Por un lado, habilita una instancia de
participación ciudadana en un debate institucional, ante la inminencia
de una decisión trascendental para el sistema de medios y la disputa
política. Por el otro, permite demorar la resolución final con una
estrategia inteligente: el espacio de participación. Esto se combina con la posibilidad que tendrá, luego del fallo, de
argumentar que fue un expediente muy trabajado, en el que se dio lugar a
todos los actores –y no sólo a las partes– de exponer sus argumentos. Luego de lo sucedido ayer en la exposición de los "amicus" –que, como
expresó Horacio Verbitsky, fueron "de parte" y no "cercanos al
Tribunal"–, la idea de la participación amplia es discutible, ya que los
sectores comunitarios no pudieron expresarse más que por escrito, sin
que esto haya sido explicado de modo razonable por el presidente de la
Corte Suprema en su "pedido de disculpas". Las organizaciones representativas de este sector, AMARC y FARCO, se
habían presentado y no fueron habilitadas a exponer. Sólo pudieron
presentar su escrito, sin que se argumenten las razones. No es admisible
dicho sesgo. La convocatoria puso en pie de igualdad a un actor como el Estado
nacional y a una empresa privada, cuando tienen entidades diferentes. Y
esto profundizó la circulación de discursos polarizados: dos únicas
posiciones posibles respecto de esta cuestión. Sobre las exposiciones, varios argumentaron desde lo político (los
"amicus" del gobierno) y no desde lo técnico –impactos de la
concentración–. Las más destacadas fueron las de Damián Loreti, Víctor
Abramovich y Lucas Sebastián Grossman, que apuntó al centro de la
cuestión: ¿El límite debe ponerlo la LSCA o Defensa de la Competencia?
Algo bien respondido por Loreti. Quedan muchas dudas, como cuánto del fallo ya esté definido o sí
podrá cambiar a partir de la Audiencia Pública. La respuestas están en
la Corte.
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