Estoy muy preocupado por la
libertad de expresión en la Argentina. Y tan preocupados como yo, aunque
por razones opuestas, siete periodistas argentinos, representantes de
medios hegemónicos, viajaron a Washington para exponer su perspectiva
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, generosamente,
les había otorgado esa posibilidad. Del intercambio con los miembros de
la Comisión quisiera tomar como disparador una de las preguntas que la
relatora para la libertad de expresión, la colombiana Catalina Botero,
les hizo a los expositores Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales
Solá. Se trata de una interrogación simple, diría yo, de un sentido
común llano que los interpeló consultándoles si las críticas públicas
que ellos juzgan de persecuciones gubernamentales “no se tratan también
del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad
civil” y que, en tanto tal, deberían “respetarse esas manifestaciones”.
Pero para profundizar en este aspecto debemos comprender la compleja arquitectura argumentativa que los periodistas mencionados expusieron en Washington y en la Argentina durante los últimos años, construcción que no siempre es explicitada. La cuestión sería más o menos así: el Gobierno, afirman, ataca a los periodistas con una campaña de deslegitimación. ¿Lo hace a través de alguna política pública? No, lo hace desde el canal estatal con un programa que se llama 6 7 8. ¿Sólo desde allí lo hace? No, pues, y esto lo agrego yo, sería insólito que un programa de televisión que sale 6 horas por semana, es decir, que ocupa el 3,57% del aire de la pantalla de la TV pública y que no llega a un promedio de 3 puntos de rating, haya sido capaz de generar semejante clima social de animadversión hacia el libre ejercicio del periodismo independiente. ¿Pues entonces? No se trata sólo de 6 7 8, dicen, sino también de otros programas (TVR y Duro de Domar, pertenecientes a la misma productora) emitidos en canales privados (Canal 9). Esto se complementa con, agregarían, una política de apoyar económicamente desde el Gobierno a un conjunto de medios privados alternativos de carácter paraestatal que también se ocupan de esmerilar el buen nombre de los periodistas profesionales. Por si esto fuera poco, concluiría el razonamiento de estos periodistas, los propios funcionarios del Gobierno se refieren con nombre y apellido a periodistas independientes y muchas veces los acusan de realizar operaciones de prensa o, lisa y llanamente, de mentir.
Esta lógica argumentativa, por supuesto, trascendió el ámbito del periodismo y hoy en día es utilizada por hombres del espectáculo y de las letras como podrían ser el escritor Marcelo Birmajer, el cineasta Juan José Campanella o el cómico Alfredo Casero. El primero, quien se expresa cotidianamente no sólo en sus obras sino en sus columnas del diario Clarín y como guionista del programa de TV de Jorge Lanata, afirmó la última semana que “nunca se había sentido tan perseguido como ahora”. En cuanto al director de Metegol, quien a través de su cuenta de Twitter gusta de intervenir en los debates públicos y ha expuesto su compromiso político siendo fiscal de la Alianza UNEN en las últimas elecciones, su visión de la libertad de expresión ha sido expuesta en una de sus últimas apariciones radiales cuando acusó a los productos de Diego Gvirtz (los ya mencionados 6 7 8, TVR y DDD) de “escracharlo”. Por último, Alfredo Casero amenaza con ir a organismos internacionales para reclamar a 6 7 8 un derecho a réplica.
Expuesto el estado de la cuestión es que imagino que ustedes comprenderán mi profunda preocupación acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Y hablo en nombre propio porque pertenezco al staff de 6 7 8 y escribo en esta revista que es acusada de ser parte de la corporación de medios paraestatal. Mi preocupación, entonces, tiene que ver con que presentaciones como las que realizaron los periodistas mencionados y argumentaciones como las recién expuestas por hombres de las más diversas disciplinas impedirían, a quien escribe y a todos aquellos trabajadores de los medios públicos, expresarse. Pero no conformes con ello también vulnerarían la libertad de expresión de aquellos que trabajamos en medios privados como esta revista pero tenemos una mirada distinta a la de las corporaciones mediáticas y nos sentimos representados por varias de las políticas gubernamentales. Porque, seamos claros: el mote de “paraestatal” es el eufemismo con el cual se designa a todo aquel medio que no siga la agenda hegemónica y/u ose criticar a los periodistas autodenominados independientes. Claro que no es casual la utilización de este eufemismo porque lo que se busca instalar es que por la voz y la pluma de todos aquellos que trabajamos en medios públicos (o privados pero con agenda crítica hacia el periodismo tradicional) somos la voz del Gobierno y también del Estado. Sólo así se explica que los informes y las opiniones que se vierten en un programa de TV pública puedan ser vistos como una persecución o un escrache. Pues de no ser así, ¿por qué la crítica que los periodistas hegemónicos realizan a los periodistas de medios públicos (o privados con agenda alternativa) acusándolos de inmorales, corruptos, mentirosos y distorsionadores, son un ejercicio de la libertad de expresión, y la crítica a los periodistas hegemónicos es un ataque a este principio fundamental de las democracias modernas? Pareciera así que la libertad de expresión sería sólo aquello que puede ejercerse desde medios privados críticos al Gobierno. Todo lo otro sería propaganda o persecución. La misma lógica privatista es la que hace que algunos periodistas afirmen que una manifestación en la que ciudadanos los critican utilizando pancartas es una metodología cercana a una lapidación pública o a un juicio revolucionario, pero una movilización en la que otros ciudadanos llevan pancartas y cacerolas criticando a los políticos es una de las formas de la participación cívica. Dicho más fácil y quitando ahora a aquellos hombres y mujeres que ejercen el periodismo desde una agenda distinta a la que impone la concentración mediática: ¿por qué una manifestación puede criticar a un funcionario y no a un periodista? ¿Será porque al funcionario le “pagamos entre todos”? ¿Pero el hecho de que “le paguemos entre todos” nos faculta a agraviarlo o a atacar su credibilidad? ¿Significa esto que la razón por la que consideramos que una manifestación contra un político es un ejercicio de libertad y contra un periodista es una persecución, es que el político es una suerte de extensión de la propiedad privada que surge del hecho de “somos todos los que le pagamos el sueldo”? Dirán que hay que diferenciar al funcionario público del periodista. De acuerdo (más allá de que al periodista privado opositor también le pagamos el sueldo a través de la pauta oficial que esos programas reciben). ¿Pero eso significa que un ciudadano como usted o como yo no podemos públicamente desde una revista, un programa de televisión o una pancarta, criticar a un periodista o al periodismo en general? ¿Por qué? ¿Afirmar públicamente que determinado periodista (o actor, o cineasta o lo que fuera) defiende intereses y eventualmente poder mostrar una y otra vez sus contradicciones es una persecución? ¿Por qué hacer eso con un periodista sería una persecución pero hacerlo con un político es un ejercicio ciudadano?
Para finalizar, debe quedar claro que los medios de la productora de Gvirtz no son el Gobierno y no son el Estado aun cuando uno de sus productos se emitiera por el canal público. Tampoco son el Estado o el Gobierno aquellas publicaciones, incluyendo esta misma revista, que mantienen una agenda distinta a la hegemónica. Porque no hay que confundir: los programas de la productora de Gvirtz tienen un inocultable sesgo oficialista del mismo modo que las denominadas publicaciones paraestatales en mayor o menor medida pueden tenerlo. Pero eso no significa ser el “brazo armado de tinta” del Gobierno o del Estado. Se trata, simplemente, del ejercicio de la libertad de expresión. Ejercicio que puede realizarse desde el ámbito privado con una línea claramente antigubernamental pero también desde los medios públicos y desde los medios privados con una bajada de línea más afín a la propuesta del kirchnerismo. Dicho esto, espero que entienda mi preocupación acerca de la libertad de expresión en la Argentina pues quienes dicen sentirse amenazados buscan naturalizar una concepción de la libertad de expresión restringida por la cual esta sólo podría ser ejercida desde un medio privado cuya línea editorial sea opositora al Gobierno. Tengo miedo de que esta mirada restrictiva prospere y afecte a todos aquellos a los que nos interesa un debate público abierto, a las futuras generaciones y a nuestro destino republicano.
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