Acuerdo de congelamiento
de precios
Esta semana trajo en pleno
verano el fresco del congelamiento de precios por dos meses. En primer lugar
señalamos la mofa –prácticamente anticipada- de las “plumas” con que “vuelan”
los periodistas de la oposición, que a veces publican en grandes medios
internacionales, por ejemplo, Martín Caparrós con su columna, Pamplinas,
aparecida en el diario español El País en la edición del último domingo.
Descarga su escepticismo con sarcasmos. De entrada, descerrajó: “el
congelamiento de precios tiene su tradición: ya falló muchas veces”. ¡Claro que
no deja de ser cierto! Pero como se está refiriendo a Argentina, cabe preguntar
al mismo tiempo ¿acaso el mercado no tiene su tradición y ya falló
muchas veces?
Que la libertad del mercado
no conduce a la estabilidad de los precios está probado en los hechos. En
Argentina, todas las recetas liberales y neoliberales u ortodoxas fracasaron en
mantener la estabilidad de precios, el empleo y el crecimiento.
Pero Caparrós solo es uno
entre tantos de la legión de periodistas remunerados -algunos muy bien- que
concurren en defensa de los idólicos caballitos de batalla de una presunta
ciencia económica que en realidad no ha sido más que un interesado ejercicio de
falsa erudición (al servicio de los que Stiglitz ha llamado el 1 % al referirse
a los privilegiados que en Estados Unidos y en el mundo se benefician con el
influjo de estas leyendas que funcionan como una religión).
Explotan cada oportunidad de
creer y hacer creer en sus propias pamplinas, como cuando idolarizan el
problema número uno de algunos argentinos y recorren cuevas y arbolitos para
hacerse de puñados de dólares, tornándose guturales y fascistoides para
patotear en el rincón de un barco a un joven padre con pequeños hijos; por
supuesto: nada menos que el viceministro Kicillof, pero la jerarquía del
acosado no enaltece a esa patota violenta de broncos turistas contreras.
La cháchara de Caparrós que
evocábamos forma parte de la orquesta que funciona a pleno en los medios
hegemónicos del país y del extranjero. Incluso sin necesidad de su nota, El
País destaca incansablemente todo lo que puede criticar de Argentina, ya basado
en la realidad, ya en la fantasía de sus periodistas y corresponsales, ya
contando con la comprensión anticipada de lectores educados para creer a pie
juntillas cuando les rezan los padrenuestros y avemarías de la economía
neoliberal.
Lo cierto es que cualquiera
puede verificar que en Argentina existe una extraordinaria dispersión de
precios, lo que no contribuye a orientar a los compradores potenciales para que
puedan decidir dónde y a qué precios hacer sus compras.
El congelamiento puede ayudar
a los consumidores a distinguir sus conveniencias en la variedad de precios de
artículos similares y a decidir; un movimiento que tal vez requiera más tiempo
que el previsto para llegar a ser eficaz.
Al respecto cobra sentido que
Guillermo Moreno haya planteado una condición de no poner avisos aunque a
Caparrós le resulte risible que la subsecretaria de Defensa del Consumidor,
Pimpi Colombo, dijera: “¿para qué van a publicitar el mismo precio, que debe
mantenerse por sesenta días, todos los fines de semana?”.
No deja de ser llamativo que
Caparrós cuenta: “… ahora el Grupo Clarín protesta y clama que ‘la orden del
secretario Guillermo Moreno constituye un flagrante caso de censura previa,
prohibido por el artículo 14 de la Constitución’, etcétera y etcétera y un
etcétera más. Pero el Grupo Clarín solía hacer lo mismo. Se conocen varios
casos en que ejerció todo tipo de presiones sobre esos mismos grandes
anunciantes para que no publicaran esos mismos avisos en otros diarios: diario
Perfil, diario Crítica, y siguen firmas. Lo hacían –igual que el gobierno– para
tratar de hundir a esos diarios que les competían. Eran los tiempos en que la
libertad de expresión les importaba menos que cuidar el negocio. O que
proclamarla no era la forma de cuidar el negocio”.
Pero hay una gran diferencia,
porque lo que el gobierno se propone no es “hundir a esos… que les competían”,
sino congelar los precios, limitar su dispersión, tratar de evitar así -entre
otros instrumentos- que haya un auge inflacionario, entonces ¿cual es la
libertad atacada? Y sí, podemos contestar a esta pregunta: se trata de atacar
la libertad de poner precios arbitrariamente, algo que el mercado solo no
resuelve. Ni siquiera consideran si nuestros países tienen inflación importada,
con dificultades para el aprovisionamiento energético (Argentina) o de
alimentos (Venezuela), sino que simplemente echan a volar las campanas tañendo
el miedo, sin interesarse por la veracidad del diagnóstico y estimulando los
mecanismos de la inflación por expectativas, ya que pueden incentivar la
incertidumbre y existen rotuladoras suficientes para remarcar los precios.
Versus la patraña
Cualquiera sabe que es
difícil sostener en el tiempo los sistemas de control de precios: a medida que
se estiran los plazos tienden a surgir porosidades, posibles rodeos, etc. Por
eso es preferible concebirlos para un contexto temporal limitado y articulados
con otras medidas e iniciativas de política económica. Lo que no dudamos será
el caso este año.
Sin embargo la experiencia
argentina reconoce aplicaciones bastante exitosas en el pasado. En los años
cincuenta, Perón estableció precios máximos y la inflación disminuyó
ostensiblemente en los años 1952/1954, bajando aproximadamente del 38% al 3,8%,
con un PIB que pasó de una baja del 6 % en 1952 a un aumento del 5,4 %
en 1953, recuerda Artemio López. [1]
De paso también señala López
en la misma nota que fue en 1954 y en 1974 cuando la participación de los
asalariados en el Producto fue mayor. Y que el Pacto Social de 1973 acarreó una
caída de la inflación del 100 % al 30 %.
Además de muchas cosas útiles
e interesantes que López agrega, subraya que “en los inicios del año 2006, con
el sistema de controles de precios funcionando, la inversión de la curva
histórica de impacto de la inflación desagregada por quintiles de población
(cada una de las cinco partes en que se divide la sociedad) resultó una nota
destacada de la política económica tras la partida del entonces proto candidato
del radicalismo, conocido como ‘El Pálido Lavagna’- Néstor dixit”.
Néstor Kirchner, señala
López, consiguió -acuerdo de precios mediante- que el índice inflacionario de
2006 bajara al 9,8% anual.
Venezuela. Sobre dólares y
precios.
Diversos observadores
esperaban una devaluación en Venezuela, desde fines de 2012, en vistas de
disminuir el déficit fiscal y distender el mercado de divisas (por ejemplo, el
Banco Barclays, según su informe). Estas fuentes estimaban el déficit fiscal en
torno al 18 % del PIB, haciendo hincapié en el control gubernamental del tipo
de cambio, el cual pasó ahora de 4,3
a 6,3 bolívares, un aumento del 46,5 %.
También estimaban la tasa de
inflación en alrededor del 25 %.
Las mismas fuentes
consideraban que la devaluación tendría lugar en el primer tramo de 2013 y
adelantaban que el dólar pasaría de 4,3 a 6,3 bolívares (Barclays evaluaba que
llegaría a 6,5). También, que la devaluación incrementaría en unos 17 mil
millones de dólares los ingresos del Estado, aunque causando malestar en gran
parte de la población.
Sin embargo, también se
planteaban otras medidas posibles para aumentar la recaudación tributaria e
incrementar la eficiencia de las empresas estatales. Está por verse qué más
pasa, ahora que la devaluación llegó.
Y es necesario hacer unas
comparaciones en la historia de este fenómeno monetario en Venezuela: entre
febrero de 1983 y febrero de 1999 el precio de un dólar estadounidense pasó de 4,3 a 573,88 bolívares; o
sea, un 13.346,05 %, con una devaluación promedio anual de 834,13 % en esos 16
años. Desde la
Revolución Bolivariana pasó de 573,88 a 6.300,00 bolívares;
vale decir una devaluación total de 1.097,79 % con un promedio anual del 78,41
% durante los últimos 14 años, según informaciones difundidas por Telesur. [2]
Es indiscutible que cuando la
elevación del nivel general de los precios alcanza a estos guarismos, crea
problemas. Pero la propaganda de los economistas ortodoxos canalizada y
magnificada por la gran prensa global pretende hacer del asunto de la inflación
el tema más relevante, cuando hay otros, como el empleo y la redistribución de
los ingresos, que esa misma prensa y esos economistas neoliberales hacen todo
lo posible para que no se consideren los más importantes.
La inflación, para éstos, es
tan fundamental que se lo pasan poniendo el grito en el cielo porque perjudica
a los tenedores de obligaciones y otros instrumentos financieros, pero no es un
problema en sí, sino que está en relación con otros problemas económicos en
nuestras sociedades que lo que se proponen es mejorar la justicia social.
Hacia el segundo trimestre
de 2013
La Presidenta supo sugerir el año pasado que se lograra dar
racionalidad a la puja distributiva. Resulta evidente en todas las sociedades
contemporáneas el forcejeo por la distribución del ingreso y no cabe taparse
los ojos: se trata de un conflicto. Empero, no en todas las sociedades -ni
permanentemente- ese tipo de conflictos se manifiesta de forma violenta.
Existen márgenes para negociar condiciones, salvo cuando los grados de
injusticia social se extremizan o cuando el conflicto político exacerba el conflicto
social.
En un país que ha logrado
desde 2003 el más largo período de crecimiento del PIB, creando 5 millones de
puestos de trabajo, bajando el paro del 22 % a menos del 7 % y logrando mejoras
de la redistribución del ingreso de acuerdo con lo que indica la evolución de
los coeficientes de Gini durante el período kirchnerista resulta difícil
explicarse el conflicto político por la insatisfacción social de la mayoría
como lo ha corroborado el 54,11 % de los votos que ratificaron a CFK.
Paritarias
Si hay puja distributiva poco
racional se debe al miedo acumulado de una sociedad duraderamente castigada por
los fenómenos inflacionarios durante los gobiernos de obediencia neoliberal,
también al miedo que inoculan el staff de economistas genios que dicen siempre
lo mismo y los sermones del FMI (al que no le debemos más nada), a la
persistencia de mecanismos oligopólicos en la formación de precios y a la
instrumentación de dirigentes sindicales que se prestan para desorbitar la
maniobra de la reclamación salarial azuzados y acompañados por los grandes
medios, como Clarín, TN y la
Nación.
En términos de puja
distributiva, el período permitió avanzar en la recomposición salarial y por
eso, pese al aumento de la inflación los salarios reales aumentaron, lo que se
verifica aunque se utilicen otras estadísticas distintas de las del Indec, las
del Banco Mundial, por ejemplo.
El sostenimiento y aun la
mejora de la capacidad adquisitiva del salario no depende exclusivamente de una
exitosa negociación sindical que aumente los salarios nominales porque los
precios que tienen que pagar los asalariados se fijan fuera de esa negociación
y por consiguiente estos incrementos salariales pueden inscribirse en falso en
el funcionamiento real de la economía del país, la que no está aislada por otra
parte de la economía internacional, en la que rigen formas de producción y
comercio de las que no es posible desentenderse.
Ahora, las paritarias, van a
tener -tienen- una palabra social que puede reflejar estas consideraciones, pero
podemos sopesar que existen tentaciones destituyentes que quieren enancarse en
las mismas y convertirlas en una palanca confrontativa. Tanto la exacerbación
confrontativa como la desproporción de los reclamos pedalean para accionar la
dínamo de la inflación.
Porque el sector empresario
está en condiciones de tomar atajos vía precios para resarcise -seguramente con
creces- y esperar cómodamente en la próxima estación la negociación siguiente.
Los asalariados no deben
correr el riesgo de una negociación salarial que beneficie a camarillas o
cúpulas o intereses destituyentes que gestionan altas exigencias porque ese
camino conduce a un colapso de la capacidad reguladora del Estado que puede
tornar inevitable un proceso devaluatorio.
El congelamiento de precios
es un paso que da algo de tiempo para encontrar convergencias entre los actores
normales de la puja distributiva, pero hay que contar con los actores
entrometidos, como la corporación mediática, que hacen y harán lo imposible
para utilizar estos conflictos en vistas de desgastar al gobierno.
La racionalidad de la puja
distributiva requiere una concertación de los asalariados, los empleadores y el
Estado a fin de que no se desarrolle una carrera anárquica de precios y
salarios y en su lugar pueda haber una acumulación de fuerzas para profundizar
los cambios sociales que se han venido operando con los gobiernos
kirchneristas.
Por cierto, existen
dirigencias sindicales que hacen oídos sordos, pero lo peor para los
trabajadores en la actual multiplicación de centrales sindicales es la
competencia por irse lo más rápido posible hacia el precipicio. Es de esperar,
sin embargo, que la fragilidad de las representaciones dé una composición de
lugar que ponga a salvo los intereses generales de los trabajadores que son
mantener y acrecentar el nivel del empleo, defender y mejorar el salario real y
gozar de un entorno de consumo al que acceder en pos de mejores bienes en
cantidades suficientes.
El congelamiento de precios
por dos meses no es muy pretencioso y acaso por eso sea realista y útil:
propende a disminuir las expectativas de aumentos de precios y da pie a
concertaciones en las paritarias.
La seriedad negociadora es la
única solución. No hay tutía.
NOTAS:
1 Artemio López, El país
donde los acuerdos de precios funcionan y el libremercado fracasa, Télam
- 11/02/2013 – http://www.telam.com.ar/notas/201302/7334-el-pais-donde-los-acuerdos-de-precios-funcionan-y-el-libremercado-fracasa.html
2 Comparativa de políticas de
ajuste cambiario en Venezuela entre 1983 y 2013 – https://twitter.com/teleSURtv/status/300586436254646272/photo/1
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