El modelo kirchnerista original crecía en base al mercado interno (con
trabajo y producción nacional) y se financiaba con el superávit
comercial, a la vez que los dos canjes de deudas realizados en el año
2005 y 2010 lograron hacer que disminuyera considerablemente el capital
adeudado y estirar los plazos, con lo cual los servicios de la deuda
(pago de los vencimientos de capital y de los intereses) representaban
solo el 1,3% del PIB en el año 2012, cuando era por año de tres veces y
media más en el período 1980-2001.
La mejora del perfil de deuda y las ventas al exterior donde prevalecen los acuerdos con China, demás países miembros del Brics y en la Unasur, logró frenar la restricción externa que implica para la producción en general y la industria en particular, dependiente de insumos y de energía importada, restricción que fatídicamente tiene su ciclo que se preveía pero que fue desencadenándose en forma más violenta ante la suba del precio del petróleo y el fin del dólar “barato” tras la crisis del año 2009.
Esto es, no se desconocen las leyes económicas, pero al seguir “tirando” de la demanda se infería que los empresarios al encontrarse con un mercado sostenido iban a incrementar la inversión, cosa que no sucedió con las empresas de mayor facturación y de los principales rubros.
En ese marco, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. del 16 de junio de 2014 rechazando tratar el caso argentino y convalidando de ese modo las dos sentencias adversas y a favor de los fondos NML Elliot, Aurelius y otros, fue como el detonante ante un gobierno que había perdido la posibilidad de sucederse a sí mismo.
La mejora del perfil de deuda y las ventas al exterior donde prevalecen los acuerdos con China, demás países miembros del Brics y en la Unasur, logró frenar la restricción externa que implica para la producción en general y la industria en particular, dependiente de insumos y de energía importada, restricción que fatídicamente tiene su ciclo que se preveía pero que fue desencadenándose en forma más violenta ante la suba del precio del petróleo y el fin del dólar “barato” tras la crisis del año 2009.
Esto es, no se desconocen las leyes económicas, pero al seguir “tirando” de la demanda se infería que los empresarios al encontrarse con un mercado sostenido iban a incrementar la inversión, cosa que no sucedió con las empresas de mayor facturación y de los principales rubros.
En ese marco, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. del 16 de junio de 2014 rechazando tratar el caso argentino y convalidando de ese modo las dos sentencias adversas y a favor de los fondos NML Elliot, Aurelius y otros, fue como el detonante ante un gobierno que había perdido la posibilidad de sucederse a sí mismo.
Sin embargo, y esto es lo notable, no pasó como en otros finales de ciclo en que el derrape cambiario y el barajar y dar de nuevo beneficiaba al capital más concentrado en perjuicio del grueso de la población, comprando por la mitad lo que vale el doble, y no pasó porque entran a terciar el ingreso de capitales del exterior (reflejado en el valor de las acciones y en la compra de empresas locales, como es el caso de Telecom Argentina) que consideran que los activos argentinos medidos en moneda dura son baratos con respecto a empresas similares de la región y del mundo, y los acuerdos comerciales y financieros con China en primer lugar y con los países que conforman los Brics en segundo término.
La inversión en la represa Cepernic-Kirchner, en los FFCC, la asociación con empresas locales en la exploración y explotación de petróleo, la compra sostenida de granos, más el swaps de US$ 11.000 millones con la República Popular China, que es comprar al tipo de cambio oficial 6 yuanes (1 dólar) por $ 8,60, más los convenios de inversión y comercio con los otros Brics (por ejemplo el financiamiento ruso a la Represa de Chihuido) demostraron palpablemente que existe “otro mundo” dentro del sistema económico internacional que no responde a los mandatos de la Justicia norteamericana.
Ese otro mundo hace a su vez que capitales principalmente norteamericanos, como son el banco JP Morgan y los fondos de inversión Goldman Sachs, Fintech (de David Martínez), Quantum (de George Soros) y otros, compren activos, títulos públicos y acciones argentinas, más allá de que en la última semana descendieron los valores bursátiles por un contexto externo de dólar alto y baja del precio del petróleo, y en el plano interno al frenarse las operaciones de contado contra “liqui” que consiste en comprar dichos valores en el país y venderlos en divisas en los mercados en que cotizan en el extranjero.
La economía argentina goza de buena salud, tanto por la capacidad real y potencial de su mano de obra, como de los recursos naturales con que cuenta (la tierra más fértil del mundo, agua, petróleo y gas en piedras), como la de poder abastecer un mercado creciente como lo son los de los llamados países emergentes, por ende las tareas a realizar son la de sanear las cuentas públicas, fundamentalmente en lo que respecta al endeudamiento en general y la demanda de los houldouts que son los fondos buitre y otros que quedaron fuera de los dos canjes de deudas de los años 2005 y 2010 en particular, y acordar con los empresarios planes reales de inversión y generación de puestos de trabajo con metas físicas a cumplir.
Lo que se está discutiendo es cómo se van a constituir los costos de producción, esto es cómo se garantiza que en moneda dura se puedan amalgamar las ventajas naturales que tenemos, la remuneración a los distintos tipos de trabajo, y los márgenes de ganancias, para que nuestros productos sean competitivos en nuestro mercado interno y en el exterior, y esa amalgama solo se puede hacer si el nivel de inversión es el necesario.
La clave fundamental, el “quid de la cuestión”, consiste en cumplir con las condiciones de eficiencia y productividad pero garantizando el poder adquisitivo de la población base del consumo nacional, para ello se requiere de mayor dotación de capital, que no nace espontáneamente de una clase empresaria como la que opera en nuestro país que busca renta de muy corto plazo, sino con un plan sistemático, integral que parta de un análisis de lo que puede desarrollar la Argentina para sustituir importaciones y apuntalar las exportaciones pero que contemple la creación de mayor valor agregado (trabajo y trabajo especializado) para que el beneficio sea para todos.
Exige que el Estado en nombre de todos trace un mapa de potenciales productivos y comerciales del país, que infiera quienes se benefician y a costa de qué, pero que obligue a las partes cumplir con lo acordado, los empresarios a “hundir los fierros”, asumir riesgos, contemplar el mediano y largo plazo; los trabajadores a capacitarse para afrontar el desafío de una sociedad más abierta, donde los países asiáticos han tomado una delantera considerable en inversión, en conocimiento y en dedicación laboral.
Mal o bien el kirchnerismo ha logrado pergeñar un modelo de acumulación y distribución que permitió crecer todos estos años, incorporar trabajadores y aumentar las remuneraciones al trabajo, pero no pudo evitar la persistente fuga de capitales, aunque al finalizar su gobierno logra aunar las tareas de investigación, seguimiento y control por parte de los organismos públicos (AFIP, BCRA, CNV, Procelac, UIF), pero paralelamente cedió un eslabón y con ello la confianza que es difícil de recuperar.
Esto es, la contradicción principal es que los que defienden el trabajo y la producción del país buscan que la mayor eficiencia y productividad sea por inversión en capital (máquinas, herramientas, equipos, etc.), mientras que los empresarios buscan a través de la devaluación de nuestra moneda, abaratar en divisas el trabajo y la producción nacional.
Mientras la primera implica conversión de la ganancia en inversión, asumir riesgos y generar mejores puestos de trabajo, la segunda instancia persigue ganar más por reducir los costos por menores salarios en dólares.
Para ello el estado debe estimular (desgravaciones impositivas, créditos de los bancos oficiales, reducción de encajes a los bancos que presten a los sectores da desarrollar, avales, etc.) a la industria y dentro de ella a las que realicen innovaciones técnicas y profesionalicen su mano de obra, garantizando más trabajo y mejor pago. Y aumentar los impuestos a los sectores primarios (extractivos y agropecuarios).
El planteo “eficientista” que proponen los empresarios, tanto los nucleados en el Foro de la Concertación Empresaria (UIA; Mesa de Enlace; IDEA; ABA: Asociación de Bancos Argentinos, que nuclea a los bancos extranjeros que operan en nuestro país; Cámara de Empresas Mineras; etc.) como en la AEA: Asociación Empresaria Argentina, presidida por Jaime Campos acompañado por Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José G. Cartellone (Cartellone Construcciones Civiles), Alfredo Coto (Supermercado Coto), Enrique Pescarmona (Impsa), Cristiano Rattazzi (Fiat), Miguel Acevedo (Aceitera Gral. Deheza), y Alberto Grimoldi (Zapatos y carteras Grimoldi), entre otros representantes de lo más graneado de los grandes empresarios que operan en el país, y esa propuesta “eficientista” no es otra cosa que el camino ya trillado y recontra comprobado de transferencia de recursos los asalariados al gran capital en base a abrir la economía, reducir los aranceles y devaluar, para que nuestros costos internos sean semejantes a los de los países del este asiático, que tienen otras estructuras de costos, otro valor para los productos de primera necesidad y otra historia. Siempre se generó una fuerte y rápida ganancia para el gran capital con abrir la economía y hacerla competir de igual a igual con el resto del mundo, cuando los países más productivos primero fortalecieron su industria, su producción y recién allí (con años y años de protección por parte de sus Estados) se largaron a competir.
Es obvio que los candidatos invitados por estos agrupamientos empresarios y auspiciados por ellos a la máxima administración del país van a ejecutar la baja de las defensas del mercado interno para reducir los costos en base al deterioro de los salarios, en lugar de tomar el camino más pensado y necesario de reconocer las complejidades e interrelaciones económicas, pero construyendo a partir del trabajo y la producción argentinos.
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