CFK COMENTO POR TWITTER EL DOBLE ESTANDAR EN LA EVALUACION DE LAS
ANTENAS EN CORDOBA POR DE LA SOTA
CFK se hizo esa pregunta al destacar la investigación de
este diario sobre la clausura de las antenas de TDA por parte de la gobernación
cordobesa cuando mantiene las pertenecientes al Grupo Clarín, que tienen un
mayor impacto ambiental.
Por Sebastián Premici
“Olivos. Lectura de diarios. Veo en P12 (Página/12) foto de
varias antenas de transmisión. Dónde? Adivinen. Marte, Venus o Córdoba?...
Acertaron. Córdoba. Ubicación Cerro Mogote, antenas Canal 10 (Universidad
Nacional de Córdoba), TDA (Estado Nacional) and imagine... Antena de
Cablevisión y Radio Mitre... a 70 mts de la de TDA clausurada a pedido de la
gobernación provincial por MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL.” A través de su cuenta de
Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del
gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota , de clausurar cinco antenas de TDA. Además,
se hizo eco de un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que
determinó que las emisiones no ionizantes de las antenas de Cablevisión son
cinco veces superiores a las antenas de TDA. “¿No hay un juez en Argentina que
asegure la igualdad de todos ante la ley?”, twitteó la mandataria.
En una serie de entrevistas radiales, De la Sota insistió en que la
clausura de las antenas obedeció a cuestiones ambientales y burocráticas. “En
Córdoba hay leyes, hay un gobierno elegido por el pueblo, democrático, y llegó
una banda de personas que instaló antenas por todos lados sin siquiera
presentar un papelito con sellado solicitando la autorización”, sostuvo De la Sota. Sin embargo, como
publicó este diario en su edición de ayer, el gobierno nacional había
presentado la documentación correspondiente ante la Secretaría de Ambiente
de la provincia.
El 14 de diciembre de 2012, Arsat presentó la información
requerida para la etapa “Aviso de Proyecto”. Las comunicaciones con la
provincia habían comenzado antes, el 6 de diciembre. En esa fecha, la empresa
estatal presentó datos ambientales y una autorización de la Administración Nacional
de Aviación Civil Argentina (ANAC), fechada incluso en octubre de 2011. Otro
dato importante es la autorización de la Municipalidad de
Leones para utilizar un predio de su propiedad para el proyecto de la TDA. La autorización
corresponde a abril de 2011, mientras que en agosto de 2012, la municipalidad
encargó los estudios de impacto ambiental, que fueron realizados por Arsat.
Según la resolución municipal 500/96, Leones tiene autonomía
para la toma de decisiones vinculadas con el área de ambiente. Así lo confirmó
la actual intendenta de Leones, Lorena Bussi, que en los próximos días
presentará un amparo con este argumento.
“¿Qué creen, que es tierra arrasada, que pueden llegar y
listo? Conmigo, de prepo, no”, insistió De la Sota ante una entrevista realizada por Oscar
González Oro. En ningún momento el gobernador ni su interlocutor reconocieron
la existencia del expediente difundido tanto por la CNC como por la Defensoría del Público.
La decisión directa de De la Sota
perjudicó, al menos, a 500.000 personas, pero con una potencialidad de alcanzar
los 2,7 millones de habitantes. En contrapartida, el beneficiario directo fue
Cablevisión, ya que no tendrá la competencia de la TDA (con más de veinte canales
de aire gratuitos). La empresa del Grupo Clarín cuenta con 379.000 abonados en
la provincia y 33 licencias. Según la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sólo podría
tener 24 en todo el país.
“¿No hay amparo judicial x la violación de la libertad de
prensa?... No hay protección para los derechos de usuarios y consumidores de
elegir entre TV paga, TV gratis o lo que quieran?... Qué está pasando con la
justicia en nuestro país?”, sostuvo en un tweet Fernández de Kirchner.
Además de que existe información presentada, con notas
dirigidas al secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco, con el
correspondiente sello de la mesa de entrada, que certifica que la documentación
fue entregada formalmente, la CNC
comprobó que las antenas de TDA presentan una radiación no ionizante 37 veces
inferior a los máximos permitidos por la legislación local y la Organización Mundial
de la Salud.
“Este no es un motivo técnico-ambiental, porque primero el
Ministerio de Planificación y Arsat cumplieron absolutamente todos los
requisitos. Hay una decisión del gobernador que básicamente es un acto de
censura, un ataque a la libertad de expresión, es un ataque al derecho a la
información y es más, es un ataque al desarrollo industrial científico y
tecnológico de su propia provincia”, expresó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
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