El monopolio comunicacional hizo público un
documento en el que se lamenta por el fallo de la Suprema Corte y
asegura que la Ley afecta "la libertad de expresión". Además, niega su
lugar de dominio del universo de medios en el país.
"El Grupo considera que los artículos cuestionados -como sostienen los tres votos en disidencia- contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA", enumera el comunicado.
Además, se lamenta por los alcances de la ley y el fallo de la Suprema Corte, que, según los intereses del Grupo "silencia, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión".
En el mismo sentido invoca a la Constitución nacional para justificar su lugar monopólico, al decir que la Ley y el fallo judicial impiden "el funcionamiento de medios que no usan espectro radioeléctrico" lo cual, asegura la compañía de Ernestina Herrera de Noble, "equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución".
De esta manera, Clarín saca la conclusión de que "la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción". Además, el comunicado busca desconocer la posición dominante de Clarín en el universo de medios y asegura que "más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo".
"La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos", dice el Grupo Clarín, el más grande y poderoso de Sudamérica.
"En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación- el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas", afirman y finalizan volviendo a lamentarse por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia".
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