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domingo, 26 de octubre de 2014

COMPLICIDAD PELIGROSA, por John M. Ackerman (para Süddeutsche Zeitung, 23 Oktober 2014)

 

Tradducción al Español: "Gefährliche Komplizenschaft/Complicidad Peligrosa" (Süddeutsche Zeitung, 23 Oktober 2014)

 

Kanzlerin Merkel will mit Mexiko ein Abkommen zur Sicherheitszusammenarbeit schließen. Der Bundestag sollte sich das genau anschauen, bevor er zustimmt. Denn der Staat und das organisierte Verbrechen sind in Mexiko Komplizen, der Kampf gegen Drogen ist in Wahrheit politisierte Gewalt.

ACCEDER AQUÍ AL ORIGINAL PUBLICADO EN ALEMÁN


Ein Gastbeitrag von John M. Ackerman

Traducción al español publicada en


La Canciller Angela Merkel está a apunto de firmar un nuevo tratado de “colaboración en materia de seguridad” con México, el cual podría convertir a Alemania en cómplice de la represión violenta que sacude al país. El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha tratado de cultivar ante la comunidad internacional una imagen de reformista ilustrado. Sin embargo, una serie de masacres y asesinatos, así como la encarcelación sistemática de activistas, ha desenmascarado el sangriento regreso del autoritarismo en el país. El Parlamento Federal Alemán (Bundestag) debería solicitar una extensa revisión de la situación de derechos humanos en México antes de dar paso hacia el nuevo acuerdo bilateral. 
Bajo la gestión del anterior Presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), ya era claro que algo había ido terriblemente mal con la “Guerra contra el narco” en México. Su ataque militarizado contra los carteles de la droga llevó a una explosión de violaciones a derechos humanos, así como a un baño de sangre de proporciones históricas, causando decenas de miles de muertes y cientos de miles de personas desplazadas. 
De hecho, la situación salió tanto de control que en 2011 decenas de miles de ciudadanos mexicanos llevaron un caso contra Calderón a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por su directa responsabilidad en la crisis humanitaria en México.. El mes pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos en París, llevó un segundo caso complementario a la CPI. 
Bajo la gestión de Peña Nieto la situación se ha empeorado. Los homicidios mantienen un nivel histórico sin precedente y el crimen se ha elevado, con los secuestros y el número de personas “desaparecidas” claramente incrementándose bajo la nueva administración. Pero el giro de acontecimientos más preocupante ha sido la abierta politización de la violencia en la actualidad. Ahora está claro que en regiones enteras del país la “guerra contra el narco” no es más que una cortina de humo para la represión. 
La masacre de estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre ha dejado esta situación particularmente clara. 6 personas fueron asesinadas, una docena fueron lastimadas y 43 estudiantes han estado desaparecidos por cerca de tres semanas. Un cadáver apareció posteriormente, al cual le fue arrancada brutalmente la piel del rostro y le fueron sacados los ojos. Ello envió un claro mensaje de que la elección de las víctimas no había sido accidental. 
Numerosas fosas comunes han sido halladas cerca con cadáveres calcinados. El gobierno federal ha negado que se trate de los estudiantes, sin embargo denunciantes dentro de la policía local han confesado que los activistas fueron quemados, algunos mientras aún estaban con vida. 
La mayor parte de las víctimas son estudiantes de una escuela normal rural de maestros reconocida por su compromiso con el cambio social y la educación progresista. Las escuelas son conocidas por su compromiso con los ideales de la histórica Revolución Mexicana de 1910-1917, cuyo legado ha sido atacado sistemáticamente por Peña Nieto con sus políticas neoliberales. Irónicamente, los estudiantes desarmados fueron balaceados después de haber organizado una colecta de fondos necesarios para viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en recuerdo de la histórica masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. 
A pesar de que el tiroteo fue aparentemente llevado a cabo por miembros de la fuerza policial de Iguala, la estación militar establecida en el pueblo no hizo nada para detenerlos durante las tres horas que duró el caos. Incluso, los soldados sólo se movieron después de que los ataques hubieron terminado y en lugar de ir tras los agresores, inmediatamente detuvieron a los estudiantes víctimas desarmados. 
Esta masacre tuvo lugar sólo tres meses después de otra ejecución masiva en el pueblo cercano de Tlatlaya. El 30 de junio, el Ejército Mexicano ejecutó brutalmente a 21 jóvenes dentro de una bodega. Funcionarios públicos locales y federales del más alto nivel inmediatamente escondieron el incidente, anunciando que los asesinados eran supuestamente secuestradores y habían muerto en medio del tiroteo. La masacre salió a la luz sólo después de un reporte independiente hecho por Associated Press (AP) y el testimonio público de un testigo en la prensa mexicana. 
El pasado domingo, 12 de octubre un estudiante alemán de intercambio fue herido de bala por la policía mientras viajaba con sus amigos desde Acapulco, de vuelta a la Ciudad de México, cerca de la región donde ambas masacres tuvieron lugar. Y el jueves 17 de octubre una activista de twitter quien ayudó a informar al público sobre la narco-violencia, y la complicidad entre los oficiales del gobierno y el crimen organizado, fue asesinada en el Estado de Tamaulipas al norte del país. 
Esta situación caótica no se debe a una simple ausencia del Estado, sino a su complicidad con el crimen organizado. Por ejemplo, dos líderes sociales importantes quienes se han levantado para defender sus comunidades de los narcotraficantes, Nestora Salgado en el Estado de Guerrero y José Manuel Mireles en el Estado de Michoacán, están hoy en la cárcel, mientras prominentes narcotraficantes, como Servando “La Tuta” Cómez, inexplicablemente continúa libre. En general, ha habido un fuerte repunte en presos políticos, control sobre los medios de comunicación y represión de las protestas sociales desde el comienzo de la administración de Peña Nieto. 
Es importante recordar que Peña Nieto es originario del viejo y autoritario Partido Revolucionario Institucional, PRI, ahora de vuelta en el poder después de gobernar en México con puño de hierro entre 1929 y 2000. Antes de ocupar la Presidencia en 2012, Peña Nieto se desempeñó como Gobernador del Estado de México, un Estado donde el PRI ha estado al mando por 85 años ininterrumpidos. Ni Peña Nieto ni su partido tienen experiencia alguna con las políticas democráticas 
La semana pasada un grupo de miembros del Parlamento Europeo firmaron una importante carta condenando la masacre del 26 de septiembre y llamando a la posible suspensión de las relaciones comerciales con México, hasta que la situación de Derechos Humanos en México se mejore. Varios miembros del Parlamento Federal Alemán (Bundestag) también firmaron la carta de la Unión Europea (UE) y la Ministra de Relaciones Exteriores Maria Bohm fue fuertemente cuestionada sobre esta cuestión durante el turno de preguntas (Fragestunde) la semana pasada. 
En respuesta, Bohm insistió en que las masacres hacen aún más necesario trabajar con el gobierno mexicano para limpiar a las fuerzas de policía locales. Sin embargo, todos los informes recientes de organizaciones internacionales sobre los derechos humanos en el país demuestran que la corrupción y el abuso de poder es un problema endémico desde la cima hasta la base del aparato estatal mexicano. Las decisiones de política exterior no deberían dejarse guiar por la creencia ingenua en la buena voluntad del nuevo presidente mexicano sino por hechos concretos sobre su comportamiento en la realidad. 
Traducido por Mario Alberto Cuevas
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