La decisión del juez federal Ariel Lijo de
convocar al vicepresidente Amado Boudou a declaración indagatoria en el
marco de la causa Ciccone dio una clara señal de adonde se encamina el
expediente, en un giro que forzará nuevos escenarios.
El magistrado lo citó el 15 de julio –sin modificar el
cronograma de audiencias para los imputados que tenía previstas para
después del Mundial– pero diferenció la acusación: definió el objeto
procesal como una maniobra para intentar apropiarse de la imprenta que
fabrica billetes para beneficio personal. Ese enfoque excedió con creces
el pedido del fiscal Jorge Di Lello, para quien Boudou se había
"interesado indebidamente" en la suerte de la empresa con una quiebra
pendiente. Lijo consideró que el vicepresidente, junto a su amigo y
socio José María Núñez Carmona, "habrían adquirido" Ciccone a través de
The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele con el objetivo de
quedarse con un negocio millonario con el Estado. Esto implica que el
juez deberá tener elementos de prueba no sólo para considerar que el ex
banquero menemista Raúl Moneta no fue el financista en las sombras –tal
como se presentó él mismo en el expediente ante el reclamo por la
expropiación del Estado–, sino que el dinero que sirvió para sanear las
cuentas de Ciccone y para sostenerla está vinculado a Boudou. Sobre la
pata financiera que está en el expediente, Lijo no se pronunció ni
tampoco anticipó si convocará a prestar declaración testimonial a
quienes dijeron haber aportado fondos como lo solicitó el fiscal, con el
objetivo de determinar si los giros monetarios para levantar la quiebra
se corresponden con maniobras lícitas.
El hilo conductor que hilvana la acusación del juez coincide en gran parte con los dos únicos testimonios que apuntalan la hipótesis de una negociación directa: la de Nicolás Ciccone y la de su yerno Guillermo Reinwick. Pero ambas declaraciones fueron cuestionadas en la apelación que la Cámara Federal deberá resolver si se tornó abstracta o si los anula. Fueron ellos quienes precisamente tuvieron un insólito derrotero en la causa en los últimos seis meses. Pasaron de imputados a testigos por el juez que les tomó declaración bajo juramento y los aceptó luego como querellantes, es decir en calidad de víctimas de la maniobra. Ante la objeción de la fiscalía y de las defensas, les retiró ese status pero los mantuvo como testigos rechazando anular sus dichos. Antes de que sus superiores se expidieran, Lijo optó por adelantarse, devolverlos a su rol de imputados y los llamó a indagatoria relevándolos del deber de decir verdad. Sin embargo, es en base al relato de ambos que el juez trazó la línea directriz de su investigación. Del requerimiento quedaron afuera otros miembros del clan, inclusive quienes llevaron adelante trámites ante la AFIP para lo que el juez denominó "plan de pagos ilegal" que nunca llegó a concretarse. Ningún otro testigo aseguró que Boudou "presenció reuniones" y confirmó cinco en total para cerrar la negociación por Ciccone.
Para el juez, la estancia de Vandenbroele en el departamento de Puerto Madero de Boudou y el vínculo siempre negado entre ambos es una instancia superada. Para el fiscal también lo era. Se trata incluso de una discusión lateral a la causa, ya que se investiga si se produjo un delito en el que las relaciones son un indicio más. Nuñez Carmona se transforma así en el vértice de todos los actos que se reprochan y el juez le asigna acciones sobre todos los hechos en los que el vice no podía intervenir. La reestructuración de la deuda de Formosa, por cuya intervención TOF cobró una comisión, para Lijo es un indicio fuerte de los preparativos de la estructura y la interrupción "verbal" que supuestamente habría hecho Boudou para impedir una licitación de Casa de la Moneda para equipamiento fueron elementos novedosos dentro del cuadro probatorio al que recurrió Lijo, hecho sobre el que la defensa deslinda cualquier responsabilidad del vice.
El juez tampoco menciona el rol que habría tenido Reinwick, que en los papeles fue el receptor del 70% de la compañía, que habría sido cedida a Vandenbroele en el comienzo de la operación. Dio por válida la reunión entre Núñez Carmona y Guillermo Gabella (referente de Boldt) y quien dijo que fue forzado a abandonar la planta ante el desembarco de la nueva firma. Ese testimonio se encuentra controvertido en otra causa iniciada por la defensa del amigo del vice por falso testimonio. Lautaro Mauro, funcionario sciolista presente en el encuentro, contradijo la versión de Gabella.
Entre los datos clave que insertó el juez en la acusación se encuentran los entrecruzamientos telefónicos entre varios de los participantes, a excepción de Boudou, pero sí su secretario, en momentos importantes del proceso de rescate. Resta saber qué declarará Eduardo Romano al respecto. El detalle podrá arrojar sorpresas si es que tales comunicaciones duran apenas segundos, en algunos casos o no figuran como entrantes a los teléfonos en las que figuran como salientes. Tampoco es aún posible asociar la titularidad de la línea con un interlocutor, algo que serviría para apuntalar o cuestionar el valor que puedan tener los cruces. Desde lo jurídico surgen varios interrogantes a despejar sobre el futuro de la causa y cómo debe ser leída esta prueba que admite varias interpretaciones sobre su peso. En cambio, es el componente político del expediente el que parece haber desencadenado la etapa de definiciones.
El hilo conductor que hilvana la acusación del juez coincide en gran parte con los dos únicos testimonios que apuntalan la hipótesis de una negociación directa: la de Nicolás Ciccone y la de su yerno Guillermo Reinwick. Pero ambas declaraciones fueron cuestionadas en la apelación que la Cámara Federal deberá resolver si se tornó abstracta o si los anula. Fueron ellos quienes precisamente tuvieron un insólito derrotero en la causa en los últimos seis meses. Pasaron de imputados a testigos por el juez que les tomó declaración bajo juramento y los aceptó luego como querellantes, es decir en calidad de víctimas de la maniobra. Ante la objeción de la fiscalía y de las defensas, les retiró ese status pero los mantuvo como testigos rechazando anular sus dichos. Antes de que sus superiores se expidieran, Lijo optó por adelantarse, devolverlos a su rol de imputados y los llamó a indagatoria relevándolos del deber de decir verdad. Sin embargo, es en base al relato de ambos que el juez trazó la línea directriz de su investigación. Del requerimiento quedaron afuera otros miembros del clan, inclusive quienes llevaron adelante trámites ante la AFIP para lo que el juez denominó "plan de pagos ilegal" que nunca llegó a concretarse. Ningún otro testigo aseguró que Boudou "presenció reuniones" y confirmó cinco en total para cerrar la negociación por Ciccone.
Para el juez, la estancia de Vandenbroele en el departamento de Puerto Madero de Boudou y el vínculo siempre negado entre ambos es una instancia superada. Para el fiscal también lo era. Se trata incluso de una discusión lateral a la causa, ya que se investiga si se produjo un delito en el que las relaciones son un indicio más. Nuñez Carmona se transforma así en el vértice de todos los actos que se reprochan y el juez le asigna acciones sobre todos los hechos en los que el vice no podía intervenir. La reestructuración de la deuda de Formosa, por cuya intervención TOF cobró una comisión, para Lijo es un indicio fuerte de los preparativos de la estructura y la interrupción "verbal" que supuestamente habría hecho Boudou para impedir una licitación de Casa de la Moneda para equipamiento fueron elementos novedosos dentro del cuadro probatorio al que recurrió Lijo, hecho sobre el que la defensa deslinda cualquier responsabilidad del vice.
El juez tampoco menciona el rol que habría tenido Reinwick, que en los papeles fue el receptor del 70% de la compañía, que habría sido cedida a Vandenbroele en el comienzo de la operación. Dio por válida la reunión entre Núñez Carmona y Guillermo Gabella (referente de Boldt) y quien dijo que fue forzado a abandonar la planta ante el desembarco de la nueva firma. Ese testimonio se encuentra controvertido en otra causa iniciada por la defensa del amigo del vice por falso testimonio. Lautaro Mauro, funcionario sciolista presente en el encuentro, contradijo la versión de Gabella.
Entre los datos clave que insertó el juez en la acusación se encuentran los entrecruzamientos telefónicos entre varios de los participantes, a excepción de Boudou, pero sí su secretario, en momentos importantes del proceso de rescate. Resta saber qué declarará Eduardo Romano al respecto. El detalle podrá arrojar sorpresas si es que tales comunicaciones duran apenas segundos, en algunos casos o no figuran como entrantes a los teléfonos en las que figuran como salientes. Tampoco es aún posible asociar la titularidad de la línea con un interlocutor, algo que serviría para apuntalar o cuestionar el valor que puedan tener los cruces. Desde lo jurídico surgen varios interrogantes a despejar sobre el futuro de la causa y cómo debe ser leída esta prueba que admite varias interpretaciones sobre su peso. En cambio, es el componente político del expediente el que parece haber desencadenado la etapa de definiciones.
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