La mediación del defensor del Pueblo bonaerense Carlos Bonicatto
del jueves por la tarde es quizá la única luz verde prendida como para
vislumbrar una solución del conflicto que involucra a 300.000 docentes
de esa provincia, a 3.000.000 de alumnos, a un número mayor de padres y
que pone en jaque el rol de la educación pública. Las declaraciones
posteriores del gobernador Daniel Scioli y del secretario general de
Suteba, Roberto Baradel, pese al tono prudente de ambos, son señales
claras de lo complejo del escenario. Es cierto, como dice el gobernador,
que ningún otro sector de la administración pública bonaerense está en
conflicto. También es cierto que la administración provincial puede
pagar con recursos genuinos los 20.000 millones de pesos extras que la
gobernación estableció de modo unilateral como salario docente. Lo que
no es cierto es que el aumento establecido resulte del 30,9% como
afirman las autoridades bonaerenses. Los dirigentes gremiales docentes
afirmaron desde un inicio que esa cifra incide en el salario del 20% de
los docentes. La misma ministra de Educación provincial, Nora de Lucía,
aceptó eso, sólo que llevó la cifra al 30%. Además, la ministra insiste
con el argumento de que hay muchos docentes que tienen dos cargos y,
afirma, que duplican el sueldo por tener dos cargos. Aquí radica uno de
los problemas delicados. Quien tiene dos cargos hace el doble del
trabajo pero, además, percibe una cifra inferior por el segundo cargo:
entre el 25 y el 40% menos. Entonces, ahora, quienes tienen más trabajo
deberán aceptar que su aumento resulte entre el 22 y el 25%,
sensiblemente menor que el 30,9%. Los cálculos de los representantes de
los docentes indican que, en promedio, lo establecido por Scioli
significa un incremento del 26%. Cabe aclarar que varios distritos
importantes como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, cerraron
paritaria o aceptaron decretos por encima del 30%.
En la reunión del jueves, la instrucción de Scioli a sus ministros
era negociar y cerrar para que el viernes empezaran las clases. Los
gremios reclamaban un 35% y más de un vocero del gobierno sabía que si
la cifra promedio subía del 26 al 30% había posibilidades de cerrar.
Cabe aclarar que en los últimos años el salario docente bonaerense
creció menos que, por ejemplo, el salario de sus vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Scioli enfatizó que debía tomar decisiones en sintonía con las
políticas del Gobierno Nacional. Para nada dijo que no ofrecía más por
falta de fondos. En la gobernación aseguran que tienen los recursos
presupuestarios propios capaces de hacer frente a la masa de aumento
establecida. Es decir, que no será preciso emitir deuda ni pedir más
fondos de la coparticipación federal que, dicho sea de paso, tiene
postergada a la provincia de Buenos Aires. Un dato nada menor es que los
fondos para pagar los aumentos provienen en gran proporción de Ingresos
Brutos mientras que el impuesto inmobiliario rural aporta un porcentaje
mínimo. En la Pampa Húmeda, en el boom sojero, en el encarecimiento
durante la última década de las tierras de la zona núcleo.
En América latina había en 1976 apenas 1.370.000
hectáreas sembradas con soja. En la actualidad, según Cepal, pasó las
45.000.000 hectáreas.
El mapa nacional y la izquierda. La Argentina no
deja de ser un país sorprendente. Se discute sobre si un maestro gana
menos que el portero de la escuela o si es justo tener dos cargos
docentes cuando se hacen dos trabajos o se habla del presentismo de un
maestro de Tapiales al tiempo que la tonelada de soja en Chicago se
cotiza a 521 dólares. Es indiscutible que, comparada con la situación de
los noventas y el delarruismo, la situación del casi millón de docentes
argentinos está mucho mejor.
Pero, cabe recordar que la situación bonaerense se extiende a otros
distritos. Son 11 las provincias que están en conflicto: Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y
Chaco, además de Buenos Aires. Los distritos que tienen clases
normalmente son nueve: Tucumán, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago
del Estero, Formosa, La Pampa, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. En
Tierra del Fuego, Mendoza y Río Negro hay expectativas de solución
inmediata. En Misiones el conflicto involucra a un sector de los
docentes. Encima de que cada distrito es una realidad particular, no se
cerró todavía la Paritaria Nacional. En ese espacio donde están el jefe
de Gabinete y los ministros de Economía y de Educación, no sólo hubo
desencuentro respecto del porcentaje de aumento ofrecido, sino también
sobre el tema del presentismo. No faltar al trabajo puede ser motivo
para recibir un premio. Lo contrario, faltar, no debería servir para
tirar abajo el salario. En todo trabajo hay normas para que un médico
establezca si es justificada o no una ausencia. Entonces, en medio de
una negociación salarial, ¿de qué sirve poner una discusión sobre si
alguien debe cobrar un extra por no faltar? ¿Cuál es el sentido de
introducir un plus por presentismo como una manera de completar el
salario?
No parece conducente que los negociadores del gobierno coloquen a
los representantes paritarios como los encargados de que algunos
docentes faltadores seriales concurran a clase. Corresponde a los
ministerios y a sus departamentos de salud fijar planes para mejorar esa
situación. En todo caso, saldada la paritaria, se puede convocar a un
ámbito multipartito para contribuir a mejorar los estándares de
asistencia al trabajo. En lo que todos coinciden es que estas
discusiones, con paros mediante, sirven para corroer la educación
pública.
Respecto del papel de los dirigentes gremiales, hay que subrayar
que Suteba no es sólo Roberto Baradel, a quien muchos señalan como
alguien intransigente. En las elecciones de ese gremio de julio de 2013
–realizadas después de solucionado el mes anterior el conflicto salarial
de ese año– la lista Multicolor, de izquierda, hizo una muy buena
votación. Duplicó las seccionales que conduce: ganó en La Matanza –la
más numerosa de los 135 distritos bonaerenses– además de La Plata,
Berazategui, Ensenada y Tigre. Antes, la izquierda sólo conducía Bahía
Blanca, Quilmes, Escobar y Marcos Paz. Amén de la competencia sindical
concreta, el corrimiento de un número importante de afiliados de Suteba
hacia la izquierda marca también el desgaste de tres años de huelgas
donde los logros fueron menos que las expectativas de los docentes.
¿Cómo se soluciona el conflicto docente? Está
claro que las diferencias entre las partes no son sustanciales ni
insalvables. Se trata de unos puntos de aumento reclamados con dos
elementos que pesan. El primero, los aumentos a los policías que
extorsionaron en diciembre y lograron aumentos del orden del 30 al 35%.
El segundo elemento es que la inflación de enero y febrero es, según
datos oficiales, del 7,22%. De todos modos, cuando el Estado se endurece
es difícil prever dónde termina un conflicto. Tan difícil como prever
una dinámica social convulsiva.
La Argentina tiene una cantidad de leyes nacionales y provinciales
que regulan los fondos que garantizan los presupuestos educativos.
Incluso, el Fondo de Incentivo Docente, votado y aplaudido en noviembre
de 1998 por menemistas, duhaldistas y aliancistas con la idea de paliar
el impacto de la Carpa Blanca que ya llevaba 19 meses. Esa ley
establecía, en su artículo primero, “un impuesto anual que se aplicará
sobre los automotores cuyo costo de mercado supere los $ 4.000,
motocicletas y motos de más de 200 centímetros cúbicos de cilindrada,
embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio
nacional, el que se crea por esta ley con carácter de emergencia y por
el término de cinco años a partir del 1° de enero de 1998”.
Apenas siete meses después, el menemismo presentó un proyecto de
ley para reducir aquellos gravámenes con la promesa de que el Tesoro
cubriría el bache. La historia registra que la Carpa Blanca llegó hasta
diciembre de 1999, cuando había asumido el gobierno de la Alianza, que
por supuesto tampoco solucionó el conflicto.
La soja y los guardapolvos. Aquella Argentina del
uno a uno y del monitoreo diario de las cuentas nacionales por parte del
FMI ya no está. El coeficiente de deuda externa/PBI del país es más que
saludable. Pero, además, se produjo una transformación bastante
impresionante del mapa nacional. En 1998, cuando se votó el incentivo
docente, en la Argentina –según datos del Ministerio de Economía– se
producían 6.000 millones de toneladas de soja mientras que en 2011 se
llegó a 50.000 millones de toneladas y las expectativas para este 2014
son de 54.500 millones de toneladas. En cuanto al precio, aquel 1998 fue
un año excepcionalmente alto y se cotizaba a 290 dólares la tonelada,
aunque en los años siguientes caía a cerca de 200 dólares la tonelada.
Todos recuerdan que la soja tuvo un incremento muy grande en 2008
–pasando los 500 dólares la tonelada– que llevó al Gobierno a la famosa
Resolución 125 de retenciones móviles. El hecho es que, por estos días,
mientras se discute el presentismo de un docente de Tapiales, la soja en
el mercado de Chicago se cotiza a 521 dólares. Ningún sector político
pensó –o explicitó– que podría crearse una relación entre educación y
soja. Concretamente crear un fondo extraordinario con un impuesto
excepcional para garantizar la educación pública de acá a 2015. Luego,
en todo caso, que sea el próximo parlamento y el próximo presidente los
que encaren soluciones de fondo.
Nada de la reprimarización de la economía argentina es inocuo. Y
una paritaria es un escenario de puja distributiva. En el caso de los
docentes públicos negocian con el Estado. Y el Estado no es inocuo.
Asigna recursos en función de los ingresos que recauda. En todo caso, el
escenario mayor es que América latina tiene la ventaja de los precios
internacionales favorables a sus productos primarios y eso permitió que
se consolidaran muchos gobiernos populares, llamados populistas por
sectores adversos a estos cambios vividos en el continente.
El asunto es que no hablar del papel de la soja resulta de una
hipocresía completa. En América latina había en 1976 apenas 1.370.000
hectáreas sembradas con soja. En la actualidad, según Cepal, pasó las
45.000.000 hectáreas. El complejo sojero es
Brasil-Argentina-Paraguay-Uruguay. Brasil se salva por el grado de
diversificación de su economía, el resto de los países, incluida la
Argentina, son vulnerables porque dependen de los dólares de las
exportaciones. Amén de que la soja reclama un debate a fondo sobre los
agrotóxicos, la deforestación y el desplazamiento de otras producciones
agropecuarias, el desafío de transformar esta estructura productiva fue
uno de los fundamentos centrales de la etapa iniciada en 2003. De hecho,
la lucha por la 125 dejó en claro que una parte sustantiva de los
argentinos tiene clara conciencia de que la renta extraordinaria del
complejo agroalimentario es una seria limitación para cualquier proceso
de profundización de la soberanía.
Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/03/23/politica-130839-mucha-soja-y-poca-clase.php
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Como Docente,y por la experiencia laboral vivida,disiento con Anguita sobre q a "Doble cargo" el trabajo es Doble... Lamentablemente Los Docentes q tienen doble cargo no rinden (lo q deberían) en ninguno de los dos!El salario percibido es el mismo,sí el "incentivo" se cobró siempre en un solo cargo (le corresp 1 a cada docente).
ResponderEliminarLos Salarios de la CABA siempre fueron superiores a los de Pcia. Creo q es por todos sabido,que no puede compararse la cantidad de escuelas (y docentes) de la Ciudad,con las de Pcia,q las superan "ampliamente",por lo tanto la Distribución puede parecer inequitativa,pero no lo es.
Con respecto al "Presentismo". Muchos tal vez desconozcan q ha habido y hay suplentes,de la suplente,de la suplente,de la titular de grado. Que los Abusos en el uso de Licencias (conseguidas en muchos casos por un Médico amigo,y q la Junta Médica debe respetar,más aún si se avala con una historia clínica(en ocasiones armada acorde a la necesidad)ha llevado a realizar un mayor control en ellas. Creo q en este conflicto,si bien puede haber reclamos "atendibles",son de mucho más peso los intereses Políticos.