Por Eduardo Aliverti
La campaña electoral está en plena marcha y algunos funcionarios judiciales, de la noche a la mañana, descubren o activan causas que afectan al Gobierno. El ejemplo más acabado es del juez federal Carlos Bonadio, instalado desde los medios opositores como el nuevo perseguido nacional por actuar en un expediente que, según aseguran o construyen, picaría cerca de Cristina. Inmediatamente antes se trató de lo que habría sido una cruel persecución contra José María Campagnoli, reputado en los pasillos como uno de los fiscales Clarín. El ataque más pertinaz se centra contra la procuradora general de la Nación, como presunta amanuense de las apetencias kirchneristas para asegurarse impunidad. El pliego de Alejandra Gils Carbó, quien es la jefa de los fiscales, de los encargados de defender el interés público, fue aprobado por el Senado, en agosto de 2012, gracias a una mayoría aplastante: 63 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención. Virtual unanimidad. La respaldaron el radicalismo y los extintos peronistas federales, que hoy le endilgan ser una secretaria del absolutismo K. Hay periodistas mucho más duchos que el firmante en la data y análisis del andar palaciego-tribunalicio, pero no se requieren saberes mayores para advertir la obviedad del empalme entre judicialización de la política y elecciones presidenciales a la vista. ¿Alguien puede creer seriamente en la casualidad de que busquen investigar a Cristina, por lavado de dinero, en medio de una campaña electoral? Quede claro que esa pregunta no significa descartar la obligación de que la Justicia haga lo que tenga que hacer, en cualquier circunstancia. Sólo se pretende invitar a la reflexión política y eso conlleva, además o en primer término, que se observen los medidores mediáticos. El jefe de Gobierno porteño está inmerso hace tiempo en una causa de espionaje telefónico ilegal, sin que la prensa opositora lo cite, jamás, en su carácter de procesado. El vicepresidente de la Nación, en cambio, fue convertido en un muerto político desde el comienzo de sus avatares judiciales, sin esperar al resultado concreto de fallo alguno. Para insistir: no estamos hablando de atribuciones judiciales ni de alcances de culpa o responsabilidad. Hablamos de que contrastes como ésos, entre tantísimos por el estilo, no se ocasionan por hurgar asépticamente –para el caso– en las causas que involucran a Macri y Boudou. Son el producto de cómo se juega en política desde las prácticas periodísticas. El oficialismo no es inocente. Y la oposición, menos que menos.
En cuanto al nuevo Código Procesal Penal, anótense los principales datos duros. Ya no serán los jueces quienes conduzcan las investigaciones para luego pronunciarse respecto de lo producido por sí mismos, sino los fiscales. Se incorpora la oralidad y se acortan los plazos procesales, de manera que los tiempos en que se resuelven los juicios serán mucho menores. También se introduce la opinión de las víctimas y se crean 17 nuevas fiscalías, más unos 1700 cargos para reducir la recarga de trabajo sobre aquéllas. Se eliminó el concepto de “conmoción social del hecho”, como parámetro para dictar prisión preventiva, en tanto les otorgaba a los medios de comunicación un poder arbitrario a fin de influenciar sobre quiénes deben ser apresados. Frente a semejante paquete de reformas, la crítica solitaria es que los funcionarios buscan impunidad. Se miente, a sabiendas, al afirmar que la Procuración General tendrá ahora el libre albedrío de asignar causas a las nuevas fiscalías generales: en la ley aprobada, a sugerencia de la propia oposición, quedó establecido que el reparto será mediante sorteo a más de la cantidad de requisitos y controles cruzados. Y al cabo de todo ello, la decisión sobre los postulantes recaerá en el Senado. Lo que se agregó forma parte de lo que apuntó el espacio opositor, y el resto es estrictamente lo que marca la Constitución. Hablar de mayor peso del Gobierno en la Justicia es un fraude informativo. Pero aun cuando se tuvieren en cuenta las sospechas de intenciones oficiales pérfidas en torno de los nuevos fiscales generales, debería ser increíble que ésa sea una observación excluyente capaz de tomar al todo por la parte. Frente a las modificaciones sancionadas, que recogen la demanda social de una Justicia menos paquidérmica, sólo se les ocurrió decir y votar en contra porque desconfían. De mínima, eso no es argumentativamente serio. Y de ese piso para arriba, si acaso queda habilitado que el razonamiento sea, sólo, en base a los intereses políticos en juego, entonces también habilita que el kirchnerismo juegue los suyos. En otras palabras, a ponerse de acuerdo: o impugnan técnicamente o aceptan la regla de que intereses políticos tienen todos.
Y es que, al fin y al cabo, (casi) todo es cuestión de quién mantiene la iniciativa y eso se percibe por igual en el terreno económico. El anuncio de eximir Ganancias en el medio aguinaldo bastó para descolocar a la oposición gremial y mediática. La primera mandó a guardar sus ínfulas combativas de fin de año, pasando a mejor vida el lanzamiento de paros y declaraciones de guerra. La segunda dijo que Cristina cedió. Palos porque bogas y si no bogas también, una medida coyuntural de esa naturaleza no hubiera alcanzado para calmar las aguas si el escenario fuese todo lo catastrófico que pintan. ¿Cuál era y es la fortaleza de las demandas si un anuncio de momento las desbarata así como así? El Gobierno, por cierto, tiene el problema muy peliagudo de cómo conseguir los dólares que le permitan sostener una economía crecida el calor del mercado interno. Al no haberse cambiado una matriz productiva que depende de la importación de insumos esenciales, o determinantes para la cultura consumista, ese sostén económico encuentra techo. La producción de petróleo y gas no alcanza a cubrir la demanda y el déficit energético crece. La buena noticia es que hace falta más energía justamente porque se crece, y la mala consiste en que, hasta poder concretarse los proyectos de desarrollo en marcha, las presiones son fortísimas. Según la eterna tesis de los liberales, ya implementada por el menemato en los inolvidables ‘90 y antes por el terrorismo cívico-militar, la solución es endeudarse con la pandilla financiera internacional y dejar que la mano invisible del mercado libere las fuerzas productivas al costo social que fuere. Lo disruptivo del kirchnerismo es que apropió una parte de la renta agropecuaria, con ya larga fortaleza política, para financiar la salida del infierno liberal, precisamente, junto con la quita de deuda externa más impresionante de la historia, a pura decisión política impensada, y que se propone continuar apostando al Estado como árbitro regulador, activo, del desequilibrio entre grandes y chicos. El dichoso mercado, eufemismo de los actores feroces de la economía, dispara en sentido contrario con todo lo que tiene a mano. Desde corridas cambiarias hasta dibujos de horizontes calamitosos, su batería de acciones es enorme. Pero afronta igualmente un problema complejo al carecer de proyecto político confiable, previsible. El kirchnerismo sí lo tiene, aunque más no sea por una gestión comprobada de casi doce años, pero no parece disponer del candidato firme que pueda prolongarlo.
A la oposición comenzó a provocarle escalofríos el dictamen de comisión que Diputados debería votar en los próximos días, con 43 cargos disponibles para Argentina en el Parlamento del Mercosur ¿y la probabilidad de que Cristina vaya en las boletas electorales de todo el país? Es nada más que una especulación. Nada más. Nadie sabe lo que piensa hacer la Presidenta. Esa incertidumbre incluye cuál podría ser el choque entre sus convicciones políticas y aspectos personales tal vez ligados al cansancio físico, a la necesidad de parar un poco, a preservarse. A ojímetro, sólo por deducción, se diría que un animal político como ella no se retira nunca del poder. Y que producirá novedades en esa dirección, no en lo inminente ni mucho menos. Movimientos quizá ligados a entornar a algún candidato que no le gusta nada, o a provocar una sorpresa mayúscula. Por lo pronto, es cristalino que los comentaristas de la oposición ya entraron en pánico desde que las encuestas revelan una aceptación notable de la figura presidencial. De hecho, la mejor comediante de la política argentina acaba de anunciar que ella también será candidata al Parlasur para competir contra Cristina. Debe reconocérsele el mérito de continuar marcando la agenda de unos rejuntados que acentúan su desconcierto. Se dedican a las comidillas judiciales, al pelo en el huevo de los códigos procesales, al denuncismo de la corrupción oficial y a cualunquismos de impacto fácil.
No se comprende por qué tanto temor, siendo que el Gobierno es un desastre en rumbo de fin de ciclo.
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