Esta presidenta no va a firmar nada que
comprometa a las futuras generaciones tal como lo hicieron otros",
advirtió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner esta
semana en la inauguración de una fábrica de motos en el Gran Buenos
Aires.
Esta precisa definición, realizada desde una planta fabril
muestra a las claras cuáles son las prioridades del gobierno nacional.
En primer lugar, no caben dudas de que a partir del año 2003, es el
presidente de la Nación quien conduce la política económica del país y
que por mejores que sean los argumentos e ideas de los ministros y demás
colaboradores, lo que marca la estrategia es el discurso político
presidencial.
De ahí para abajo todo suma, pero no pueden salirse de ese libreto.
En segundo lugar, el ámbito donde se efectuaron las declaraciones no fue ni la Casa Rosada ni una entidad empresaria ni la Bolsa de Comercio, sino una fábrica nueva, donde los actores principales son trabajadores de carne y hueso.
El mensaje es más que contundente.
Ocuparse de cerrar el frente externo, aceptando el fallo adverso de la justicia norteamericana bajo la consigna de mantener una postura firme y soberana mientras se lo aborda, pero de lo que se trata es de priorizar la creación de puestos de trabajo industriales.
Este es el motor fundamental para incrementar el consumo interno de bienes nacionales, única forma de cerrar definitivamente la recurrencia de escasez de divisas que tiene Argentina, vía el aumento de exportaciones y la sustitución de importaciones.
En cuanto a las negociaciones con los fondos buitre, la novedad de la semana tiene que ver con el reconocimiento explícito por parte del juez Griesa de que nuestro país pagó el vencimiento de bonos Discount el 26 de junio pasado, aunque sigue bloqueando el pago a sus legítimos propietarios.
Al mismo tiempo el tándem Griesa-Pollack-Buitres, que a esta altura del partido nadie duda que juegan para el mismo equipo, volvió a presionar alegando que las consecuencias de un default para Argentina serían una catástrofe.
"El tiempo para que Argentina evite el default es corto", afirmaba el mediador Pollack, a la salida de una reunión con las partes este jueves. A su vez, Griesa dijo que "lamentaría mucho" un default argentino porque "las personas se verán afectados por eso". Un pañuelo por favor. Y los buitres –desde su página web– especulan con que "Argentina optó por no pagar" e intentan explicar que nuestro país se niega a negociar y que ya estamos en default.
En el tema de la cesación de pagos, se debe ser claro y no oscurecer como lo hace la tríada Griesa-Pollack-Buitres.
"Van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien no deja que ese dinero les llegue a sus propietarios", argumentó Cristina Fernández en el mismo discurso desde la fábrica de motos, ya citado. En rigor de verdad, el "no pago" lo declara el deudor y no un Tribunal de EE UU, explican abogados y especialistas en finanzas internacionales.
Por esta razón –la de no ser un default propiamente dicho– se inventan términos como "técnico", "inducido", "parcial".
Desde el prospecto (contrato) de los bonos argentinos, se establece que habrá un "evento de default" si la Argentina incumple un pago de los bonos y no corrige la omisión dentro de los 30 días, y se entiende por "cumplir" cuando se transfieren los fondos necesarios a la cuenta del fiduciario (en este caso, el Bank of New York), un día antes de la fecha prevista para el pago a los bonistas.
Este procedimiento es el que se cumplió y por el cual Argentina no está en cesación de pagos como pretenden los buitres.
Por lo tanto, si bien es seguro que la tríada, las calificadoras de riesgo y los socios locales de los buitres van a agitar el fantasma del default y de un colapso del país en el corto plazo, se debe ser firme en consignar que ni es un default, ni tendrá dichas consecuencias catastróficas a las que nos tienen acostumbrados desde 2003 los pronosticadores fracasados de siempre.
En este sentido, todos los medios concentrados, economistas y políticos opositores se jugaron la ficha durante el primer trimestre que a esta altura del año estaríamos atravesando meses de alto desempleo y con una inflación descontrolada. Nada de eso ocurre ni ocurrirá. Aún con la incertidumbre que abrió el fallo buitre, no se observan altos niveles de conflictividad social como intentaron alentar desde abril las centrales obreras opositoras, cuando advertían que no iban a cerrarse las paritarias por menos del 40 por ciento. La ola de despidos vaticinada no ocurre, aunque sí existen suspensiones importantes en algunos sectores que, por ahora, no se están generalizando.
Por el lado de los precios, hasta las mediciones sin ningún rigor técnico de las consultoras estiman que luego del cimbronazo de la devaluación de enero que impactó fuertemente sobre los precios, a partir de marzo, ese efecto ha ido desapareciendo y la inflación, en consecuencia, desacelerándose.
Esto no elude el tema de que este año el crecimiento económico no será el que veníamos observando en años anteriores, particularmente debido a que consumo interno –aunque estabilizado en niveles históricamente altos– viene creciendo a tasas muy bajas.
Para desdicha de muchos, la forma en que la presidenta encaró la negociación con los extorsionadores financieros internacionales es cada vez más valorada por los argentinos.
Con encuestas en mano, que es la única forma en que conciben la
política, la oposición dejó el discurso incendiario sobre que el
gobierno "no tenía Plan B" para encarar el fallo de Griesa, o que había
que bajar el tono de la discusión y sentarse mansamente a pagar lo que
Griesa quería en efectivo y ya, para pasar a apoyar la estrategia
argentina.
Esta semana dos ex ministros de economía –Lavagna y Remes Lenicov– que hasta hace poco criticaban cualquier medida de política económica, dieron apoyo a la negociación judicial oficial.
En el caso de Roberto Lavagna, no sólo debieron ser las encuestas positivas que acompañan la férrea y soberana posición de la presidenta las que lo hicieron cambiar de parecer, sino que él ha sido quien, siendo ministro, aprobó la incorporación a los contratos del canje de deuda tanto de la cláusula de "pari passu" por la que los fondos buitre ganaron la pulseada judicial, como de la ahora bien conocida RUFO (Right Upon Future Offers).
Respecto a este caso, que significa que cualquier mejora económica que se haga a los buitres respecto a los bonistas que sí ingresaron al canje, deberá ser trasladada automáticamente a estos últimos, el ex ministro aprueba el argumento oficial que pagarles a los buitres este año, gatillaría esa cláusula y se produciría un "tsunami financiero para el país".
En este sentido, ya es seguro que el objetivo de la tríada es que Argentina pise el palito de la RUFO, pague este año y comiencen a llover cientos de juicios de bonistas defraudados, con el comprensible argumento de querer cobrar lo mismo que los buitre.
De esta forma se caería toda la experiencia exitosa de la restructuración argentina de deuda, como forma de disciplinar a cualquier otra nación que intente tomar el camino de soberanía económica que el país viene transitando. Nos quedamos con el gesto político de la presidenta hablándoles a los trabajadores metalúrgicos, como lo hacía habitualmente Eva Perón, antes que un día como hoy pero de 1952, pasara a la inmortalidad.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/07/26/economia-155149-de-como-convertir-una-de-piratas-en-una-que-sepamos-todos-el-himno-nacional.php
De ahí para abajo todo suma, pero no pueden salirse de ese libreto.
En segundo lugar, el ámbito donde se efectuaron las declaraciones no fue ni la Casa Rosada ni una entidad empresaria ni la Bolsa de Comercio, sino una fábrica nueva, donde los actores principales son trabajadores de carne y hueso.
El mensaje es más que contundente.
Ocuparse de cerrar el frente externo, aceptando el fallo adverso de la justicia norteamericana bajo la consigna de mantener una postura firme y soberana mientras se lo aborda, pero de lo que se trata es de priorizar la creación de puestos de trabajo industriales.
Este es el motor fundamental para incrementar el consumo interno de bienes nacionales, única forma de cerrar definitivamente la recurrencia de escasez de divisas que tiene Argentina, vía el aumento de exportaciones y la sustitución de importaciones.
En cuanto a las negociaciones con los fondos buitre, la novedad de la semana tiene que ver con el reconocimiento explícito por parte del juez Griesa de que nuestro país pagó el vencimiento de bonos Discount el 26 de junio pasado, aunque sigue bloqueando el pago a sus legítimos propietarios.
Al mismo tiempo el tándem Griesa-Pollack-Buitres, que a esta altura del partido nadie duda que juegan para el mismo equipo, volvió a presionar alegando que las consecuencias de un default para Argentina serían una catástrofe.
"El tiempo para que Argentina evite el default es corto", afirmaba el mediador Pollack, a la salida de una reunión con las partes este jueves. A su vez, Griesa dijo que "lamentaría mucho" un default argentino porque "las personas se verán afectados por eso". Un pañuelo por favor. Y los buitres –desde su página web– especulan con que "Argentina optó por no pagar" e intentan explicar que nuestro país se niega a negociar y que ya estamos en default.
La novedad tiene que ver con el reconocimiento de Griesa de que el país pagó el vencimiento de bonos Discount el 26 de junio.
"Van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien no deja que ese dinero les llegue a sus propietarios", argumentó Cristina Fernández en el mismo discurso desde la fábrica de motos, ya citado. En rigor de verdad, el "no pago" lo declara el deudor y no un Tribunal de EE UU, explican abogados y especialistas en finanzas internacionales.
Por esta razón –la de no ser un default propiamente dicho– se inventan términos como "técnico", "inducido", "parcial".
Desde el prospecto (contrato) de los bonos argentinos, se establece que habrá un "evento de default" si la Argentina incumple un pago de los bonos y no corrige la omisión dentro de los 30 días, y se entiende por "cumplir" cuando se transfieren los fondos necesarios a la cuenta del fiduciario (en este caso, el Bank of New York), un día antes de la fecha prevista para el pago a los bonistas.
Este procedimiento es el que se cumplió y por el cual Argentina no está en cesación de pagos como pretenden los buitres.
Por lo tanto, si bien es seguro que la tríada, las calificadoras de riesgo y los socios locales de los buitres van a agitar el fantasma del default y de un colapso del país en el corto plazo, se debe ser firme en consignar que ni es un default, ni tendrá dichas consecuencias catastróficas a las que nos tienen acostumbrados desde 2003 los pronosticadores fracasados de siempre.
En este sentido, todos los medios concentrados, economistas y políticos opositores se jugaron la ficha durante el primer trimestre que a esta altura del año estaríamos atravesando meses de alto desempleo y con una inflación descontrolada. Nada de eso ocurre ni ocurrirá. Aún con la incertidumbre que abrió el fallo buitre, no se observan altos niveles de conflictividad social como intentaron alentar desde abril las centrales obreras opositoras, cuando advertían que no iban a cerrarse las paritarias por menos del 40 por ciento. La ola de despidos vaticinada no ocurre, aunque sí existen suspensiones importantes en algunos sectores que, por ahora, no se están generalizando.
Por el lado de los precios, hasta las mediciones sin ningún rigor técnico de las consultoras estiman que luego del cimbronazo de la devaluación de enero que impactó fuertemente sobre los precios, a partir de marzo, ese efecto ha ido desapareciendo y la inflación, en consecuencia, desacelerándose.
Esto no elude el tema de que este año el crecimiento económico no será el que veníamos observando en años anteriores, particularmente debido a que consumo interno –aunque estabilizado en niveles históricamente altos– viene creciendo a tasas muy bajas.
Para desdicha de muchos, la forma en que la presidenta encaró la negociación con los extorsionadores financieros internacionales es cada vez más valorada por los argentinos.
Se entiende por "cumplir" cuando se transfieren los fondos necesarios a la cuenta del fiduciario, el Bank of New York, y Argentina lo hizo.
Esta semana dos ex ministros de economía –Lavagna y Remes Lenicov– que hasta hace poco criticaban cualquier medida de política económica, dieron apoyo a la negociación judicial oficial.
En el caso de Roberto Lavagna, no sólo debieron ser las encuestas positivas que acompañan la férrea y soberana posición de la presidenta las que lo hicieron cambiar de parecer, sino que él ha sido quien, siendo ministro, aprobó la incorporación a los contratos del canje de deuda tanto de la cláusula de "pari passu" por la que los fondos buitre ganaron la pulseada judicial, como de la ahora bien conocida RUFO (Right Upon Future Offers).
Respecto a este caso, que significa que cualquier mejora económica que se haga a los buitres respecto a los bonistas que sí ingresaron al canje, deberá ser trasladada automáticamente a estos últimos, el ex ministro aprueba el argumento oficial que pagarles a los buitres este año, gatillaría esa cláusula y se produciría un "tsunami financiero para el país".
En este sentido, ya es seguro que el objetivo de la tríada es que Argentina pise el palito de la RUFO, pague este año y comiencen a llover cientos de juicios de bonistas defraudados, con el comprensible argumento de querer cobrar lo mismo que los buitre.
De esta forma se caería toda la experiencia exitosa de la restructuración argentina de deuda, como forma de disciplinar a cualquier otra nación que intente tomar el camino de soberanía económica que el país viene transitando. Nos quedamos con el gesto político de la presidenta hablándoles a los trabajadores metalúrgicos, como lo hacía habitualmente Eva Perón, antes que un día como hoy pero de 1952, pasara a la inmortalidad.
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