Chilpancingo, Guerrero. Vidulfo Rosales Sierra, integrante del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, alerta que el
gobierno mexicano prepara una salida de tipo militar frente a la crisis
política que enfrenta a raíz de los hechos de septiembre pasado, en
Iguala, y en los que servidores públicos asesinaron a tres alumnos de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecieron a 43.
“Lo que estamos observando hoy es la
preparación del escenario de una salida militar. Una salida sumamente
sangrienta y violenta”, dice en entrevista con Contralínea.
La
declaración del abogado tiene su origen en la campaña de
“descalificación” y “desprestigio”, desplegada desde las esferas del
poder público en contra de quienes se han solidarizado con las demandas
de justicia y presentación con vida de los estudiantes normalistas.
Dicha campaña alcanzó su clímax el
pasado 10 de diciembre, cuando Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario
de Marina, acusó que los padres de familia de los jóvenes desaparecidos
forzadamente están siendo “manipulados” por “grupos” y personas quienes
“lucran” con su dolor para alcanzar objetivos individuales o de grupo.
Dos días antes, habían iniciado
formalmente los señalamientos públicos en contra de defensores de
derechos humanos y activistas de Guerreo, solidarizados con la causa de
Ayotzinapa. Sin especificar el origen de la información, Reporte Índigo
reveló que personajes como Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera,
integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
están en la mira del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por
ser considerados “peligrosos para la gobernabilidad”.
Además, por sus presuntos vínculos con
grupos “subversivos” como el Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente, la Organización del Pueblo Indígena Mepha’a, la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias y los campesinos ecologistas de la
Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Al respecto Rosas Sierra,
representante legal de los familiares de los normalistas
detenidos-desaparecidos, señala: “Yo creo que puede haber una
intervención militar y eso le daría un sentido diferente a la
institucionalidad. Habría un quiebre de las instituciones en México, si
es que toman el liderazgo las fuerzas armadas para resolver esta
crisis”.
Y agrega: “A nosotros, como defensores
de derechos humanos, nos parece muy riesgoso que hoy asuman posturas
políticas las fuerzas armadas y que pretendan trazar una línea de cómo
debe resolverse la crisis que ocasionaron los hechos de Iguala”.
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