"Vuestra
confidencialidad es nuestra principal prioridad", reza el lema de SFM, una
oficina de talentosos agentes financieros que le ofrecen sus servicios a
cualquier navegante de la red. Basta con poner en un buscador "cómo crear
una cuenta offshore". Desde ya, esta consultora, como tantísimas otras,
tiene oficinas en lo que llamamos paraísos fiscales. Usted imaginará que la
sede central está en alguna isla del Caribe y se le mezclarán las varias ideas
de paraíso terrenal que le estimulan el cine de acción y la literatura
policial. Error. Está en una de las ciudades que ofrecen mejor calidad de vida
para los estándares occidentales. Si no acertó, una pista: allí está la sede de
la
Organización Internacional del Trabajo. Nada menos. Y la de la Salud. Y la de las
Telecomunicaciones. Y de la Propiedad Intelectual. Está el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y no se abrume porque la
lista es mucho más grande. Una de las ciudades más caras del mundo. Efectivamente,
apreciado lector: la oficina principal de SFM está en Ginebra. Donde nació
Rousseau y donde murió y quiso ser enterrado Borges.
Eso sí, Suiza no
forma parte de los paraísos fiscales. Al menos para la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, en 2009, el G-20 hizo un pedido
explícito para que ese país, que se ganó el mote de "neutral",
tuviera una calificación suave. La lista de naciones que favorecen la
instalación de cuentas bancarias hechas para evadir impuestos y permitir el
blanqueo de dinero está dividida en colores (negro, gris oscuro y gris claro). La OCDE castiga con el dedo a
cuatro países: Uruguay, Costa Rica, Filipinas y Malasia. En gris oscuro
quedaron todas las islas donde hay palmeras, arena y cuentas. Suiza,
afortunada, mejoró su calificación y es gris claro.
Hacen mal, a juicio
de este modesto cronista, muchos periodistas y medios que evitan abordar el
tema de los dineros sucios tratado por Jorge Lanata en las dos últimas
emisiones dominicales por Canal 13. Quizá motivados por "no hacerle el
juego a la derecha", se llaman a silencio o eluden las denuncias,
suponiendo que todo este dinero del empresario Lázaro Báez debe ventilarse en
la justicia (¡nada menos que en la justicia!). Algunos millones de
telespectadores y de oyentes de radio se quedarán con la idea de que el
blanqueo de dinero es algo de plebeyos y marginales que se acercan a algunos
políticos inescrupulosos. Muchos temían, en un año electoral, a bromas
impiadosas en un programa de Tinelli. No era de esperar que un periodismo duro,
bien guionado y pensado para dañar al gobierno, llegara a tener 30 puntos de
rating. En la perspectiva que tomó la denuncia, queda fuera el nudo central del
dinero sucio.
En un muy
interesante artículo ("La responsabilidad agravada en el Derecho
Comercial"), el jurista Alejandro Drucaroff describe, entre otras cosas,
cuáles son los sectores económicos que más se benefician con sacar dinero del
circuito legal. Citando a Juan María Farina, otro especialista en temas de
globalización y derecho comercial, dice que hay una clase "superior"
global y que está compuesta por "el conjunto de personajes encumbrados
económicamente por ser titulares y directivos o asesores de empresas que de un
modo u otro dominan o influyen en los negocios y las finanzas
internacionales". A través de las corporaciones e instituciones
financieras transnacionales que dirigen tienen una influencia superior al poder
de los líderes políticos nacionales. Las 250 compañías más grandes del mundo
tuvieron en 2007 ventas equivalentes a casi un tercio del PBI global, cifra que
superó el PBI de Estados Unidos o de la Unión Europea.
Agrega Drucaroff que
"al amparo de los paraísos fiscales circula un tercio de los dineros del
mundo, buena parte de los cuales tiene su origen –y se blanquean allí,
incorporándose al circuito regular– en las peores lacras del mundo moderno: la
corrupción pública y privada, la evasión fiscal, el tráfico de armas y drogas o
el terrorismo".
Para ponerle números
a la impunidad, "el 45% de esa gigantesca suma es consecuencia de la
evasión fiscal, el 40% proviene del crimen organizado, el tráfico de armas y
las actividades terroristas en sentido amplio y el 15% restante del
enriquecimiento ilícito y la corrupción del sector público".
¡QUÉ VACHACHÉ! Es
bueno precisar cuándo escribió Enrique Santos Discépolo ese tango provocador
con estrofas que sobrepasan cualquier fecha precisa, como por ejemplo: ¿Pero no
ves, gilito embanderado,/ que la razón la tiene el de más guita?/ ¿Que la
honradez la venden al contado/ y a la moral la dan por moneditas?/ ¿Que no hay
ninguna razón que se resista/ frente a dos mangos moneda nacional?/ ¡Vos
resultás -haciendo el moralista-/ un disfrazao sin carnaval! Pero, por
curiosidad histórica, esta letra no es de la Década Infame (de
los tiempos de la mishiadura, como Cambalache, de 1934) sino de 1926, los
tiempos del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, tiempos de prosperidad y
vacas gordas. La corrupción en la
Argentina es inmemorial. En tiempos de Julio Roca, los
negocios se atalivaban (Ataliva Roca era hermano del presidente).
Es cierto que el
gobierno nacional se sumó a todas las iniciativas para limitar los paraísos
fiscales. Pero miles de desarrolladores inmobiliarios hacen edificios cuyos
titulares son sociedades offshore. Y es difícil saber si ese dinero es
resultado del alto porcentaje de exportaciones de soja en negro. Lo dice el
propio Cristian Amuchástegui, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien se queja
porque de ese modo esquivan las Bolsas, que operan sólo con dinero en blanco.
No es que quiera “hacer el moralista”. Tampoco se sabe si el dinero sucio
procede de los sobreprecios en la construcción en las obras públicas. Las
denuncias de cartelización del grupo reducido de grandes contratistas del
sector son tan viejas como la obra pública misma. Y siempre terminan siendo las
mismas empresas, más algunas como las de Cristóbal López, que mueve
infinitamente menos plata que las grandes. O de otros tantos rubros que en la Argentina no tiene como
centro ni al tráfico de drogas ni al de armas.
Pero, atención, los
especialistas advierten que si los controles son pocos y malos, no sería
descabellado pensar este rincón del mundo como receptor de negocios de esos
rubros que están acompañados de muchísimos más muertos que los que ya se
producen en grandes conglomerados urbanos por disputas de territorios entre
dealers en connivencia con funcionarios judiciales, políticos y policiales.
Concretamente, el gran atractivo de la Argentina es la inmensa masa de dinero en negro.
Salieron del circuito legal entre 150 mil y 200 mil millones de dólares
acumulados en los últimos veinte años. Una enormidad. Una cifra que no entra en
la cabeza de cualquier ciudadano que sabe que la AFIP le puede caer por
números muy finitos porque al chequear las declaraciones de impuestos, los
sabuesos hacen cruces de todo lo que le ingresa y todo lo que gasta o invierte
cualquiera que esté en sus registros.
Pero no es solo el
control fiscal. Hay una Unidad de Información Financiera, que reporta al
ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También hay mecanismos de auditoría
de cada sector de la administración o de las empresas públicas, especialmente
en el ámbito del ministerio de Planificación Federal. También hay una
Sindicatura General de la
Nación, que reporta al Poder Ejecutivo. Y en cada licitación
o contrato de un organismo nacional se pueden contratar auditorías externas,
nacionales o internacionales. Además, hay una Auditoría General de la Nación, que reporta al
Congreso Nacional y está presidida por un opositor, por norma. El Congreso está
facultado para crear comisiones especiales para seguir temas. En 2002 se creó
una Comisión Investigadora de Entidades Financieras y sus informes son
reveladores de arbitrariedades vergonzosas (Ver El corralito, historia de una
colosal estafa al pueblo argentino, de F. Biagosh, A. González Arzac y M.
Seguí). También hay un Banco Central, cuyo reglamento le autoriza a escudriñar
todo el dinero que mueven las entidades financieras.
Recién después de
todos los anticuerpos que tienen el Ejecutivo y el Legislativo, está el litigio
en el Poder Judicial. Y, por supuesto, que hay que reformar instituciones
judiciales. Es difícil dudar de que buena parte de la embestida sobre "la
corrupción reinante" está concebida por grandes corruptos. Pero eso no
quita que estas denuncias acaparan a una parte importante de la ciudadanía. No
todos lo viven como el escándalo del día o la semana. Muchos militantes también
se preguntan qué pasa y seguramente quieren estar convencidos de que las
medidas de gobierno que apoyan están tomadas por personas que tienen una moral
pública a tono con un proyecto nacional y popular. Seguro que una gran parte no
entra en la categoría de militante comprometida, pero tampoco puede ser
despreciada como base de la derecha escandalosa. "Un país con buena
gente", reza una publicidad oficial. Ni más ni menos que gente que acepta
la categoría del derecho y no la del privilegio. Y esa buena gente confía en
que, sean como sean las letras chicas de los organismos y los reglamentos,
también sea buena gente la que carga sobre sus espaldas la responsabilidad de
gestión. Juan Domingo Perón, que a veces se inspiraba en Aristóteles y otras en
el Viejo Vizcacha, dijo: "El hombre es bueno, pero si se lo vigila es
mejor".
No es preciso caer
en las verdades consabidas al estilo de que hay una crisis moral. Está probado
que a eso recurrieron los golpistas para llevar a cabo las peores
inmoralidades. Lo que no puede aceptarse tampoco es que ser enemigo de la
neutralidad es simplificar entre buenos y malos al uso. El dinero, como su
nombre lo indica, no reconoce ideologías. Sin embargo, los dueños del dinero sí
se ufanan de seducir ideologías con sus billetes. Discépolo, generoso, nos dio
una alerta temprana.
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