En el anuncio de la Presidenta sobre la democratización del
Poder Judicial se destacan la elección por voto de los integrantes
del Consejo de la
Magistratura, la creación de tres nuevas cámaras de Casación
y la limitación del plazo de las medidas cautelares. Mañana comienza el
tratamiento en Senadores.
Por:
INFOnews
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La presidenta
Cristina Kirchner presentó ayer un paquete de proyectos de ley que tienen como
objetivo democratizar el Poder Judicial. Esas iniciativas consisten en seis
puntos centrales:
Reforma del Consejo
de la Magistratura:
se ampliará de 13 a
19 integrantes. Habrá cinco nuevos miembros académicos y científicos
"interdisciplinarios", que podrán provenir de otras profesiones no
ligadas al Derecho. La elección de los representantes de los jueces y de los
abogados será por voto popular, pero se respetarán los mandatos de los actuales
consejeros, que vencen en diciembre de 2014. Los nuevos postulantes serán
elegidos en las Primarias que se celebrarán el próximo 11 de agosto y deberán
estar identificados con alguno de los partidos políticos que se presentarán. La
idea es que los nuevos miembros se incorporen en diciembre.
Además, desde el
gobierno esperan que se de un debate en torno a la interpretación de los
artículos 38 y 114 de la
Constitución. El primero indica que el acceso a la función
pública (como el caso del Consejo, un órgano extrapoder) debe ser a través de
los partidos políticos; y el segundo, en cambio, señala que son los propios
estamentos los que deben elegir a los representantes de jueces y abogados. El
gobierno apunta así a dar mayor participación al Consejo, cuyas votaciones
pasarán a ser por mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros, en lugar de
los dos tercios que se necesitan actualmente.
Nuevas Cámaras de
Casación: se crearán tres cámaras adicionales en los fueros Contencioso Administrativo;
Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo
Civil y Comercial. Serán una tercera instancia en fueros donde no existía (sólo
había en el Penal) y lo que se busca es achicar la cantidad de causas que
llegan a la Corte
Suprema, algo por lo que el máximo tribunal siempre protestó.
Además, unificará la jurisprudencia a nivel nacional.
Cautelares más
cortas: la propuesta es que estas medidas tengan un plazo máximo de seis meses,
que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo. De esta manera,
apunta que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además,
que se le corra vista al Estado como parte del litigio -algo que hasta hoy no
sucedía- y, eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será
concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar.
Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad
alimentaria.
Esto abre la puerta
al gobierno para la elaboración, en el futuro, de un Códico Contencioso
Administrativo, que evitaría que las causas que involucran al Estado caigan en
el fuero Civil y Comercial.
Concursos de jueces:
el proyecto crea los denominados "concursos previos", por materia y
por nivel, para la ocupación inmediata de las vacantes que se generen en los
juzgados. Los postulantes ya no podrán elegir su juzgado de destino y
tendrán prioridad las cualidades técnicas. Los jurados estarán integrados por
docentes de universidades públicas concursados, que no podrán ser miembros o
empleados del Consejo de la Magistratura. Será obligatorio presentar una
terna por cada cargo a cubrir, y no podrán participar quienes se hayan
desempeñado durante la última dictadura militar.
Además, el ingreso
de empleados también será por examen, para evitar favoritismos, y en caso de
que los postulantes excedan los cargos a cubrir se realizará un concurso
público por sorteo de la
Lotería Nacional.
Publicidad de los
actos del Poder Judicial: el Consejo de la Magistratura deberá
crear un portal web en el que se carguen los registros de todas las causas que
se tramiten, con su ingreso, responsables y demás incidencias. Están incluídas
las resoluciónes de Cámara y las acordadas de cortes provinciales.
Declaraciones
juradas: las declaraciones de bienes de los funcionarios de los tres poderes
(no solo jueces sino también funcionarios del Poder Judicial y quienes aspiren
a ingresar en él) presentadas ante la
AFIP, según indica el proyecto, deberán ser públicas y
accesibles vía internet.
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