En los días por
venir, algo del país del futuro comienza a vislumbrarse sin retorno.
La semana que pasó hizo peligrar las habituales tapas
deprimentes de los diarios hegemónicos. Entre el jueves 29 y el viernes 30,
directamente, hubo riesgo de que salieran en blanco. Demasiadas buenas noticias
juntas para el oficialismo. De no haber sido por el documento eclesiástico que
confundió el hondo sentido que tiene la Navidad para los cristianos con temáticas
profanas del agotador libreto antikirchnerista, podría decirse que de cara al
7D el clima viene cambiando, poniendo en apuros a la oposición política y
mediática, e incluso el Episcopado salió ayer a desmentir a Clarín, que había
titulado que Cristina no quería recibirlos en la Casa Rosada. Se sabe,
llorar puede ser un sentimiento, pero mentir es un pecado.
Primero fue la suspensión del fallo del juez Thomas Griesa
que beneficiaba a los fondos buitre. Después, el rechazo de la Corte Suprema de
Justicia al pedido de extensión de la cautelar contra la aplicación plena de la Ley de Medios. Más tarde, la resolución
de la
Organización Marítima Internacional (OMI) declarando
inembargable a la
Fragata Libertad, cuando faltan apenas diez días para que se
expida el Tribunal del Mar. Sin olvidar que ya es ley la regulación del mercado
de capitales, la de la Música
y la de Hábitat en territorio bonaerense. Y, por último, el retroceso
entre balbuceos del Grupo Clarín SA al pedido de cárcel vergonzoso contra un
grupo de periodistas que no son de su agrado opinativo, tras cosechar el
repudio generalizado, que incluyó nada menos que la crítica de sus socios de la SIP y ADEPA (ver aparte). Una
cosa más, muy trascendente: comenzó el megajuicio a los represores de la ESMA, el mayor campo de
concentración de la última dictadura cívico-militar, ubicado a cinco cuadras de
la cancha de River, en el barrio paquete de Núñez, que devoró la vida de más de
4000 personas, y fue horrorosa maternidad de decenas de chicos apropiados,
entre ellos Juan Cabandié, a quien el Grupo Clarín SA denunció por
"incitación a la violencia" también por su manera de pensar.
En suma, fueron siete días en los que todo o casi todo lo
que sucedió se escapó del relato "golpeador" (Víctor Hugo, dixit) que
Héctor Magnetto instala desde su posición monopólica cada vez que puede o lo
dejan.
La Cámara
de Apelaciones de Nueva York aceptó la apelación argentina y el fallo de Griesa
–que amenazaba con hacer caer al país en default técnico, después del increíble
esfuerzo colectivo por honrar los pagos de este año, sin pérdida de empleo ni
ajuste, lo cual es una novedad–, quedó suspendido hasta febrero, garantizando
así el pago en diciembre a los bonistas de buena fe que ingresaron al canje en
el marco de la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
La alegría del equipo económico nacional, encabezado por
Hernán Lorenzino, fue inversamente proporcional a la desazón de los buitres
locales que militaron durante semanas el fracaso de la presentación judicial
con la cobertura mediática comprensiva de los diarios conservadores, que
llegaron incluso a ver en Griesa a una suerte de Baltazar Garzón al revés que
venía a poner finalmente en caja a un kirchnerismo populista, siempre
equivocado en sus decisiones, a los ojos de los profetas del
"mercado".
Fue muy didáctico ver de qué manera y con qué entusiasmo, la
vidriosa causa del 7% de los compradores de bonos basura que retienen la Fragata Libertad
en el puerto de Ghana se convirtió en bandera de reclamo de los columnistas de
Clarín y La Nación,
mientras la Reserva
Federal de los Estados Unidos, los bancos emisores y el 93%
de los acreedores que aceptaron renegociar su papeles apoyaban el reclamo del
Estado Nacional ante el segundo circuito judicial de Nueva York. ¿Se puede
estar a la derecha del mundo financiero global? Claro que sí: se les puede
preguntar a Miguel Broda o a Marcelo Bonelli cómo se hace. Ellos saben del
asunto. Tanto como Magnetto, que quedó a la derecha de la SIP.
No fue este el único traspié de la oposición política y
mediática, cuando faltan horas para el 7D. La Corte Suprema
declaró "inadmisible" la exigencia de Clarín SA para extender la
cautelar que impide aplicar al Grupo los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios de la
democracia. Sus abogados esperaban otra cosa. Al menos, que el máximo tribunal
les concediera tiempo de descuento o algo así. Pero eso no sucedió.
Con la firma de todos sus miembros, la Corte emplazó al juez de
primera instancia Horacio Alfonso para que resuelva con urgencia sobre la
cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos que
cuestiona el oligopolio. Lo mismo le pidió a la Cámara en lo Civil y
Comercial Federal el tribunal de alzada de Alfonso, que quedó constituido en
tiempo récord con refuerzos del fuero Contencioso Administrativo. Ahora tienen
que actuar sin demora y sin hacer caso a los intentos obstruccionistas de la
parte más belicosa en esta disputa jurídica. Tres años fueron suficientes. De
no hacerlo, se corre el riesgo de entrar en "denegación de justicia",
según advirtió el cuerpo que tutela Ricardo Lorenzetti, imprevistamente
candidateado a presidente de la
Nación por el juez Carlos Fayt.
Al juez Alfonso le cabe una responsabilidad mayúscula.
¿Podrá evitar una crisis institucional? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fallara
en contra del gobierno antes del 7D? ¿Existe ese margen o todo quedará para
marzo? Lo dicho por la propia Corte en mayo, cuando afirmó que el reclamo de
Clarín era patrimonial y que no existía amenaza a la libertad de expresión,
parece jurisprudencia ineludible a tener muy en cuenta. Pero también es cierto
que la estrategia del grupo de Magnetto es acumular sentencias que avalen la
supuesta "denegación de justicia" de la que serían víctimas, para
luego recurrir a tribunales internacionales como la CIDH y acorralar al Estado
Nacional. ¿Es una casualidad o una luz roja que la Corte haya hablado de esa
posibilidad en su escrito? Difícil saberlo. Lo más probable es que sus miembros
estén buscando saldar el pleito con un trámite irreprochable. Quizá sea
simplemente un último aviso. Una especie de alerta rojo al sistema subordinado
para que actúe sin dilatar más lo que es obvio: la ley tiene legitimidad de
origen, todos los plazos están vencidos, hay dos poderes del Estado –el
Legislativo y el Ejecutivo– que ya se pronunciaron, y cualquier retraso va a
ser leído, indefectiblemente, como una concesión a las corporaciones
económicas, de las que el Poder Judicial también debe mostrarse independiente,
tanto o más que de un gobierno revalidado por el voto popular.
En estas horas febriles, de indiscutible tensión, afloran
las hipótesis más descabelladas. Si Alfonso dijera que los artículos son
constitucionales, aceptando la jurisprudiencia de la Corte, sobrevendría una
inmediata apelación de Clarín ante la
Cámara y el pedido de per saltum del Ejecutivo sería
fulminante. La Corte
se vería, en el cortísimo plazo, compelida a resolver lo que evitó esta semana,
derivando la presión hacia el enigmático Alfonso. ¿Y qué haría, entonces?
¿Acaso podría desdecirse de su fallo previo? No parece creíble. Salvo que el
deseo que Fayt lanzó al aire de manera inesperada sea algo más que un deseo.
Entonces los problemas serían mayores, como cuando Julio Cobos patentó un
"no positivo" para cimentar su fallida candidatura presidencial, y
tuvo que retornar más tarde, con la cabeza gacha, a la ingeniería civil. Pero
pensar en eso, hoy, es de ciencia ficción de mala factura.
También, aunque de la buena, es aquella que convirtió a la Fragata Libertad
en la medida de la soberanía perdida para hostigar al gobierno que, entre otras
cosas, nacionalizó YPF. Según el relato antikirchnerista, el buque sería la
última reserva de la argentinidad a merced de un país africano por exclusiva
culpa de la impericia oficial. Subyacen en la crítica unas ganas locas, en
realidad, de dar la razón a todos los que resuelven contra los intereses nacionales,
por motivos diversos. La doble G, Griesa y Ghana, condensó una serie de
empalagosos halagos, apenas encubiertos en ropaje informativo, en Clarín y La Nación, que merece alguna
reflexión. Del primero, el juez que le dio la razón a los fondos buitre contra la Argentina, llegó a
destacarse que era el mismo magistrado incorruptible que había investigado a la P2, y de Ghana, que no tiene
nada que envidiarle a la eficiente democracia dinamarquesa. La colonización
cultural de la élite local, que se expresa a través de estos dos diarios
tradicionales, hace de cualquiera que critique o complique la acción de
gobierno un aliado lleno de virtudes. No importa cuánto perjudique al país,
sólo que confirmen lo malo o pésimo que estaría administrado.
Contrasta con este afán autodestructivo, la alegría con la
que Alicia Castro, embajadora en el Reino Unido, comunicó a la Casa Rosada que la OMI, con sede en Londres,
declaró a la fragata como buque de guerra que no puede ser embargado. Es una
muy buena señal cuando faltan pocos días, se estima que alrededor del 15 de
diciembre, para que el Tribunal del Mar se expida sobre el caso. Pero esta
noticia no mereció despliegue. No, al menos, el que se le dio a las primeras
informaciones sobre la retención de la nave en Tema. Igual destino de
insignificancia en la agenda dominante tuvo el apoyo unánime de la Unasur y sólo los lectores
de Tiempo Argentino pudieron enterarse que Brasil –esta semana Dilma Rousseff
visitó nuestro país– trabaja diplomáticamente para solucionar el conflicto bajo
una premisa insoslayable: el embargo de la fragata es algo tan grave e ilegal
como que se hubiera tomado por asalto una embajada argentina en cualquier país
del mundo.
En los próximos cinco días habrá que prepararse para ver,
escuchar y leer cosas peores. Toda la capacidad de asombro puede ser poca. Se
acerca un momento clave, de máxima tensión. Un gobierno legalmente elegido en
las urnas desafía a una corporación económica como no ocurrió en los 29 años
desde la derrota de la dictadura cívico-militar. No es cualquiera: es una
formidable maquinaria de crear sentido sobre los acontecimientos, que grita más
fuerte que el resto a través de sus licencias desbordadas y, por eso mismo,
convence a muchos de que tiene la razón. Es la misma corporación que se
benefició con Videla y ahora se resiste a acatar una ley de la democracia, que
garantiza la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones.
El oficialismo se tiene fe en la pelea. Prepara festejos
para el 9 y 10 de diciembre, en Plaza de Mayo y adyacencias. Algo así como un
nuevo Bicentenario. A cien años de la Ley Sáenz Peña de sufragio universal, a cinco de
la primera asunción presidencial de Cristina Kirchner y en conmemoración del
Día Mundial de los Derechos Humanos. Se prevé que, después del 13S y del 8N,
una verdadera multitud se volcará a las calles, pero esta vez no para denunciar
la aflicción de vivir bajo una "dictadura con votos", sino para
manifestar su alegría colectiva por una democracia que les devolvió algo de la
esperanza arrebatada en décadas de pijotero posibilismo.
Podrá decirse del kirchnerismo que siempre corre los límites
un poco más allá. Que no pide tregua ni da respiro. Así pasó del 22 al 45%, del
30 al 54% de apoyo electoral. Un caso inédito en la historia política argentina.
La sensación es que en los días por venir, para dicha de
unos y resignación de otros, como ocurre en todo proceso de transformación
democrática, algo del país del futuro comienza a vislumbrarse sin
retorno.
Magnetto no tiene quien le escriba.«
Un triunfo de la
sociedad democrática sobre clarín
El inmenso rechazo que generó la denuncia penal por
"incitación a la violencia colectiva" y "coacción agravada"
del Grupo Clarín SA, contra los periodistas Sandra Russo, Javier Vicente, Nora
Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca y el autor de estas líneas produjo el
efecto esperado: los abogados de Héctor Magnetto volvieron al juzgado y
desistieron de la imputación criminal para pedir sólo nuestros testimonios; y
al ver que así y todo el repudio se generalizaba, regresaron otra vez y le
anunciaron al juez que tampoco seríamos requeridos como testigos. Al menos,
esta es la versión extrajudicial más consistente.
Por ahora, hasta que la empresa ratifique la denuncia junto
a sus rectificaciones posteriores –el miércoles 5 vence el plazo–, los
periodistas y funcionarios denunciados seguiremos procesalmente imputados de
delitos que van de tres a diez años de prisión, a la espera de una resolución
definitiva del Juzgado Federal Nº 9,
a cargo del doctor Rodríguez.
Una vez revelada la existencia de la denuncia penal por
Tiempo Argentino, diversas organizaciones y personalidades se sumaron al
repudio de lo que constituye el más grave ataque a la libertad de expresión de
parte de un grupo comunicacional concentrado contra periodistas que apoyan la Ley de Medios de la
democracia. Criminalizar la opinión, castigar con el Código Penal al que piensa
distinto, remite a lo peor de las ideas totalitarias.
El retroceso de Clarín SA fue producto de la enorme y
contundente solidaridad desplegada en muy pocas horas. COMUNA, la flamante
asociación de periodistas, trabajadores de prensa y docentes de la comunicación
organizó una solicitada que recogió 37 mil adhesiones en apenas 30 horas.
El CELS de Horacio Verbitsky y Damián Loreti asumió el
patrocinio letrado de los denunciados casi de inmediato, FOPEA emitió un
comunicado de condena aun después del increíble descargo público del abogado
Wortman Jofré. La UTPBA,
FATPREN; los organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo; la CTA de
Hugo Yasky y cientos de sindicatos (fue conmovedor el comunicado de la comisión
gremial interna de TN y Canal 13), el personal de Radio Nacional y la Agencia Télam,
diversas universidades nacionales y hasta las críticas a la denuncia de las
entidades patronales como Adepa y la
SIP, de las que Clarín es socio.
A los involucrados nos queda una deuda con todos aquellos
que entendieron que la libertad de expresión también alcanza a los que no
pensamos como Magnetto.
Va mi agradecimiento personal a los colegas con los que no
compartimos habitualmente criterios editoriales, pero que se opusieron el uso
del Código Penal como garrote. La lista es extensa como para reproducirla en
este espacio, aunque por eso mismo inolvidable.
A mis queridos compañeros de Tiempo, gracias por su aliento
indispensable en esas horas difíciles, y lo mismo para los directores del
Grupo 23. A
los oyentes de Mañana es hoy y los lectores de este diario.
Por último, la repercusión "del caso de los
periodistas" invisibilizó que también hay funcionarios penalmente
denunciados por sus opiniones, como Sabbatella, Alak, Cabandié y Depetri.
Corresponde la misma solidaridad hacia ellos: nadie puede ser castigado por sus
ideas políticas.
El jueves 29, la
Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados se
reunió para recoger el testimonio de los agraviados. Fue un baldazo de agua
fría comprobar que la oposición desertó. Ni siquiera los cuatro del FAP que la
noche anterior habían votado junto al oficialismo en el recinto una declaración
de repudio concurrieron a la cita. De los que votaron en contra –la UCR, el PRO, el Peronismo
Federal, el GEN y otros–, mejor ni escribir.
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