Hubo una escalada contra militantes e instituciones del PSUV
y el estado
Capriles se permitió ironizar que si lo procesaban sería
por convocar a un cacerolazo, pero una fiscal analiza su responsabilidad penal.
El lunes, con la derrota sobre sus hombros, Henrique
Capriles lanzó a sus seguidores una temeraria convocatoria que la tradujo en
salir a la calle para "descargar la arrechera (enojo)" para resistir
el supuesto fraude que había sufrido en los comicios del pasado domingo. Ese
llamado provocó una escalada de violencia que se dirigió a todo aquel que osara
expresar su simpatía con el gobierno chavista, y cuya sangrienta consecuencia
se tradujo en siete muertos y 61 heridos.
En el estado de Miranda fueron dos los muertos. En el petrolero estado de Zulia murieron tres personas, una en Táchira y otra en Sucre. Además, los furiosos seguidores de Capriles la emprendieron contra ocho Centros de Diagnóstico Integral (CDI), instituciones creadas para desarrollar la misión Barrio Adentro, esa donde médicos cubanos y venezolanos atienden a las poblaciones más necesitadas y que fueron incendiados. La misma suerte corrieron tres sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tres sucursales de Mercal (Mercado de Alimentos). Estos últimos forman parte de otra de las misiones o planes sociales que lleva adelante el gobierno chavista y que consiste en la organización de mercados a través de los cuales el Estado vende a precios populares alimentos de primera necesidad.
Todas las muertes fueron a causa de heridas de balas. La que más conmovió fue la del matrimonio José Luis Ponce y Rosilis Reyes, ambos se encontraban en el sector conocido como La Limonera, ubicado en el municipio Baruta del estado Miranda y cuyo gobernador es justamente Capriles. La pareja estaba junto a otros chavistas festejando el triunfo de Maduro. Según relató el canciller Elías Jaua, oriundo de esa zona, mientras festejaban pasó una caravana opositora desde donde se efectuaron disparos.
En el estado de Sucre, ubicado en la región noreste del país, Ender Agreda de 21 años participaba de una caravana que festejaba el triunfo de Maduro. De repente, se escucharon una serie de disparos. Uno de ellos terminó con la vida del joven y dejó heridos a Moisés Idrogo y Álvaro Bastardo.
La seguidilla violenta se reprodujo también en el estado de Zulia. Allí fue muerto Luis García Polanco, de 24 años, quien se encontraba con un grupo de jóvenes frente a la sede local del Consejo Nacional Electoral (CNE), allí fue baleado mientras manifestaba el rechazo al llamado violento realizado por Capriles. No trascendieron las identidades de los otros dos fallecidos.
En tanto, en el estado de Táchira ubicado en el extremo occidental del país y que limita con Colombia, Henry Manuel Rangel había mantenido una discusión con un grupo de antichavistas. Cuando se alejaba de ellos recibió tres disparos en su espalda. Tenía apenas 32 años.
Capriles no se hizo cargo de estas muertes. Incluso ni siquiera hizo referencia cuando mantuvo una reunión con periodistas. Sin embargo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, expresó que no descarta la posibilidad de que el llamado y las convocatorias a marchas y concentraciones con acento violento, tengan la intención de atentar contra la vida y, por lo tanto, Capriles podría ser citado a declarar. Enterado de ello, el ex candidato presidencial recurrió a una frase por lo menos controvertida: "Sería la primera vez en el mundo que se abre una causa penal por convocar a un cacerolazo."
En el estado de Miranda fueron dos los muertos. En el petrolero estado de Zulia murieron tres personas, una en Táchira y otra en Sucre. Además, los furiosos seguidores de Capriles la emprendieron contra ocho Centros de Diagnóstico Integral (CDI), instituciones creadas para desarrollar la misión Barrio Adentro, esa donde médicos cubanos y venezolanos atienden a las poblaciones más necesitadas y que fueron incendiados. La misma suerte corrieron tres sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tres sucursales de Mercal (Mercado de Alimentos). Estos últimos forman parte de otra de las misiones o planes sociales que lleva adelante el gobierno chavista y que consiste en la organización de mercados a través de los cuales el Estado vende a precios populares alimentos de primera necesidad.
Todas las muertes fueron a causa de heridas de balas. La que más conmovió fue la del matrimonio José Luis Ponce y Rosilis Reyes, ambos se encontraban en el sector conocido como La Limonera, ubicado en el municipio Baruta del estado Miranda y cuyo gobernador es justamente Capriles. La pareja estaba junto a otros chavistas festejando el triunfo de Maduro. Según relató el canciller Elías Jaua, oriundo de esa zona, mientras festejaban pasó una caravana opositora desde donde se efectuaron disparos.
En el estado de Sucre, ubicado en la región noreste del país, Ender Agreda de 21 años participaba de una caravana que festejaba el triunfo de Maduro. De repente, se escucharon una serie de disparos. Uno de ellos terminó con la vida del joven y dejó heridos a Moisés Idrogo y Álvaro Bastardo.
La seguidilla violenta se reprodujo también en el estado de Zulia. Allí fue muerto Luis García Polanco, de 24 años, quien se encontraba con un grupo de jóvenes frente a la sede local del Consejo Nacional Electoral (CNE), allí fue baleado mientras manifestaba el rechazo al llamado violento realizado por Capriles. No trascendieron las identidades de los otros dos fallecidos.
En tanto, en el estado de Táchira ubicado en el extremo occidental del país y que limita con Colombia, Henry Manuel Rangel había mantenido una discusión con un grupo de antichavistas. Cuando se alejaba de ellos recibió tres disparos en su espalda. Tenía apenas 32 años.
Capriles no se hizo cargo de estas muertes. Incluso ni siquiera hizo referencia cuando mantuvo una reunión con periodistas. Sin embargo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, expresó que no descarta la posibilidad de que el llamado y las convocatorias a marchas y concentraciones con acento violento, tengan la intención de atentar contra la vida y, por lo tanto, Capriles podría ser citado a declarar. Enterado de ello, el ex candidato presidencial recurrió a una frase por lo menos controvertida: "Sería la primera vez en el mundo que se abre una causa penal por convocar a un cacerolazo."
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