de Nisman se centra especialmente sobre este elemento.
"No existe prueba alguna, siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional, susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales".
El trabajo aborda centralmente, entonces, el Memorándum. Para los
letrados, ni la suscripción del acuerdo, "ni los actos preparatorios o
posteriormente ratificatorios de aquél pueden configurar ilícitos de
orden penal". Tampoco "reflejaría bajo ningún punto de vista que haya
existido intencionalidad, y menos aún acto alguno que implique el
principio de ejecución de un obrar delictivo, orientado a la supuesta
desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las
notificaciones rojas de Interpol", afirman.
Según los abogados, la "letra expresa" del Memorándum "controvierte
la existencia de la maquinación criminal que indica la denuncia, la que
se basa en la construcción de una hipótesis que prescinde infundada y
arbitrariamente del texto del citado acuerdo, para otorgarle –a partir
de conjeturas construidas sin base seria alguna– un sentido diferente
del que surge de la literalidad de lo firmado por los Cancilleres de
ambos países".
Otro punto de la presentación menciona "las gestiones del Poder
Ejecutivo Nacional en el orden local e internacional en relación con la
Causa 'AMIA'". Allí se citan diversas medidas –a través de decretos– que
tomó el gobierno nacional "con el fin de prestar la máxima colaboración
con la tarea jurisdiccional" a nivel local. Se recuerda que en el orden
de la política exterior, el Ejecutivo "reclamó ininterrumpidamente la
cooperación internacional para llegar a la verdad en la investigación
del atentado contra la AMIA". Sobre todo, hacen referencia a las
ponencias de la presidenta ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
A lo largo de las 67 páginas del escrito –en el que se menciona
solamente a la presidenta y al canciller Héctor Timerman porque la
Procuración del Tesoro sólo representa al Estado–, se apunta a "la
ineficacia de los medios intentados para la cooperación internacional".
Los abogados mencionan "alrededor de veinte pedidos de asistencia
jurídica a las autoridades iraníes, según consta en la causa", que
desembocaron en la nada misma. Los letrados relatan que el gobierno
solicitó pasaportes, cuentas bancarias, listados de llamados de
determinados abonados y hasta la detención preventiva de las personas
que poseen pedidos de captura vigentes. "En respuesta, la República
Islámica de Irán, además de efectuar extensas críticas y desacreditar
fuertemente a la investigación, indicó que al no existir acuerdo de
cooperación en asuntos judiciales, ninguno de los dos países estaba
obligado a tramitar esos requerimientos". Así, dan a entender que el
Memorándum era una posible salida al laberinto en el que se encontraba
el expediente sobre el acto terrorista.
Otros de los documentos de los que se nutre la presentación son
informes de carácter técnico producidos por los Ministerios de
Planificación Federal, la cartera de Economía y la AFIP. En tal sentido,
se cita al Ministerio de Planificación Federal cuando señaló que "no
existió la situación de crisis o emergencia energética que,
supuestamente, habría llevado a las autoridades argentinas a privilegiar
el restablecimiento de relaciones" con Irán "para obtener la provisión
de petróleo de aquel origen. Pero además, el informe del Ministro del
área da cuenta de que existían razones técnicas en virtud de las cuales
la República Argentina no podría comprar petróleo iraní, pues la calidad
del crudo de ese origen no es la exigida por las refinerías locales".
Para evidenciar el móvil Nisman había señalado un supuesto "intercambio
de granos de producción argentina, por petróleo iraní". Con respecto a
la exportación de grano se explica desde la cartera económica "que el
comercio bilateral está a cargo de operadores privados, y no de los
Estados involucrados".
"En lugar de presumir lo que parece más obvio al entendimiento, es
decir que ciertas personas (N. de la R. en referencia a Jorge Khalil y
Luis D'Elía) que operaron invocando los intereses iraníes habrían
efectuado para sí una determinada interpretación de las finalidades
perseguidas con el acuerdo –distinta de la sostenida por los
funcionarios del Gobierno argentino–, el Fiscal Nisman optó por
atribuirles a estos últimos una intencionalidad delictiva al suponer que
obraron guiados por objetivos acordes a los que supuestamente desearon
obtener los mencionados en primer término." A partir de allí, aseguran,
el fiscal "construye un entramado ficcional, que reposa en una premisa
inicial, la cancelación de las notificaciones rojas para la consumación
del plan de impunidad, que se ve desvirtuada con la mera lectura del
propio Memorándum de Entendimiento y de las misivas intercambiadas con
Interpol por el Ministro de Relaciones exteriores y Culto del Gobierno
argentino".
También se citan diversas notas de Interpol, como la del consejero
jurídico del organismo internacional, Joel Sellier, quien en
representación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General de Interpol expresó que el acuerdo "no implica ningún tipo de
cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a
los crímenes investigados en la causa AMIA".
Para los abogados, el "designio interpretativo (de Nisman)
colisiona en forma expresa con elementos de prueba objetivos" de la
causa.
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