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Primera Imagen : Opera Bufa
Segunda Imagen: Daniel Scioli, Hugo Moyano, Roberto Lavagna
y José de Mendiguren.
Imagen: Pablo Piovano & DyN.
Imagen: Pablo Piovano & DyN.
ENTRE EL ANTIPERONISMO SIN FUTURO Y EL PERONISMO
REJUVENECIDO
Una oposición que se siente derrotada y presión mediática
sobre la gran esperanza blanca bonaerense. Ni cacerolas, ni piquetes, ni
saqueos, ni embargos, ni paros, ni el dólar clandestino perturban a un gobierno
que mantiene el rumbo, para desesperación de quienes no entienden ni admiten
aquello que hiere sus ojos. Agobiada confesión de un aspirante a guía
espiritual, entre el antiperonismo sin futuro y el peronismo rejuvenecido. Con
el reelecto Obama, el sueño de Luther King se vuelve pesadilla.
Por Horacio Verbitsky
El principal columnista político del diario de registro de la Argentina comía con uno
de los más próximos colaboradores del gobernador de la Provincia de Buenos
Aires en un restaurante con especialidad en pescados. Lejos del tono cool e
irónico de sus columnas, hablaba con ademanes como un bufo italiano, y tan
fuerte como para que se escuchara en las mesas vecinas. Está sola,
completamente aislada, esto se acaba, no tiene sentido seguir allí, era su
reiterativa línea de argumentación. Las respuestas del funcionario bonaerense,
a quien el columnista ha mencionado como el mejor vocero de Daniel Scioli y
“estratego de su metamorfosis”, encomiándolo por diferenciar entre peronismo y
kirchnerismo, no se oían más allá de la mesa que ambos ocupaban, pero la
actitud transmitía una gran familiaridad. Como todas las semanas, la cuestión
es qué decidirá Scioli, cuya ruptura constituye la única esperanza de una
oposición que se siente derrotada desde antes de comenzar el proceso electoral.
Como dijo Bartolomé Mitre hace dos meses en un reportaje con la revista
brasileña Veja, “no consigo visualizar otra opción que un sucesor de Cristina
que venga de otra corriente peronista, un poco más abierta, más de centro”. Con
alta intención de voto dentro del dispositivo kirchnerista, Scioli se
derrumbaría si decidiera enfrentar a la presidente a la que jura lealtad tres
veces por mes, cosa que ya le ocurrió en su esfera gremial a Hugo Moyano. Pero
pertenecer a ese espacio implica condiciones que Scioli no parece inclinado a
cumplir. Ese es su laberinto. El diálogo privado de aquella sobremesa reproduce
el clima evidente en las manifestaciones públicas de otros actores políticos,
cuyo grado de exasperación inició el año electoral 2013 en el mismo alto nivel
con que terminó 2012. Los saqueos de fin de año no se repitieron, lo cual
termina por desbaratar la interpretación de que su origen hayan sido las
necesidades sociales insatisfechas, porque de otro modo habrían continuado. Las
investigaciones judiciales en distintos lugares del país avalan la lectura
oficial de movimientos organizados con propósitos políticos y en combinación
con funcionarios. La suspensión del intendente de Bariloche, Omar Goye, quien
será destituido de acuerdo con un engorroso procedimiento institucional que le
da todas las garantías jurídicas y políticas de defenderse desmiente la idea de
que la presidente ya ni controla a los intendentes propalada con insistencia
por los mismos medios que desde hace demasiados años dan por terminado su
ciclo. Ni las cacerolas, ni los piquetes, ni los saqueos, ni los embargos, ni
la escalada del dólar clandestino perturban a un gobierno que no se distrae del
rumbo fijado, para desesperación de quienes ni entienden ni admiten aquello que
hiere sus ojos. El hijo del historiador José Luis Romero planteó con crudeza
los dilemas de la oposición de la que habló en primera persona del plural. “No
todo debe girar alrededor de Cristina” es el título de su agobiada confesión,
donde reflexiona sobre “el antiperonismo sin futuro y el peronismo
rejuvenecido” (La Nación,
viernes 18).
Un pálido do de
pecho
El do de pecho más desafinado lo dio el ex ministro de
Economía Roberto Lavagna. Según el hombre que Eduardo Duhalde quería para la
vicepresidencia en 2003 hasta que Kirchner lo madrugó postulando a Scioli, el
gobierno practicó fraude en las últimas elecciones presidenciales. Cuando el
asombrado entrevistador le pidió alguna de las “pruebas infinitas” de ello que
dijo tener, Lavagna sólo pudo argüir que “basta observar los cómputos oficiales
de los votos en blanco y los que no votaron para ver que el 54 por ciento no es
54, sino mucho menos”. Las declaraciones estrepitosas que se disipan como
volutas de humo hermanan la política argentina con la de Italia, dos catálogos
de escándalos sin solución, en cualquier sentido de la palabra. El inspirador
de Lavagna es el dirigente de los estibadores rurales Gerónimo Venegas, quien
luego de las Primarias de agosto de 2011 dijo que Cristina no habría llegado al
40 por ciento. El único fraude está en este razonamiento, que mide el
porcentaje de votos sobre el total de empadronados y no sobre los “votos
afirmativos válidamente emitidos”, que no es un ardid del gobierno sino lo que
disponen los artículos 97 y 98 de la Constitución. Si
el método Venegas-Lavagna sustituyera al mandato constitucional, para lo cual
sería precisa la reforma a la que ambos no obstante se oponen, con los
resultados de 2011 sólo Cristina emergería por encima de los indiferentes y los
indignados, que constituirían la segunda fuerza, y la tercera estaría muy
lejos, cuadruplicada en votos por la presidente. Que algún desafiante pueda en
el futuro próximo o lejano obtener el apoyo electoral del sector que se
manifestó en las calles con entusiasmo en noviembre, es apenas una hipótesis a
demostrar: los porcentajes de asistencia a las urnas y de voto positivo desde
1983 muestran una gran inflexibilidad a los estímulos de la coyuntura política,
con la única excepción de 2001, cuando hubo 25 por ciento de abstención, 15 por
ciento de votos anulados y 8 por ciento en blanco, es decir la mitad del
padrón. Esto no se repitió ni antes ni después, y la asistencia en las últimas
elecciones fue la más elevada.
De alguna manera, el voto popular continuó entonces el
mandato voceado en las calles hace una década y premió a quienes se animaron a
romper la subordinación del sistema político a los intereses particulares.
Ensoñación vasca
La segunda nota discordante la dio el presidente de la Unión Industrial,
José de Mendiguren, quien se refirió a las negociaciones paritarias como el
camino que conduce al Rodrigazo. Tampoco el sindicalista patronal preferido de
la presidente, que lo llama Vasco y ha llegado a mencionarlo diez veces en un
solo discurso, se distingue por la originalidad de su planteo. El gobierno
apoyó su designación en la UIA
como alternativa a otras candidaturas que suponía más próximas al Grupo Clarín.
Adquirió así un antiguo submarino de la transnacional italiana Techint, con la
originalidad argentina de corporizarse como burguesía nacional y para colmo
desarrollista. Ya habían dicho casi lo mismo que el gran cráneo de la UIA el propio Lavagna y el
gurú económico de la UCR,
José Luis Machinea, quien presidió el Banco Central durante la presidencia de
Raúl Alfonsín y desde el ministerio de Economía con Fernando de la Rúa rebajó 13 por ciento las
jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos, a propuesta del
secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, el mismo que propuso
pagar a los fondos buitres para recuperar la fragata. En junio del año pasado,
en una columna publicada en Clarín con el título “Una Economía en falsa
escuadra”, Lavagna atribuyó a “cenáculos iluminados” el sueño de que “este
mismo gobierno o algún otro haga un rodrigazo. ¿Se acuerdan de 1975, un
gobierno de una presidenta peronista? Todo junto, todo rápido, supuestamente
para “ordenar” el caos de precios relativos, que como no podía ser de otra
manera desató una guerra distributiva”. La siguiente alusión al rodrigazo
provino de Machinea, en noviembre. “El intento de corregir distorsiones de
precios relativos con una medida de un día para el otro no es aconsejable, la
historia muestra que sería muy imprudente”. Esa tentación no cunde en el
gobierno sino entre las distintas fuerzas de la oposición, que un día piden la
devaluación, otro el ajuste y todos el regreso a los mercados de deuda. Es
irónico que haya sido el economista liberal Juan Carlos de Pablo (quien
escribió un libro junto con Domingo Cavallo y compró un departamento en el
mismo edificio en que vivía el ministro convertible) quien refutara en la forma
más rotunda la divagación rodrigal: “Isabel Perón estaba débil y Cristina
Fernández de Kirchner no. Uno le puede endilgar a este Gobierno muchas cosas,
pero debilidad, no”. Punto y aparte.
Mal de muchos
En ese contexto, el secretario general de una de las cinco
centrales sindicales de trabajadores, Hugo Moyano, amenazó con un nuevo paro
para marzo. De realizarlo, mostraría un nuevo descenso en su declinante poder
de convocatoria, aunque algún intelectual de la paleoizquierda irredenta
considere que el fiasco del 20 de noviembre fue el gran acontecimiento del
2012. El consumo eléctrico de ese día no mostró variaciones con el anterior ni
con el siguiente, lo cual reduce aquella jornada a un gran piquetazo que vació
el centro de la Capital,
favorecido por la invariable decisión oficial de no reprimir la movilización
política de protesta. Para salvar la incongruencia de su cambio de posición, el
ex ultrakirchnerista Moyano justifica su ruptura con dos argumentos: el tope
salarial que el gobierno impondría en las negociaciones paritarias y lo que su
agrupación denomina el impuesto al trabajo. Son afirmaciones discutibles. El
gobierno no tiene intención de fijar ningún tope a los acuerdos que puedan
alcanzarse entre empleadores y empleados, ya que advierte que cualquiera sea el
número que fije habilitaría a Moyano para levantar la vara de su exigencia. De
modo que tanto la cuestión impositiva como la negociación salarial se darán en
la subcomisión de empleo del Consejo del Salario. La eliminación del impuesto a
los ingresos para la cuarta categoría sólo reforzaría la heterogeneidad que hoy
caracteriza a la clase trabajadora, en beneficio de la elite que representan
Moyano y su sindicato de camioneros, quien cuenta con el paradójico apoyo del
estibador rural Venegas y del gastronómico Luis Barrionuevo de Camaño.
Paradójica porque los afiliados de ambos padecen las más altas tasas de
informalidad. La motivación es política: Moyano y Venegas están organizando sus
propios partidos y Barrionuevo ha declarado su apoyo a la ilusoria candidatura
presidencial del gobernador de Córdoba, José de la Sota. Su primera
experiencia en esas lides fue en 1988, cuando integró como precandidato a
vicepresidente la fórmula que encabezaba Antonio Cafiero. De la Sota se ganó la aversión del
sector al que ahora corteja al declarar que el sindicalismo era la rama seca
del justicialismo. Esos agravios han sido olvidados, acaso porque en este
cuarto de siglo De la Sota
se ha resecado tanto o más que la rama sindical. La fracción gremial del
metalúrgico Antonio Caló presentó un proyecto que intenta compensar los
ingresos que el Estado obtiene por el impuesto a los réditos de la cuarta
categoría con tributos a las transacciones financieras, la comercialización
externa de productos mineros y un nuevo revalúo fiscal de los campos de la
región núcleo. En un cálculo de extremo optimismo, realizado en el vacío
político de un laboratorio, estima que de ese modo se recaudarían unos 13.000
millones de pesos adicionales. También propone cuatro alternativas de
modificación de las escalas sobre las que se cobra el impuesto a la cuarta
categoría y un incremento de las deducciones admisibles. Como regla general, el
tributarista Jorge Gaggero sostiene que “en ningún país serio del mundo se ha
eliminado el impuesto a los ingresos para los altos salarios de los
trabajadores formales, afiliados a sindicatos con fuerte poder de presión. Es
más, los actuales mínimos no imponibles son similares a los de los países
mediterráneos de Europa”. Pero Gaggero también reclama la reforma impositiva de
fondo, que los sindicalistas bosquejan y el Estado resiste. El gobierno se
comprometió a dar una respuesta, aunque adelanta que la dificultad reside en
las categorías inferiores de la escala. Quienes perciben remuneraciones de
entre 7 y 15.000 pesos mensuales son las tres cuartas partes del universo
alcanzado por el impuesto. Con alícuotas del 1 por ciento quienes ganan menos
de 10.000 pesos, del 3 por ciento hasta 12.500 y del 7 por ciento hasta 15.000
su contribución ronda los 7000 millones de pesos anuales, cuya falta dejaría
sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles.
Los técnicos del gobierno afirman que los impuestos alternativos propuestos no
compensarían esa merma. Tal vez, pero como mínimo es indiscutible su valor
simbólico, igual que en el caso de los jueces. La idea de la equidad no puede
subestimarse. Si es justo que paguen los asalariados más favorecidos, no hay
argumento por el que deban exceptuarse los inversores financieros. Con el
retraso de la actualización de los mínimos en los últimos años, el 22 por
ciento de los asalariados entraron en el radar de la AFIP. En las reuniones
mantenidas en las últimas semanas, los representantes oficiales anticiparon que
las readecuaciones posibles procurarán mantener ese porcentaje, porque de otro
modo al ritmo del incremento actual de precios pronto alcanzaría al 30 por
ciento de los trabajadores. Pero dijeron en forma explícita que no volverían
los tiempos en que sólo tributaban el 8 por ciento de los trabajadores. Lo que
el gobierno está preparando y podría anunciar la presidente al regreso de su
gira asiática son medidas muy fuertes para reducir la informalidad laboral, que
afecta a un tercio de la mano de obra que no paga impuesto a los ingresos,
profundizando aquello que con tanta nitidez describió Mitre en el despectivo
reportaje brasileño: “Há no país uma elite que pensa de uma maneira e uma
classe baixa que não se informa, não escuta, não toma consciência e segue a
presidente”. Acaso porque sabe que esa fidelidad es recíproca.
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