Por Martín Piqué
El titular de la UIF se refirió a una causa
que involucra a Clarín. El organismo espera los datos que aportaría EEUU
sobre GSCA Investments.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José
"Pepe" Sbattella, manifestó su expectativa con respecto a los dos
exhortos que el titular del Juzgado Federal Nº 9, Luis Rodríguez, envió a
EE UU y Gran Bretaña para que informen sobre los extraños movimientos
de fondos de la compañía GCSA Investments LLC, una empresa presuntamente
vinculada con el Grupo Clarín, con sede en el estado norteamericano de
Delaware, que fue creada con un capital inicial de apenas U$S 100.
Esa empresa recibió un préstamo de la banca JP Morgan por alrededor
de U$S 20 millones. "El juez, para usar como prueba lo que señala la
UIF, tiene que tener confirmados desde EEUU estos movimientos. Para que
esa información pueda ser aceptada como prueba judicial, tiene que venir
(al juzgado) a través de una comunicación de las cancillerías", explicó
Sbattella a Tiempo Argentino.
La operatoria de GCSA quedó bajo la lupa a partir de las
declaraciones del ex ejecutivo arrepentido del JP Morgan, que asesoraba a
grandes empresas para lavar activos y fugar capitales, Hernán
Arbizu. La investigación se inició a partir de un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS) emitido por la UIF en 2008. Según información de
portales web bursátiles, GCSA tiene su domicilio legal en Walker Road
874, Suite C, Dover, Delaware. Se constituyó el 23 de mayo de 2008 con
el número 4.551.967 de la División Corporaciones, organismo similar a la
local Inspección General de Justicia (IGJ). Tal como informó Tiempo
ayer, GCSA figura asociada a una sociedad controlante, el "Grupo Clarín
SA", con domicilio en Piedras al 1700, CABA.
Los exhortos que envió Rodríguez, de acuerdo con el procedimiento
de rigor, circularon por el Ministerio de Justicia y la Cancillería para
su salida del país. En la documentación, el juez informó que están
siendo investigados el CEO y el vicepresidente del Grupo Clarín, Héctor
Magnetto y Lucio Pagliaro, junto a síndicos y directores.
"En esta causa están dadas todas las condiciones para constatar el
delito de lavado. Una empresa que prácticamente tenía un mes de
existencia, con residencia en Delaware, que había sido creada por el
Grupo Clarín, recibe un préstamo de U$S 20 millones, cuando contaba con
un capital de 100. El crédito sale de los bancos de Suiza, sin ningún
criterio bancario. La empresa recibe el crédito, está operativa cinco
meses y después cierra. En ningún momento aparece la racionalidad del
préstamo, tampoco se informa sobre el origen del dinero", subrayó
Sbattella.
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