"Tiramos un cacho de carne en la habitación, cerramos la puerta, y con eso logramos quebrar el frente unido contra nosotros y que discutan entre ellos qué hacer con eso que tiramos”, es la alegoría que utilizó una muy alta fuente del gobierno argentino para referirse a la astuta jugada con la que descolocaron al juez Thomas Griesa y mejoraron la relación de fuerzas en el conflicto por la deuda con los fondos buitre.
La movida no tuvo nada de sofisticación. Consistió, sencillamente, en cumplir con el pago de 832 millones de dólares de capital e intereses de los bonos de la deuda con legislación extranjera que vencieron el pasado 30 de junio, de los cuales 539 millones fueron depositados, como ante cada vencimiento anterior, en dos cuentas que el Bank New York Mellon (Bony) tiene en el Banco Central, a pesar de que Griesa había rechazado reestablecer una medida cautelar que protegiera esa operación de eventuales embargos. Asumieron algún riesgo de que el juez retuviera los dólares.
A pesar de que los fondos buitre exigieron de inmediato que el juez cumpliera con su fallo y embargara el dinero para entregárselo, Griesa no lo hizo, por la simple razón de que no era legalmente correcto. Una vez depositado en las cuentas del banco fiduciario, el dinero ya no es propiedad del Estado argentino sino de los acreedores. Lo más que atinó a hacer el juez fue ordenarle al Bony que no distribuyera los dólares a los bonistas y que devolviera el dinero a la Argentina, algo que el banco no pudo hacer porque hubiera violado el acuerdo que tiene con el país para actuar como entidad pagadora de la deuda. Y si lo hubiera intentado, el Gobierno lo habría rechazado.
Con ese “cacho de carne” el Gobierno metió en serios problemas al banco, al que los dueños del dinero que está depositado le están reclamando lo suyo. Cualquier cosa que haga el Bony implicará incumplir con alguien: si distribuye los fondos, estará desacatando el fallo de Griesa; y si no lo hace estará vulnerando el derecho de los acreedores y la obligación contractual con la Argentina.
Mientras los bonistas y los fondos buitre, es decir los holdins y los holdouts, se disputan ese “cacho de carne”, y mientras el Bony y Griesa se encuentran desconcertados por el contragolpe argentino, a través de un aviso legal publicado el lunes en todos los principales diarios el Gobierno ratificó que cumplió con el pago, culpó a Griesa por impedir la distribución de dinero que es propiedad de los tenedores de títulos que adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, insistió con que el dinero está disponible en el banco fiduciario, e informó que intimó al Bony y a los restantes agentes de pago a cumplir con su deber.
Y en otra definición clave, para vislumbrar lo que viene, el aviso legal señala que el gobierno argentino “deslinda cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele a la República Argentina por cualquier orden judicial o conducta del Agente Fiduciario”.
La traducción de Axel Kicillof a esa frase de tono legal es que si los acreedores no cobran por una orden judicial cuando venza el plazo definitivo el próximo 30 de julio (hay treinta días de tolerancia luego del vencimiento original) “vamos a discutir si se trata de un default”.
La estrategia argentina quedó claramente expuesta por el ministro en la reunión del lunes pasado con el mediador Daniel Pollack. La pretensión es que el juez reestablezca una medida cautelar suspendiendo la ejecución de la sentencia.
Eso obedece a que, tal como explican los funcionarios argentinos en todas las presentaciones públicas y también en las conversaciones reservadas, se considera que una solución aceptable debe excluir todo riesgo de que se active la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), por la cual los acreedores que adhirieron a alguno de los dos canjes tienen el derecho de recibir igual trato en caso de que el gobierno argentino ofrezca algo mejor a los holdouts. Un punto central es que esa cláusula vence el 31 de diciembre.
En cada oportunidad que tiene, en público o en privado, Kicillof remarca que el pago del juicio en discusión tal como lo plantea Griesa supone reclamos del resto de los holdouts por más de 10.000 millones de dólares, y que la aplicación de la RUFO implica demandas potenciales por 120.000 millones de dólares por parte de los holdins. Por eso el comunicado del lunes tras la reunión con Pollack incluyó la frase “la sentencia de Griesa, tal cual se interpreta, sería de imposible cumplimiento”.
Como en cualquier negociación el Gobierno está apelando a una amenaza. Así como en un regateo comercial la amenaza implícita del comprador es no concretar la operación, y la del vendedor es dejar ir al comprador sin el objeto deseado, en la pulseada entre Kicillof, Griesa y los buitres, la amenaza argentina es dejar correr el tiempo hasta que el 30 de julio los mercados dictaminen que el país entró en un default selectivo, es decir, sobre la porción de la deuda retenida en el Bony por orden de Griesa. Dicho sea de paso que Kicillof dejó trascender que, llegado el caso, la Argentina no se asumirá como responsable del default sino que culpará de ello al juez y a los agentes pagadores.
Lo curioso es que la contraparte no tiene poder de amenaza alguna. No hay nada peor que la sentencia judicial a favor de los buitres.
Lo anterior no significa que la Argentina esté jugando sin riesgos. Por el contrario, cualquiera de los escenarios posibles tiene consecuencias costosas. Si se llega al 30 de julio sin destrabar la situación, el ruido del default técnico que determinará el mercado (más allá de que Kicillof lo rechace) complicará el flanco financiero de la economía, obstaculizando todo el accionar que ha venido realizando el Gobierno (Ciadi, Club de París, Repsol) para cerrar los conflictos internacionales, abrir la posibilidad de acceder a crédito externo en condiciones razonables, y suavizar las tensiones en la City local.
Si eventualmente Griesa se deja torcer el brazo y reimplanta la cautelar, el Gobierno va a poder negociar una forma de pago que lo deje a salvo de la cláusula RUFO pero que, de todos modos, va a significar aumentar la deuda en varios miles de millones de dólares.
Considerando los antecedentes, cuesta imaginar que Griesa conceda la cautelar que hace dos semanas negó. Pero la presión política internacional que, tardíamente, el Gobierno consiguió construir, la eficacia del contragolpe que armó al depositar el dinero en el Bony, y la verosimilitud de un escenario de default, podrían alterar la lógica de una negociación que, si no fuera por lo que está en juego, sería apasionante.
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http://www.infonews.com/2014/07/11/economia-153170-contragolpe-a-griesa.php
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