Su titular, Martín Sabbatella, ratificó que los plazos de desinversión están vencidos y la actuación de oficio. Mantuvo ayer reuniones técnicas. El holding tiene 15 días para presentar un plan de adecuación. Pero su vocero tildó de "nulo" ese protocolo. Y peticionó un año para definirlo.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) continúa avanzando en las reuniones técnicas para afinar los pasos que se aplicarán en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Así, y más allá de que el procedimiento final aún no está definido, la situación del Grupo Clarín para la autoridad de aplicación de la LSCA –norma considerada constitucional y plenamente vigente el martes por la Corte Suprema de Justicia– continúa enmarcada dentro de la adecuación de oficio y con los plazos vencidos. De hecho, la única propuesta oficializada por un accionista minoritario Cablevisión, Fintech, fue presentada "en tiempo y forma" en diciembre del año pasado, pero "no fue ratificada" por el accionista mayoritario, es decir, el Grupo Clarín.
Al cierre de esta edición, dentro del proceso de adecuación de oficio, el monopolio liderado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto sigue enmarcado por el Estado dentro del plazo de quince días para contestar al ente sobre los bienes y servicios registrados a su nombre.
El 17 de diciembre pasado, la cautelar que protegía al Grupo cayó durante unas horas a raíz del fallo en primera instancia del juez federal Horacio Alfonso que avaló la constitucionalidad de la norma, y la AFSCA, con su presidente Martín Sabbatella en persona, notificó al holding del inicio de la adecuación de oficio.
Por estas horas, el organismo evalúa cuál es la mejor opción administrativa para evitar posteriores presentaciones judiciales del Grupo que entorpezcan el procedimiento de adecuación que fija la ley. Una posibilidad es notificarlos nuevamente. "En todo caso, la diferencia consistiría en que, si la notificación es válida, estamos en el día uno. Si no, estaríamos el día cero", aseguró una fuente gubernamental a este diario. Sea como fuere, una vez anoticiado, Clarín tendrá 15 días para responder.
Los pasos correspondientes, según el procedimiento, consisten en la notificación, tasación, selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, posteriormente el concurso y adjudicación, y finalmente, el traspaso de licencias del anterior titular al nuevo.
Durante todo este proceso, el titular de las licencias tiene la obligación de cuidar los bienes, mantener el servicio y sostener las fuentes de trabajo. En este último punto, Sabbatella había sido enfático al señalar que "el Estado tiene que garantizar" que los licenciatarios mantengan los puestos de trabajo.
Por su parte, el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, manifestó ante un portal web de noticias que "lamentamos el contenido del fallo porque se aparta de una tradición que había generado la Corte y de algunos estándares internacionales en cuanto a la libertad de expresión". El representante del holding expresó que la norma "regula violando los últimos precedentes de la Corte Interamericana, se aleja de los antecedentes de la ley norteamericana y busca medios dependientes del poder político y fragmentados. Es una norma creada con nombre y apellido, para destruir un grupo", opinó.
El Grupo ya rechazó la posibilidad de la adecuación de oficio. "De ninguna manera se nos puede aplicar, como ayer reiteró el señor Sabbatella, sabiendo que estaba cometiendo un acto nulo. No se le puede aplicar a un grupo que tuvo la ley suspendida. El plazo fue prorrogado por el gobierno por un año, del que han gozado todos los grupos, menos Clarín", sostuvo.
En caso de que la tasación se concrete y se seleccionen las licencias, serán concursadas aquellas "que le causen un perjuicio menor" al licenciatario original. Hoy, habrá más reuniones entre la AFSCA y el resto del gobierno con ese cometido.
Hubo más elogios que críticas al fallo de la Corte
Hubo más elogios que críticas al fallo de la Corte
Desde el anuncio del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la Ley de Medios, numerosas voces salieron a pronunciarse en torno a este tema, pero fueron minoritarias las que lo hicieron en contra del pronunciamiento del máximo tribunal.
De un total de 85 voces relevadas por todos los soportes (Web, TV, Radio y medios gráficos) solo 15 se expresaron en contra del fallo que dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De ellas, siete pertenecen al propio Grupo Clarín, sus abogados afines, y ocho son miembros de partidos de la oposición (UNEN y PRO).
De un total de 85 voces relevadas por todos los soportes (Web, TV, Radio y medios gráficos) solo 15 se expresaron en contra del fallo que dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De ellas, siete pertenecen al propio Grupo Clarín, sus abogados afines, y ocho son miembros de partidos de la oposición (UNEN y PRO).
De entre todos ellos se destacó la diputada electa del Frente UNEN Elisa Carrió, con su denuncia sobre un supuesto pacto entre el gobierno y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otros políticos que expresaron críticas fueron Fernando "Pino" Solanas y Patricia Bullrich.
El caso del PRO, con Gabriela Michetti, el rabino Sergio Bergman, Laura Alonso, el propio Mauricio Macri y Federico Pinedo a la cabeza de las críticas, plantea una distinción: no se expresaron en contra del fallo, sino que se centraron en el pedido de independencia de la autoridad de aplicación, e interpretaron que sin la renuncia del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, no se puede cumplir con la ley como pide la Corte. Ayer mismo, estos dirigentes anunciaron que presentarán un planteo judicial ante la Corte Suprema para que no se implemente la normativa.
De las 70 voces que valoraron el fallo, solo diez manifestaron críticas centradas en los siguientes ejes: ilegitimidad de la autoridad de aplicación, cercanía del fallo a las elecciones y el supuesto uso discrecional que el Gobierno Nacional supuestamente hace de la ley. En este grupo se inscribieron las declaraciones de Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Julio Cobos, la ex diputada Silvia Vázquez, el intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, Felipe Solá, la diputada Victoria Donda y el académico Martín Becerra.
Adecuación
Adecuación
La adecuación de oficio "no son las Invasiones Bárbaras; es un proceso que está reglado", dijo la abogada Graciana Peñafort, en respuesta a la descalificación de Clarín contra la AFSCA.
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