Los 4.040 nombres que debe investigar la Justicia, por Julian Blejmar (para "INFOnews" del 07-12-14)

La acción reguladora del Estado fue criticada durante el Foro de Convergencia Empresaria y eludida por individuos y empresas que fugaban parte de sus tenencias a Suiza.

El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con la exención del Impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores que ganan hasta 35.000 pesos eclipsó la respuesta oficial a uno de los debates más interesantes que se suscitaron durante la semana. El mismo fue iniciado diez días atrás, durante el Foro de Convergencia Empresaria, el cual reúne desde 2013 a las Cámaras de las más grandes y en muchos casos oligopólicas empresas del país. Allí, según consignó Miradas al Sur, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y director del grupo Techint, Luis Betnaza, manifestó ante la atenta escucha de Mauricio Macri, Sergio Massa, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner que “no creo que haya un debate entre el Estado y el Mercado. Creo que el Mercado le va a ganar al Estado, y el debate es cómo liberar las fuerzas del mercado para producción”, manifestando de esta forma su acuerdo conceptual con los lineamientos de la política económica neoliberal que implementaron los gobiernos de la última dictadura cívico militar (1976-1983) y de Carlos Menem y Fernando de la Rúa (1989-2001).

La tarea de actualizar las escalas y alícuotas, y evitar las diversas desgravaciones con las que se benefician algunos de los sectores más altos de la pirámide, continua siendo una tarea pendiente para el Gobierno.

La primera voz oficial que expresó su discrepancia con estos conceptos fue la de la ministra de Industria, Débora Georgi, quien al inaugurar las disertaciones de la 20ª Conferencia Industrial Argentina de la UIA en el Hotel Sheraton de Pilar manifestó estar “profundamente en desacuerdo con quienes reclaman más mercado y menos Estado”, ya que “la fuerza libre de mercado beneficia sólo al que tiene más poder, y los mercados perfectos sólo existen en los libros”. Durante la misma Conferencia, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que “no hay ningún país emergente que haya tenido un proceso espontáneo de industrialización sin una participación determinante del Estado”, pero dando cuenta incluso de que en todas las ocasiones el Estado estuvo presente, ya que durante la dictadura cívico militar existió un Estado “ajustador, excluyente, y muy activo”, que produjo “muchas leyes y muchas reformas que tendieron a destruir a la industria nacional, pues la desindustrialización fue una política de Estado”. En este sentido, resaltó el crecimiento de la industria a raíz de las medidas económicas llevadas adelante durante el ciclo kirchnerista, y en relación con el presente año afirmó que “el problema es el sector automotor, que coloca más de la mitad de su producción en el extranjero, particularmente en Brasil, y si Brasil no compra, no se venden autos, ni sus industrias derivadas como plástico, caucho, etcétera”. De hecho, afirmó que “si se quita el sector automotor, el desempeño de la actividad manufacturera evidencia una suba del 1,4%”, lo cual, agregó, se podía observar en el balance de las 38 principales empresas que cotizaron en Bolsa durante el tercer trimestre de este año, y en relación con 2013.
Durante el cierre del Conferencia, la Presidenta Cristina Kirchner, amplió los datos sobre el crecimiento industrial y de consumo durante el ciclo económico iniciado en 2003, remarcando la importancia que para ello tuvo la acción estatal, ya que, afirmó, “los mercados perfectos existen sólo en los libros. Hoy, ni siquiera existen en los libros. Los principales economistas del mundo abogan por la idea de que el mercado es muy imperfecto y que necesita necesariamente de la intervención estatal para su regulación y para su control”. E incluso criticó las posiciones contradictorias de alguno de los grandes grupos económicos que solicitan protección ante las dificultades pero rechazan la regulación cuando se fortalecen, señalando que “el Estado tiene que estar siempre, porque siempre convino que estuviera el Estado. Y si uno ve la serie histórica de la Argentina, cuando mayor articulación hubo entre Estado y mercado, existió un mayor crecimiento. Pero tuvo que haber un Estado fuerte”.
Otras dificultades. La oposición de muchos de los grandes grupos a ser regulados por el Estado –junto a sus respectivas maniobras instrumentadas a tal efecto– son sólo una de las variadas dificultades que encuentra el Gobierno para desarrollar su política económica. Otra que tuvo repercusión durante la semana tuvo que ver con las denuncias sobre fuga ilegal de divisas por parte de poderosos actores económicos. La denuncia, aportada por el italiano Hervé Falciani, ex funcionario del área de sistemas de la filial suiza del Banco HSBC, y girada a la Argentina por el gobierno de Francia tras el acuerdo por la deuda del Club de París, tenía para su capítulo argentino el caso de 4.040 personas y empresas vinculadas a operatorias ilegales de lavado de dinero por un total de 3.000 millones de dólares. La información motivó una denuncia de la AFIP sobre la posible existencia de una plataforma facilitadora para la evasión, conformada por apoderados, abogados, licenciados en Economía y contadores, quienes facilitaban estructuras que permitían ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza, para de esta forma evadir el pago de sus impuestos en el país. También produjo la creación, por parte de diputados oficialistas, de una comisión especial en el Congreso que trabajará durante 90 días para evaluar la información que actualmente se encuentra en poder de la AFIP.
De todas formas, los 3.000 millones en cuestión son en rigor una cifra mínima, pues de acuerdo con Jorge Gaggero, investigador de Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-ar) y miembro del Plan Fénix y la organización Tax Justice, durante las últimas cuatro décadas se fugaron del país cerca de 400.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente sólo el 1% está declarado.
De hecho, de acuerdo con el ex funcionario del banco JP Morgan Hernán Arbizu, el HSBC es sólo uno de los bancos que fugan divisas de nuestro país, pues “menos el Credicoop, cualquiera tiene una oficina de banca privada” que se dedica a “abrir cuentas en el exterior sin declararlas en el país”, mencionando en ese sentido los nombres del BBVA, Citibank, Crédit Suisse, UBS, Barclays y Merrill Lynch.
Sin ganancias en Ganancias. Las maniobras de elusión a la regulación pública y de fuga de capitales que realizan estos grupos económicos implican, además de una menor recaudación tributaria, un menor atesoramiento de divisas en el país, y es por eso que tienen también vinculación con la cotización del dólar y con la inflación. Entre las nocivas consecuencias de este último fenómeno, se contaron el carácter en parte regresivo (proporcionalmente se le quita más a quienes menos tienen) que adquirió un impuesto progresivo (proporcionalmente se les quita más a quienes más tienen) como lo es el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría para los salarios que se encuentran por encima de los 15.000 pesos, es decir para el 10% de la fuerza laboral argentina. Sucede que la inflación y las correspondientes actualizaciones salariales, junto a una falta de corrección acorde por parte del Gobierno, produjo diversas inequidades en la aplicación de este tributo, ya que al no actualizarse las alícuotas (las cuotas que paga cada categoría, y que datan de 2001), más de los mitad de los trabajadores comenzaron a tributar tasas de imposición más elevadas (van desde el 9% al 35%).
En rigor, la aplicación de este tributo sigue resultando progresivo, pues grava a los empleados con mayores ingresos, por lo que las demandas de gran parte de sindicatos y partidos opositores no tienen que ver con su eliminación sino con su modificación. (Las excepciones fueron los diputados del conglomerado Faunen Hermes Binner y Victoria Donda, quienes afirmaron, respectivamente, que “el producto del trabajo no debe ser alcanzado por el Impuesto a las Ganancias” y que “el salario no es ganancia y el impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores es una injusticia. Es completamente indignante que se les obligue a pagar el impuesto”).
El hecho de que el Impuesto a las Ganancias sea un impuesto progresivo fue también el principal argumento del Gobierno para defender su aplicación. De hecho, desde Presidencia difundieron que lo recaudado por este tributo se destina mayormente a gasto social y de desarrollo, pues en un 20% se orienta a la Anses, en un 46% a las provincias, y en un 34% al Tesoro. Pero además, sostuvieron que su incidencia en los salarios resulta baja en términos mundiales, pues la participación de este impuesto en la recaudación total representa en la Argentina el 1,5%, mientras que en otros países sube significativamente, pues es del 2,4 en Brasil, del 8,6 en Chile, del 10,2 en Perú, y del 13,5 en Uruguay, en tanto que los países europeos pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”), tienen todos ellos cargas aún mayores para sus trabajadores mejor pagos.
Con todo, frente a la reiteración de críticas y amenazas de paro, el Gobierno buscó subsanar su falta de acción en la actualización mediante el anuncio de la exención en el medio aguinaldo para los salarios menores de 35.000 pesos, lo cual dejó fuera de tributación del medio aguinaldo al 80% de los trabajadores que aplican para este impuesto. Una “solución” que, más allá de cuestiones políticas, en lo económico dista de serlo, por representar un costo fiscal derivado de beneficiar a algunas de las personas con mayores ingresos de la Argentina. La tarea de actualizar las escalas y alícuotas, y evitar las diversas desgravaciones con las que se benefician algunos de los sectores más altos de la pirámide, continua siendo una tarea pendiente para el Gobierno.

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