El titular de la
Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que, si bien la
utilización de la
Ley Antiterrorista "puede parecer fuerte" para
investigar la quiebra de la imprenta Donnelley, es la vía correcta con la que
se puede "poner en tela de juicio" las acciones que intentan
"desestabilizar" al país a través de una operatoria habitual:
"El cierre de empresas".
Durante una entrevista televisiva, José
Sbatella explicó que el pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista
fue en base a dos cuestiones legales: "La existencia de un delito
precedente, que es la estafa fraudulenta; y un delito agravante, que es el
hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado
nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo".
Este último aspecto, el de impedir al Estado nacional hacer
un acto o dejar de hacerlo, se refiere a la decisión de la Justicia de Estados
Unidos de impedir que el dinero depositado para que cobre el 93,4 por ciento de
los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda soberana argentina.
Si la
Justicia federal argentina entendiera que se dieron esos dos
delitos, la UIF
estaría habilitada para el "congelamiento financiero de los fondos buitre
que están detrás de las empresas que tienen operaciones en Argentina, y también
solicitar el embargo de los fondos en otros lugares", según dijo Sbatella.
El titular de la
UIF explicó, además, que otro de los modos en que los fondos
buitre pueden "desestabilizar" a un país a través de sus empresas
repartidas en el mundo es haciendo "bajar acciones, tenerlas y luego
cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". En este
sentido, sostuvo: "Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única
que pone en tela de juicio todas las actitudes de los fondos buitre en sus
propiedades a nivel internacional".
La presidenta Cristina Kirchner anunció que pidió a la Justicia la aplicación de
la ley antiterrorista a la imprenta multinacional Donnelley por considerar que
intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra. La
advertencia fue concretada hoy cuando la AFIP hizo la presentación judicial, que recayó en
el juez federal Daniel Rafecas, quien será subrogado hasta la semana próxima
por María Romilda Servini de Cubría.
En la denuncia se vincula a la empresa Donnelley con NML,
el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular
que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin
motivo ya que su patrimonio neto es positivo.
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