La soberanía es uno de los atributos más importantes de los
Estados. Un Estado es soberano cuando es la máxima autoridad dentro del
territorio que controla, cuando no existen poderes externos que lo limitan.
La idea de la soberanía irrestricta de los Estados se ha ido
moderando, difumando, en la medida en que fue surgiendo desde hace más de un
siglo legislación internacional sobre los temas más diversos (no proliferación
nuclear, protección del medio ambiente, defensa de los derechos humanos, y
muchas otras cuestiones) que los países acuerdan cumplir. De la misma manera se
han creado diversos organismos internacionales (Naciones Unidas, OEA, Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial) a los que los países se suman adquiriendo
compromisos.
Pero, estas características de nuestro mundo del siglo XXI,
no deben hacernos pensar que la soberanía es una cosa del pasado. Por el
contrario, es fácil observar como los países fundadores de la ONU conservan el derecho de
veto en el organismo, o cómo el Estado que aún constituye la potencia más
fuerte, el Imperio de nuestros días, no suscribe ningún acuerdo internacional
que limite su soberanía e incluso impone su legislación local en los casos
penales que afecten a integrantes de sus fuerzas armadas, aunque los delitos se
cometan en otros Estados. Estos simples ejemplos demuestran que la soberanía no
es un atributo perimido o demodé; es, por el contrario, un principio defendido
con todo vigor por los países fuertes.
Por el contrario, los países más débiles no sólo ven
avasallada muchas veces su soberanía (los acuerdos de no proliferación nuclear
no se aplican a los que más armamento nuclear tienen) sino que se les pretende
transmitir que este concepto está perimido y que el mundo actual está
“globalizado”.
Pero, evidentemente, el ámbito en el que más se ha limitado
la soberanía de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo es el
económico-financiero. Los organismos de crédito internacional ejercen
auténticos “protectorados” sobre los países; envían sus procónsules que hacen y
deshacen a su antojo. Imponen leyes y políticas. E incluso, “persuaden” a los
Estados de aceptar el CIADI como instancia que resolverá las dificultades que
pudiesen surgir entre Estados “soberanos” y empresas transnacionales. Cuesta
encontrar un caso en el que el CIADI le haya dado la razón a un Estado en
contra de una empresa. Argentina ingresó en ese sistema en la década del
noventa, durante la Segunda Década
Infame.
Argentina acumuló en esa década del noventa una
impresionante deuda externa en dólares que se contrajo sobre todo para mantener
artificialmente la paridad 1 a
1 entre el peso y el dólar, que requería de un ingreso continuo de billetes
norteamericanos vía endeudamiento o liquidación de activos –privatizaciones
sobre todo; también se vendieron las reservas en oro del Banco Central-. Esta
carrera loca y desprejuiciada hacia un abismo insondable concluyó con la crisis
del 2001, el acorralamiento de los depósitos y el default.
Desde el 2003 se han venido tomando medidas tendientes a
recuperar la capacidad de acción soberana del Estado. La deuda con el FMI se
pagó de una sola vez, y luego se invitó amablemente al organismo a no enviar
más sus delegaciones proconsulares de “asesores” (con aires casi de autoridades
virreinales). La deuda con los bonistas se refinanció con una quita
espectacular, del 75%, generando un proceso de desendeudamiento que devuelve al
Estado esa capacidad de acción soberana. Muchas privatizaciones se revirtieron
con el mismo sentido, permitir al Estado controlar los resortes fundamentales
para desarrollar una política económica autónoma.
Quedaron afuera un 7% de los bonistas, que no aceptaron
ninguna de las dos instancias de canje (2005 y 2010) y recurrieron a medidas
judiciales. Pero no eran bonistas cualquiera. Eran los llamados “fondos
buitre”, grandes empresas financieras con sede en paraísos fiscales que compran
bonos incobrables por monedas, a
tenedores desesperados, y luego utilizan su gran capacidad de presión para
tratar de cobrarlos a su valor nominal, con ganancias fantásticas. Empresas que
logran gran influencia, debido a su poder económico, entre políticos, abogados,
economistas y profesionales de la información.
En los últimos dos meses del año el gobierno argentino se
enfrentó a una dura ofensiva de los fondos buitres. En New York el juez de
primera instancia Thomas Griesa falló a favor de estas aves rapaces, lo que
despertó una creciente preocupación tanto en la Reserva Federal como entre el
gobierno norteamericano. De prosperar la interpretación que le daba Griesa a la
cuestión, se ponía en riesgo cualquier futura reeestructuración de deuda
soberana, ya que tornaba a la plaza neoyorquina un lugar jurídicamente inseguro
para estas operaciones. Tras algunas semanas, el gobierno argentino logró un
fallo favorable en la apelación, y el tema sigue hoy en disputa en Estados
Unidos.
Por esas mismas semanas, la Fragata ARA Libertad, buque
escuela de la Armada Argentina
realizó un inesperado cambio de rumbo: por decisión de algunos mandos de la Armada (ya pasados a
retiro) se cambió el destino de Nigeria a Ghana. Fue una auténtica emboscada
porque allí, en un país que no estaba en la ruta original del barco, esperaba a
la Fragata
una orden judicial de embargo. Un absurdo importante, ya que no se puede
embargar una embarcación militar.
El gobierno argentino se manejó con cautela, agotando todas
las instancias legales ante la
Justicia de Ghana, el gobierno de ese país, y el Tribunal del
Mar de Hamburgo, que finalmente ordenó el 15 de diciembre la liberación
inmediata de la embarcación.
Estos hechos coincidieron con semanas particularmente
movidas en la política interna de Argentina, con sectores de la oposición apoyando
la postura de los fondos buitres en New York, con otros rasgándose las
vestiduras por la situación de la
Fragata, más una protesta “espontánea” (aunque anunciada
desde septiembre) de manifestantes con cacerolas, el 8N, que reclamaban, entre
otras cosas, por la política financiera del gobierno.
Como suele suceder en la política argentina, los hechos
inexplicables se siguieron sucediendo. Así como algunos mandos de la Armada desviaron
“casualmente” la Fragata
hacia el puerto de Tema donde la esperaba una encerrona, fue otra casualidad
que el intento de los ghaneses de apoderarse del barco, de tomarlo por asalto
casi como en una película de piratas, fuese el 9 de noviembre, el día siguiente
del cacerolazo opositor. Casualidades, que les dicen…
La decisión del Tribunal del Mar de Hamburgo liberó a la Fragata. El Estado argentino,
con las leyes en la mano, logró nuevamente superar las presiones casi
extorsivas de estos pulpos financieros internacionales que se refugian en
paraísos fiscales, más allá de la ley incluso de los países del Primer Mundo.
El regreso de la Fragata
ARA Libertad y sus tripulantes que defendieron la soberanía
nacional en el continente africano ha despertado un gran entusiasmo. En Mar del
Plata los esperan la Presidenta Cristina
Fernández, ministros, mandos militares, habitantes de la ciudad, turistas,
cholulos varios y miles de militantes que se han movilizado desde diversas
partes del país. Y semejante despliegue no es exagerado. Porque cuando mañana 9
de enero ingrese gallardamente al puerto de Mar del Plata una embarcación
impresionante, elegante, hermosa y anticuada, atracará en la Perla del Atlántico mucho
más que la Fragata ARA
Libertad -y sus héroes que se enfrentaron a situaciones muy complejas en Tema-.
Lo que ingresará al puerto, con las velas al viento, es la
esperanza de cientos de países del mundo de recuperar definitivamente su
soberanía; la ilusión de lograr que de una vez para siempre los grandulones transnacionales
no se impongan a como de lugar; el sueño de que esa vieja frase pronunciada
hace un siglo por el presidente norteamericano Theodore “Teddy” Roosevelt
(“Habla suavemente, pero lleva un Gran Garrote”) pase definitivamente a la
historia.
Adrián Corbella, 8 de enero de 2013
Publicado en “Redacción
Popular” con el título de ARGENTINA (y toda la patria grande) 1-FONDOS BUITRES
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